El próximo 9 de mayo caduca el actual estado de alarma. Ese día dejará de estar en vigor la norma jurídica que ha permitido a las comunidades autónomas imponer el toque de queda, limitar la movilidad o decretar confinamientos masivos para tratar de contener las sucesivas olas de coronavirus que se han ido solapando tras el verano. El Gobierno aboga por no alargar más una situación de excepción vigente desde finales de octubre, pero algunos líderes territoriales presionan en público para que se prorrogue y así mantener algunas restricciones que permitan frenar los contagios.
El más contundente a favor de alargar el estado de alarma es el lehendakari, Iñigo Urkullu, pero también el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y el de Murcia, Fernando López Miras, se han mostrado partidarios de estirarlo algunas semanas más. Estos dos últimos evidencian la falta de una postura clara en el PP. El presidente del partido, Pablo Casado, ha pasado de votar en contra de las sucesivas prórrogas que ha tramitado el Congreso a criticar que se acabe, mientras recupera un “plan B jurídico” que sufrió la crítica casi unánime del hemiciclo.
Por su parte, los líderes territoriales socialistas se muestran a favor de que no haya más prórrogas, pero a la vez algunos de ellos reclaman al Gobierno instrumentos jurídicos que les permitan continuar con algunas restricciones para frenar la cuarta ola, y que no se deje a las comunidades solo con las herramientas de su legislación que, además, en ocasiones son rechazadas por los tribunales.
Por ahora, el Gobierno se mantiene en que el próximo 9 de mayo caducará el estado de alarma. Lo anunció Pedro Sánchez el 6 de abril –“El objetivo es que no sea necesario prorrogar el estado de alarma. Queremos que el 9 de mayo sea el punto final del estado de alarma”– y lo ha repetido este lunes la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que ha defendido que las comunidades autónomas tienen “legislación ordinaria suficiente” para frenar la expansión del virus: “Ojalá en el momento en que finalice el estado de alarma la incidencia acumulada de nuestro país permita que decaiga y solo con la aplicación de la legislación que tenemos sea posible”.
El escenario epidemiológico con el que el Gobierno tendrá que tomar la decisión es el de una cuarta ola con una incidencia de casi 200 casos por 100.000 habitantes. El Ejecutivo suma a la presión de los datos la que públicamente ejercen algunos líderes autonómicos. Uno de los más claros ha sido el lehendakari, Íñigo Urkullu, del PNV, socio preferente del Gobierno, que ya ha pedido a Sánchez que alargue el estado de alarma porque de lo contrario Euskadi se encontrará en una situación de “incapacidad operativa” para mantener algunas de sus restricciones. En su caso, alude a la tasa de incidencia de su comunidad autónoma, que alcanza los 320 contagiados por cada 100.000 habitantes, la tercera con peores datos por detrás de Madrid y Navarra.
En esa misma línea se sitúan los presidentes de Andalucía y Murcia. Moreno Bonilla ha pedido que el armazón jurídico se alargue “al menos un mes más si la incidencia de contagios sigue tan alta como ahora”; López Miras calificó de “precipitado” y alejado de criterios “técnicos y sanitarios” la decisión de no prorrogarlo y alertó de que deja a los territorios “sin respaldo jurídico” para aplicar medidas restrictivas.
Esa posición les coloca a ambos fuera del discurso oficial de su partido. El PP, que ha votado en contra de las sucesivas prórrogas del estado de alarma, critica ahora que vaya a decaer y acusa a Sánchez de “mirar para otro lado” y de no ofrecer “seguridad jurídica” a las autonomías para continuar la lucha contra el virus. La alternativa de Casado es su propio “plan B jurídico”, una reforma legal para imponer restricciones sin echar mano del estado de alarma. El texto se presentó en el Congreso en noviembre y logró aunar en su contra a todo el arco parlamentario. Vox, socio del PP en varios gobiernos autonómicos, llegó a tildarlo de “conjunto de tonterías”.
Esa divergencia de posiciones en el PP la ha solventado Moreno Bonilla al afirmar que Casado –con el que mantiene un pulso interno– y él no son “gemelos”. Así, el partido afronta el final del estado de alarma sin una posición uniforme, porque frente a Andalucía y Murcia se sitúan Galicia y Madrid, que critican al Gobierno pero no incluyen la petición expresa de alargar ese instrumento constitucional.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado que no se haya aprobado la “ley de pandemias” que prometió el Gobierno: “Por tanto, nosotros pediremos, mientras haya pandemia, que la justicia avale las medidas que estábamos tomando en la Comunidad de Madrid, y lo que vamos a hacer siempre que podamos será mantenerlas”. Su consejero de Justicia e Interior, Enrique López, ha reconocido en una entrevista a El País que hay poco margen para imponer restricciones sin estado de alarma, más allá de acudir a la Justicia, aunque confía en que no haga falta.
Alberto Núñez Feijóo también transita en ese discurso de crítica al Gobierno pero mantiene su rechazo a mantener el estado de alarma. “No tenemos plan alternativo ante la finalización del estado alarma y nos enteramos por los medios de comunicación de que nos quedamos sin cobertura legal”, dijo el pasado 8 de abril en rueda de prensa. El presidente de la Xunta, en su caso, aboga por que el Gobierno central deje espacio a las comunidades para que estas aprueben sus propias leyes contra la pandemia, como la de la vacunación obligatoria que Feijóo ha querido sacar adelante pero que ha chocado contra el Ejecutivo y contra el Consejo de Estado.
En Castilla y León, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, también ha criticado, como Ayuso, que no se haya hecho una ley de pandemias: “Estaremos en una situación difícil si el fin del estado de alarma, llega en un momento de incidencia alta y no tenemos el grado de inmunización suficiente. Ya lo hemos vivido y trabajaremos con las herramientas que tengamos”, ha añadido en rueda de prensa este lunes. El portavoz del Gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos ha tildado de “lamentable” el “abandono normativo en el que se encuentran las comunidades”.
En el otro lado del debate se sitúan los presidentes socialistas, partidarios de que el próximo 9 de mayo decaiga el estado de alarma. Algunos, como el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha expresado su deseo de que las limitaciones de movilidad no sean necesarias una vez expire el estado de alarma, aunque ha indicado que “si es necesario arbitrar medidas, se hará”. El de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha respaldado el fin del estado de alarma porque considera que la legislación española permite imponer ciertas restricciones: “No se puede vivir eternamente en un estado de excepcionalidad”.
“Nosotros siempre hemos actuado con lealtad y con respeto al Consejo Interterritorial”, ha dicho Maite Pérez, consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón. “El paraguas estatal del estado de alarma lo hemos complementado con nuestra propia normativa; somos la única comunidad autónoma que hemos legislado en esta materia”, añadió. En esa línea, la presidenta navarra, María Chivite, dijo la semana pasada que las comunidades tienen mecanismos y herramientas para hacer frente a la pandemia sin estado de alarma y puso de ejemplo cuando ella decretó el cierre perimetral y el cierre de la hostelería.
En ese margen de medidas de las comunidades autónomas Baleares quiere que ente el toque de queda. Su presidenta, Francina Armengol, cree que los gobiernos territoriales deberían mantener esa potestad que se ha demostrado eficaz, ha dicho, para contener el auge de los contagios. “Lo que espero es que si decae el estado de alarma se nos dé la capacidad legal a las comunidades autónomas para tomar las medidas que consideremos necesarias por motivos de salud pública”, ha pedido el consejero de Sanidad de Cantabria, Miguel Rodríguez (PSOE), que ha hecho referencia a la posible necesidad de continuar con cierres perimetrales.
Desde La Rioja, su presidenta, Concha Andreu, dijo hace unos días que el estado de alarma había sido “un instrumento útil”, pero añadió que al ser excepcional “si no es necesario, no tendría sentido ampliarlo más allá de la prórroga actual”. El presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha anunciado este lunes que su Gobierno tendrá listo “un nuevo modelo de medidas” para afrontar el final del estado de alarma.
En lo que también inciden los líderes territoriales del PSOE es en que cuando no haya estado de alarma será más importante que nunca tomar las decisiones en común. Lo advirtió el de Extremadura y ha insistido en ello el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha pedido a los presidentes de las comunidades autónomas “un único mensaje, y una única dirección”. “Aunque seamos 17 gestores compitiendo por ver quién lo hace mejor” ha insistido en que hace falta un “esfuerzo de lealtad” con el Gobierno central. Eso sí, añadió que está “convencido” de que el Estado podrá arbitrar mecanismos para no “quedar en un limbo” tras el 9 de mayo.
“Sobre las decisiones unilaterales de algunas comunidades autónomas, consideramos que estas decisiones se deben tomar en el seno del Consejo Interterritorial. Si cada uno fuese por su cuenta saldríamos mal parados”, advirtió el Gobierno de Aragón hace unos días.
Por su parte, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha centrado sus advertencias en las posibles consecuencias sociales y ha pedido “arbitrar mecanismos que van desde la prórroga de los ERTE a otras medidas de carácter social como el derecho a la vivienda o la respuesta a los desempleados”.
En Catalunya los partidos independentistas están centrados en llegar a un nuevo acuerdo sobre el Govern, que sigue en periodo de interinidad tres meses después de las elecciones y a la espera de una investidura, por lo que por el momento el Ejecutivo evita tomar una posición sobre el estado de alarma, hasta que no haya nuevo president.
En octubre los partidos del Govern separaron su voto sobre el decreto de alarma, cuando ERC optó por dar apoyo mientras Junts se abstuvo. Este lunes la portavoz republicana, sin embargo, no ha querido avanzar la posición de su grupo, recordando que están centrados en formar un nuevo Ejecutivo y dando por hecho que sería el nuevo president quien deberá valorar si la Generalitat tiene o no suficientes competencias para gestionar la pandemia sin estado de alarma.
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