El chófer de Bárcenas confiesa ante el juez que fue captado como topo por el policía asesor de Cospedal
El que fuera chófer de Luis Bárcenas y su familia, Sergio Ríos Esgueva, confesó este martes durante tres horas en la Audiencia Nacional su participación en la operación de espionaje al que fue sometido en 2013 el extesorero del PP por parte del Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz. Según han informado a eldiario.es fuentes del caso, Ríos Esgueva explicó en su declaración que fue captado por el entonces inspector jefe Andrés Gómez Gordo, por aquel entonces en excedencia, para trabajar a las órdenes directas de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha.
Ríos Esgueva había comparecido como imputado en diciembre y el pasado lunes, pero en ambas ocasiones se había acogido a su derecho a no declarar. Su confesión del martes da un giro al caso y se produce en un momento clave. Este mismo miércoles comparecen ante el juez del caso Villarejo las víctimas del espionaje, Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias.
Gómez Gordo ha comparecido este miércoles a primera hora ante el juez Manuel García-Castellón. Al término de su comparecencia, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se le imponga la medida cautelar de comparecencias periódicas en el juzgado, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España. Se trata de ls mismas medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía para el chófer. Finalmente, el juez ha decidido que se les prohíba abandonar el país y que se les retire el pasaporte y para el chófer, ademas, comparecencias mensuales en el juzgado.
Antes de que acabe la semana, desfilarán también ante el juez magistrado los comisarios que pilotaron la operación, José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño; y el máximo responsable operativo de la Policía en ese momento, Eugenio Pino, director adjunto del Cuerpo que solo respondía ante la cúpula política del Ministerio. Todos ellos lo harán en calidad de investigados en la pieza separada 7 del caso Villarejo, la que investiga la Operación Kitchen, el nombre que los policías dieron al espionaje a Bárcenas.
La confesión de Ríos Esgueva sobre la participación de Gómez Gordo en la Operación Kitchen acrecienta además el foco sobre María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. Este conoce a Gómez Gordo desde hace años, según fuentes policiales. Por su parte, la relación de López del Hierro con Villarejo ha quedado acreditada por las conversaciones grabadas por el comisario en 2009 en las que la secretaria general del PP y su marido le piden que boicotee la investigación policial del caso Gürtel.
Gómez Gordo ha dejado dos veces la Policía de forma temporal: la primera para trabajar en el fracasado proyecto de la Ciudad de la Justicia de Esperanza Aguirre, que también investiga la Audiencia Nacional; y la segunda, para convertirse en la sombra de María Dolores de Cospedal cuando ésta era presidenta de Castilla-La Mancha.
Andrés Gómez Gordo era director de Análisis y Documentación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cuando se desarrolló la Operación Kitchen. El inspector jefe habría sido el responsable de contactar con el chófer, con el que había coincidido durante el periodo que ejerció de asesor de Francisco Granados, a continuación de su puesto al frente de la seguridad de la Ciudad de la Justicia. Cuando se conocieron, Ríos trabajaba como conductor de Granados, entonces consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid.
La Operación Kitchen se desarrolló en pleno enfrentamiento de Bárcenas con el que había sido su partido durante décadas. El tesorero había tirado de la manta en junio, tras ser enviado a prisión provisional por el juez Pablo Ruz. Su peor enemigo en Génova ya era entonces la secretaria general, María Dolores de Cospedal, la misma que tenía a su servicio al inspector jefe Gómez Gordo en su cargo público, el de presidenta de Castilla-La Mancha.
Una vez captado por Gómez Gordo, el control de Ríos Esgueva habría corrido a cargo de Villarejo y del comisario García Castaño, El Gordo. Recibís de los pagos al chófer aparecieron en los registros a Villarejo de noviembre de 2017, así como audios de conversaciones con el topo. Ríos Esgueva estuvo cobrando 2.000 euros al mes por su trabajo secreto, una cantidad desmesurada para un confidente, y cuando finalizó su misión ingresó en la Policía.
Ríos Esgueva Tenía 42 años y juró el cargo rodeado de veinteañeros. Fue destinado a Lleida, pero al poco tiempo regresó a Madrid a través del procedimiento excepcional de la comisión de servicios. Interior le ha abierto un expediente, pero a día de hoy sigue destinado en la Brigada de Transportes, un lugar privilegiado, según se considera en la Policía.
El captador del exchófer, Gómez Gordo, ya había trabajado con el PP con anterioridad a su puesto a la sombra de Cospedal. Había llegado a cobrar 6.000 euros mensuales de la empresa mixta de seguridad de la Ciudad de la Justicia, el faraónico plan del PP en Madrid que supuso un agujero a las arcas públicas de hasta 100 millones de euros. Gómez Gordó cobró una indemnización de 100.000 euros por ser despedido de un proyecto que no llegó a arrancar. Y no volvió a la Policía. Comenzó a trabajar entonces como asesor de Francisco Granados en la Consejería de Justicia e Interior, donde conoció a Sergio Ríos Esgueva.
Ascendido a comisario en la última etapa de Zoido
Se da la circunstancia de que Gómez Gordo juró como comisario del Cuerpo Nacional de Policía el pasado 20 de diciembre, tras haber completado el curso de ascenso, según desveló eldiario.es. Las pruebas habían sido superadas por el policía, sin embargo, en las últimas semanas de Juan Ignacio Zoido al frente del Ministerio. En el tribunal que lo examinó y aprobó estaba uno de los dos máximos responsables operativos de la Policía en ese momento, el jefe de la Brigada Central de Información e Investigación, Juan Carlos Ortiz. Este comisario principal fue antiguo jefe superior de Castilla-La Mancha y es otro policía próximo a María Dolores de Cospedal.
Las declaraciones de esta semana en el caso Villarejo suponen un salto cualitativo en la investigación de la utilización política de la Policía durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Por primera vez, una investigación judicial supone la imputación de varios de los principales protagonistas de aquellas maniobras del Ministerio del Interior con Fernández Díaz.
Hasta la Operación Kitchen habían sido desveladas sus misiones para perjudicar a la oposición política, principalmente al movimiento soberanista en Catalunya, con investigaciones prospectivas sin control judicial que derivaban en informes anónimos que medios afines publicaban coincidiendo con momentos álgidos del proceso. O para fabricar el informe de la falsa financiación irregular de Podemos.
El artífice de esa brigada política fue el comisario Eugenio Pino, el comisario que eligió el Partido Popular para dirigir la Policía. Por encima de Pino solo había tres personas en aquel Ministerio: el director general del Cuerpo, Ignacio Cosidó; el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el titular de la cartera, Jorge Fernández Díaz. Ninguno de los tres pueden ser investigados por la Audiencia Nacional porque son parlamentarios y están aforados ante el Tribunal Supremo.
