La evolución política de ERC y el PSC propicia la ruptura de bloques en Catalunya

2024 no se parece en nada a 2017. Es la obviedad que se revela hoy como la clave más importante para desentrañar la política catalana actual. El ejemplo más clarificador de todo lo que ha cambiado en este tiempo es lo que ocurrió el pasado 8 de agosto en el Parlament de Catalunya. Salvador Illa, el líder del PSC que hace siete años defendía la aplicación del artículo 155 de la Constitución para limitar el autogobierno catalán, se convirtió ese día en el 133º president de la Generalitat gracias a los votos de Esquerra Republicana, una de las formaciones que impulsó desde el Govern el referéndum del 1 de octubre y la posterior declaración unilateral de independencia. 

El viaje político de ambos partidos, desde las dos trincheras de una crisis territorial sin precedentes en cuarenta años hasta la cooperación y la colaboración en el Congreso y en el Parlament, cimenta el nuevo ciclo abierto en Catalunya. Una etapa en la que, por primera vez en cuatro décadas, no existe mayoría del independentismo o nacionalismo y que viene a sepultar definitivamente un procès sustentado en dos bloques graníticos, independentistas frente a constitucionalistas, que ya hoy no resultan operativos para entender ni para ejercer la gobernabilidad catalana. 

Enfrente, las derechas española y catalana se desempeñan por el momento como si en Catalunya se hubiera parado el reloj en 2017. Tras su aparición fugaz en Barcelona, Carles Puigdemont volvió a fugarse, a hablar de un “estado represor” y a prometer que “el procès no ha terminado”. Como hace siete años. Y mientras, el PP alerta de una “urgencia nacional” por la conformación del Govern “más independentista” de la historia. Como si nada hubiera pasado.

Con el diagnóstico sobre el Govern “más independentista” de la historia no se refieren los populares al que le declaró la independencia al Gobierno de Mariano Rajoy, sino al nuevo Ejecutivo del socialista Salvador Illa, el primer president no independentista en catorce años. Por su parte, el “estado represor” al que se dirige Puigdemont ha indultado a todos los líderes independentistas condenados y ha aprobado una ley de amnistía ya en vigor de la que empiezan a beneficiarse decenas de catalanes con causas pendientes derivadas del procès. 

Si algo demuestran los resultados en las urnas del 12M y la posterior investidura del líder del PSC es que ni el tiempo ni la política están congelados en Catalunya. Y que los discursos encapsulados de Puigdemont y Feijóo se encuentran más entredicho que nunca a tenor de la opinión de los propios catalanes expresada en las urnas.

La conformación del nuevo Ejecutivo de Salvador Illa, criticada por sectores progresistas por la inclusión de perfiles que chirrían desde un eje izquierda-derecha, pretende encerrar una clara lectura en clave de cambio de ciclo. El líder del PSC interpreta que su Govern, sustentado en el Parlament en los votos independentistas de Esquerra además de los de los Comuns, no debe ser percibido como una revancha a una década de procés. Y por eso lo presentó como un Ejecutivo “transversal, representativo tanto territorialmente como socialmente del país”. Illa ha incorporado entre sus consellers a excargos de Junts, de ERC y de Ciu. 

Seis años de colaboración

El nuevo panorama catalán es en realidad fruto de seis largos años de colaboración de todas las izquierdas del estado desde la moción de censura contra Mariano Rajoy que aupó a Pedro Sánchez a la Moncloa en junio de 2018. El primer gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos abrió después la puerta a una cooperación parlamentaria que se había ensayado en la moción de censura contra Rajoy pero que se volvió más estrecha y más estable entre los socialistas, la izquierda alternativa estatal y formaciones progresistas independentistas como EH Bildu, el BNG o ERC. 

El vuelvo a la estrategia política de los republicanos comenzó ya mientras su líder, Oriol Junqueras, permanecía en prisión cumpliendo la condena impuesta por el Tribunal Supremo en base a los delitos de sedición y malversación. El apoyo parlamentario que otorgaban los diputados de ERC en el Congreso a Pedro Sánchez fue de la mano de compromisos en forma de una política territorial arriesgada por parte del Ejecutivo, decidido a poner fin al conflicto con Catalunya. Lo que Sánchez ha llamado más de una vez hacer “de la necesidad virtud” y que ha implicado desdecirse muchas veces de algunas de sus promesas.

De esa forma, y en el marco de una “agenda del reencuentro” y de una mesa de negociación bilateral entre la Generalitat y la Moncloa, llegaron los indultos, primero, y la reforma del Código Penal en los tipos de malversación y sedición, después. Todos compromisos alcanzados con Esquerra. Los socialistas no tardaron en empezar a recoger en las urnas de Catalunya el fruto de una política que en otras muchas partes de España, en cambio, les penalizaba.

Así, ya en 2021 Salvador Illa consiguió que el PSC se convirtiera en la fuerza más votada, empatada a 33 parlamentarios con Esquerra. Sin embargo, la competencia en el seno del independentismo por mantener vivas las banderas del procès y los temores a pagar las consecuencias de la ruptura del bloque cortocircuitaron cualquier expectativa de colaboración de los republicanos con los socialistas. Y Pere Aragonès fue investido gracias al apoyo de Junts. 

El bloque independentista se mantuvo entonces vigente. Al menos, formalmente. Se formó un Govern de coalición entre ERC y Junts que no tardaría en saltar por los aires para hacer aún más visible la fractura real entre dos formaciones que habían llegado de la mano hasta el mismo precipicio de la declaración unilateral de independencia pero cuyas desconfianzas personales y divergencias de estrategias políticas se volvieron insalvables. 

Las elecciones del 12 de mayo terminaron de sepultar para el independentismo cualquier expectativa de poder viajar en el tiempo hasta 2017. Tras la aprobación de la ley de amnistía comprometida por Pedro Sánchez con Carles Puigdemont para su reelección como presidente, el PSC de Salvador Illa se impuso claramente y el bloque independentista quedó mermado por lo votos: Junts y ERC se quedaron sin mayoría en el Parlament aún sumándole los apoyos de la CUP, otra gran damnificada en las urnas. Un batacazo sin precedentes.

Con un partido atravesado por una crisis interna fruto de esos resultados electorales, Esquerra afrontó dividida la negociación con los socialistas de un acuerdo de investidura de Illa que luego tenía que ser refrendado por unas bases igualmente fragmentadas. Una moneda al aire que salió cara gracias al 53,5% de los apoyos al pacto por parte de la militancia y que vino a consumar lo que parecía imposible hace no tanto: el acuerdo entre independentistas y no independentistas para gobernar Catalunya y para sepultar los bloques del procès.