En la nómina de testigos que prestarán declaración en el juicio de Nóos se ha colado a última hora uno que conoce, como poco, una parte del sistema subterráneo de la trama investigada. Se llama Matías Bevilacqua, es experto informático, antiguo colaborador del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y estuvo imputado en dos causas que se archivaron, una por su supuesta implicación en una trama de tráfico de datos confidenciales y también en el propio caso Nóos. Bevilacqua fue contratado por la defensa de Iñaki Urdangarin para recuperar correos perdidos del servidor de la ONG que da nombre al caso.
Bevilacqua tendrá la obligación de responder con la verdad a cuantas preguntas le formulen las distintas partes del caso Nóos. Su inclusión en la terna de testigos es una carambola propiciada por la iniciativa del abogado Manuel González Peeters, letrado de Diego Torres, el socio de Urdangarin. Durante las cuestiones previas celebradas este lunes, González Peeters presentó una lista de 696 testigos, entre los que figuraban Felipe VI, Juan Carlos I y Corinna Zu Sayn-Wittgenstein.
Esta y otras peticiones motivaron que la presidenta del tribunal ordenara un receso en el que las acusaciones pactaron una lista conjunta de peticiones que el tribunal aceptó. Los monarcas quedaron fuera porque las juezas resolvieron que la Sala ya había descartado en el pasado la relevancia de su testimonio de forma motivada. Respecto a la princesa amiga del rey, el fiscal Horrach pidió que no se permitiera al letrado convertir el juicio en la “distracción del vecindario”.
Bevilacqua se encontrará con caras conocidas cuando comparezca ante el tribunal del caso Nóos, en algún momento entre el 8 de marzo y el 13 de mayo. Desde su flanco derecho, tendrá oportunidad de interrogarle el fiscal Pedro Horrach, quien solicitó su imputación en la Operación Pitiusa y en el caso que ha sentado en el banquillo a la infanta Cristina. En ambos casos, Horrach apoyó después el archivo de la causa contra él. Para llegar a esa conclusión el fiscal Anticorrupción y el juez Castro investigaron a Bevilacqua durante tres meses a través de una pieza que permaneció en todo momento secreta.
Mario Pascual, el abogado de Urdangarin, entregó a Bevilacqua los correos que figuran en el sumario del caso Nóos. Se trataba de un material en bruto del que el experto fue capaz de recuperar miles de mensajes escondidos en la memoria oculta. Por su trabajo cobró 6.900 euros abonados por el despacho del letrado del exduque de Palma. En la factura ponía el nombre de Iñaki Urdangarin.
El material fue encontrado durante el registro practicado por la Policía en el despacho barcelonés de Bevilacqua en octubre de 2012. Los agentes desplegaban la Operación Pitiusa, que desmanteló una trama de datos confidenciales, como los referentes al historial clínico, de miles de personas.
Al registrar la caja fuerte del informático, los agentes encontraron la documentación que había sido requisada durante los primeros registros del caso Nóos, en 2011. Se trataba de una memoria compacta (pen drive) con una copia del servidor informático del bufete Medina Tejeiro, un despacho de asesoría fiscal propiedad de la familia política de Diego Torres, el exsocio de Urdangarin en Nóos.
Horrach y Castro sospecharon que alguien podía haber accedido de forma irregular a información de la causa y abrieron la pieza secreta. En la caja fuerte de Bevilacqua había 140.000 euros en metálico, que el experto informático atribuyó a pagos en metálico por su colaboración con el Ministerio de Defensa, del que entonces dependía el CNI.
Ítaca, que así se llamaba la pieza secreta abierta para investigar al informático, acumuló más de 1.000 folios, incluidos informes de expertos policiales y distintas declaraciones de testigos e imputados. Castro no encontró indicios de delito en Bevilacqua, ni en los otros dos imputados, Fredesvinda Insa y Oriol Ros. Bevilacqua es especialista en una disciplina técnica conocida como Computer Forensic, una suerte de “médico forense” ebn la informática.
El director general del CNI, general Félix Sanz Roldán, tuvo que dar explicaciones ante la comisión de secretos reservados del Congreso. Ante los diputados, reconoció que Bevilacqua había colaborado hasta 2008 con el espionaje en materia de recuperación y análisis de datos con unas capacidades que por entonces el Centro no contaba. Cuando el CNI adquirió esos conocimientos, no volvió a contratar a Bevilaqua, que había trabajado con los espías durante nueve años, según la propia versión del Centro Nacional del Inteligencia.
Sanz Roldán negó en marzo de 2013 en el Congreso que el CNI tuviera relación alguna con el caso Nóos. Sin embargo, Urdangarin y Torres declararon cuatro meses después ante un juzgado de Barcelona que miembros del servicio de Inteligencia realizaban una copia de seguridad de los servidores del Instituto Nóos durante los años en los que fueron cometidos los presuntos delitos que les han llevado al banquillo.
Actividad “lícita”
El pasado mes de julio, Bevilacqua quedó exculpado también en el caso del tráfico de datos confidenciales. Su nombre apareció en la investigación porque había tres empresas habían contratado a una detective para que averiguara si sus directivos desviaban información o daban trato de favor a proveedores.
Según informó El País, el juez realizó una “búsqueda ciega” de la actividad profesional de los directivos, considerada “lícita” por el juez, pero no persiguió “datos de la vida íntima”. Las sospechas resultaron ciertas y los directivos fueron despedidos.