Ciudad de Panamá, 21 nov (EFE).- Panamá es uno de los países con “mayor infiltración de actores criminales dentro del sector privado”, el cual debe reforzar su autorregulación y además exponer a los miembros que enferman el sistema, dijo a EFE Edgardo Sandoval Ramsey, coordinador regional para Centroamérica de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC, por sus siglas en inglés).
La GI-TOC, una ONG con sede en Ginebra (Suiza) fundada en 2013, se presenta como una red global con más de 600 expertos que analizan el crimen organizado en busca de respuestas. Elabora un Índice Mundial que mide a partir de “parámetros establecidos y data científica” este fenómeno en 193 países.
Entre otros, el Índice mide a cinco “actores criminales”, entre ellos los “actores del sector privado”, en una escala del 1 al 10, representando 1 una influencia casi inexistente y 10 una profunda.
En el Índice se define al sector privado como los “individuos o entidades con ánimo de lucro que poseen, gestionan y controlan un segmento de la economía legal libre de propiedad o control estatal, que colaboran o cooperan con actores criminales de forma voluntaria, mediante coacción o negligencia. Las actividades incluyen, entre otras, el blanqueo de ganancias ilícitas, la actuación como informadores y la representación legal por medios poco éticos”.
Una influencia “profunda” de la criminalidad organizada
Los “actores del sector privado” de Panamá aparecen con una puntuación de 8,5 o una “influencia profunda” de la criminalidad organizada. Es la más elevada de Centroamérica, donde le siguen Honduras con 8 puntos, Guatemala y Costa Rica, ambos con 6 puntos; El Salvador con 4,5 y Nicaragua con 4.
En el análisis actualizado del Índice, publicado por la Iniciativa en septiembre pasado, se explica que los actores del sector privado de Panamá “están fuertemente involucrados en actividades criminales, especialmente en delitos financieros y lavado de dinero”.
Es una situación que “preocupa”, expresa a EFE Sandoval, un abogado panameño radicado en República Dominicana, experto en políticas públicas y especialista en alianzas.
Esto ocurre por la condición que tiene Panamá de ser un 'hub' logístico y un país de servicios financieros, lo que “no es malo per sé, sino que lo hace atractivo para actores criminales”, explica Sandoval a EFE, en el marco de una visita a la capital panameña para participar en un foro sobre políticas públicas y estructuras financieras del crimen organizado, organizado por la ONG Espacio Cívico con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos.
Más autorregulación y exponer a las manzanas podridas
Sandoval recalca que “existen empresas que colaboran queriendo colaborar con el crimen organizado”, y otras que lo hacen “sin saber”, lo que denota una “autorregulación laxa”.
“Existe un interés de nosotros (GI-TOC) de poder dar fortalezas al sector privado para que se pueda autorregular y para que pueda ser, además, un colaborador con el sector público para generar políticas públicas que saneen el espacio que está enfermo”, afirma.
Hay que hacer “un plan interno dentro de los gremios de la empresa privada para poder sacar a la luz a aquellos miembros que son y que colaboran” con el crimen organizado, “porque hay campeones éticos dentro del sector (...) que puede ser la mayoría”.
“Y creo que también los espacios de coordinación con sociedad civil, con el espacio legislativo y con el Ejecutivo, son importantes para hacer política pública en conjunto”, agrega.
Aumento continuo del crimen organizado en el mundo
El Índice Mundial de Criminalidad Organizada 2023 “revela el continuo aumento de la delincuencia organizada a nivel mundial, con un 83 % de la población mundial viviendo en condiciones de alta criminalidad”, y que “la participación del Estado en la delincuencia sigue siendo la fuerza más omnipresente que impulsa” este fenómeno.
En el caso de Panamá, los “actores integrados en el Estado” marcan 7,5 puntos, es decir, “con una influencia considerable”.
“No existe un solo espacio en nuestra sociedad que no esté infiltrado por la criminalidad organizada”, que es un fenómeno marcado por la “desinformación”, dice Sandoval, que presenta como antídoto el promover múltiples fuentes de información verificable y con criterios científicos, así como su acceso a ella.