El último fiasco de la Fiscalía y las Fuerzas de Seguridad en su lucha contra supuestas mafias rusas se localiza en Marbella. Un juzgado de esa ciudad ha archivado la causa contra 18 personas a las que Anticorrupción ha acusado durante siete años de estar vinculadas nada menos que tres de las principales mafias rusas, incluida la poderosa Tambovskaya.
El magistrado instructor ha resuelto que la Guardia Civil y Anticorrupción realizaron una “construcción” acerca del supuesto origen ilícito del dinero invertido en la Costa del Sol en una operación que denominaron con el ampuloso nombre de ‘Oligarkh’, de cuya explotación el instituto armado difundió imágenes de los registros y detenciones en fotos y vídeos en una nota de prensa el 26 de septiembre de 2017.
‘Oligark’ se dirigió principalmente contra el empresario Alexandr Grinberg, que en aquel momento era dueño del FC Marbella, que militaba en Segunda B. En el registro de su casa aparecieron unas supuestas armas, filmadas por la Guardia Civil, que resultaron ser del juego denominado ‘paint-ball’ y que lanzan bolas de pintura. Grinberg pasó cinco meses en prisión provisional hasta que el entonces juez instructor le impuso una fianza de 700.000 euros.
El magistrado Miguel del Castillo Olmo llegó al Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella el pasado mes de enero. En su mesa, entre otras muchas, aguardaba la causa 1178/2016, que comenzó a estudiar desde sus inicios hace seis años. En un auto del pasado 17 de julio, al que ha tenido acceso elDiario.es , el juez Del Castillo concluye: “La hipótesis incriminatoria construida por la inicial querella del Ministerio Fiscal respecto de los investigados no puede prosperar con evidencia mínima como para continuar el procedimiento contra ellos”.
El juez repasa los siete años de investigación del fiscal Anticorrupción José Grinda y de la Unidad Central Especial número 3 del Servicio de Información de la Guardia Civil para echar por tierra toda ella. Grinda es un veterano en Anticorrupción y UCE-3 es una unidad de élite dedicada a combatir el crimen organizado cuando éste supone una amenaza para las instituciones españolas, por lo que ya había participado contra otras supuestas mafias rusas y también en investigaciones del ámbito del independentismo catalán, entre otras.
Del Castillo ha tenido que estudiar la causa desde el principio entre otras razones porque el fiscal Grinda no le ha presentado un informe de conclusiones que le requirió, según consta en el auto de archivo. El juez asegura que su archivo va en la línea de otras correcciones que a su predecesor había realizado ya la Audiencia Provincial.
La élite de la Guardia Civil consultó en internet
El juez se detiene en la alusión a las organizaciones criminales euro-asiáticas con las que Guardia Civil y Anticorrupción decoraron sus atestados y escritos. A saber: Solntsevkaya, Izmaiovskaya y Tambovskaya-Malysehevskaya. “Resultan hipótesis que en la instrucción no cobran suficiente solidez como para merecer la apertura de un juicio oral”, concluye el magistrado. Y añade: “No consta después de años de investigación un informe de Interpol o de fuente de similar solvencia”, añade el magistrado en el auto de archivo, al que ha tenido acceso elDiario.es.
El juez llega a acusar a UCE-3 de Guardia Civil de sustentar sus acusaciones contra los acusados de pertenecer a importantes mafias rusas en “información obtenida de internet en proporción no desdeñable”. “Es una información obtenida de internet y no ha sido suficientemente contrastada a lo largo del presente procedimiento con ningún elemento objetivo de relevancia, como pudiera haber sido una comisión rogatoria, o un informe de Interpol”.
Pero es que además, ni los registros practicados –aparecidos en el vídeo filmado y difundido por la Guardia Civil– ni las escuchas telefónicas “han venido a confirmar las hipótesis vertidas en la querella” de la Fiscalía Anticorrupción.
El juez se detiene en los supuestos vínculos de los investigados con las distintas mafias. Por ejemplo, de la Izmailovskaya dice que uno de los detenidos mencionó en una conversación telefónica a una persona fallecida en 2001 que podría tener relación con la supuesta organización. “Se puede coincidir en ocasiones con personas de dudosa reputación sin que ello pueda ni deba interpretarse, sin ayuda de otros soportes probatorios, como otra cosa que situaciones de la vida sin trascendencia penal”, concluye el magistrado Del Castillo.
La base de la investigación eran las numerosas inversiones que estos adinerados ciudadanos rusos realizaban en Marbella y otros puntos de la Costa del Sol. “Mención que juzgamos relevante y presumiblemente acreditativa de que el total importe invertido por varios de los investigados podría haber sido declarado en Rusia y sería presumiblemente lícito”, afirma el juez. Ni Grinberg ni otra de las principales investigadas, Ylia Buzaeva, su esposa, eran residentes fiscales en España en el momento de los hechos.
Además, la unidad familiar del empresario Grinberg “habría presentado múltiples impuestos, tales como el del patrimonio en siete ejercicios; el de no residente en seis años y el IRPF en al menos otros dos”. El juez Del Castillo se apoya en que, para Hacienda, lo más probable es que no haya delito fiscal alguno. Las autoridades rusas enviaron, por otra parte, formularios de presentación de declaraciones de impuestos en su país de origen.
La UCE-3 se basó en la mercantil Terminal Group Spain S.L de Grinberg pero, dice el magistrado, “todos los importes a los que hace referencia la Guardia Civil en sus informes están contabilizados, fiscalizados y declarados ante la AEAT [Agencia Tributaria], sin que se observe irregularidad alguna, siendo que dicha entidad fue objeto de comprobación e investigación en los ejercicios 2015 y 2016 por la Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales, sin haber observado irregularidades”.
El dinero procedía de herencias y ganancias en Rusia
Una vez descartado el delito fiscal, el juez se centra en el supuesto blanqueo de capitales, un delito que surge de las ganancias obtenidas en actividades ilícitas. El magistrado Del Castillo detecta una “inexistencia de suficientes indicios” acerca de que los investigados “adquirieron, convirtieron, transmitieron o, en definitiva, con los que realizaron inversiones en España en la forma que relata la Guardia Civil y el Ministerio Fiscal, tuvieran su origen en actividad delictiva alguna, ni perpetrada por ellos ni por terceros, ni por asociaciones criminales”. Nada.
Es más, analizadas las transacciones objeto de la causa, el juez cree que apuntan a “actividades de personas físicas y jurídicas, en prácticamente todos los casos desconectadas entre sí”. “Lo único que tienen en común los investigados es que son ciudadanos de origen ruso, con importantes medios económicos, y que invertían en España dinero que se observa que procedía en su práctica totalidad de sus cuentas personales en Rusia”, añade el juez.
El magistrado viene a concluir que el principal indicio de Anticorrupción y la Guardia Civil contra Grinberg y los otros 17 investigados era su nacionalidad rusa y que tenían mucho dinero. “No podemos obviar que estamos ante personas que, como en el caso de Grinberg, tienen o más bien han tenido otros grandes ingresos provenientes de herencias, dando lugar junto a ingresos de otros familiares, como en el caso citado, de cerca de 12 millones de euros declarados, confirmados por las autoridades rusas”, añade el auto.
Ni la compra del modesto Marbella FC, que Grinberg tuvo que dejar tras la operación, ni el club de golf Dama de Noche, que aún conserva, ni las inversiones en Agua Sierra de Mijas han provocado que Hacienda detectara “circunstancia relevante” alguna, añade el auto, cuyo contenido adelantó Marbella 24 Horas .
Este es un nuevo revés a las investigaciones contra las mafias rusas en España. Tal y como informó elDiario.es el pasado septiembre, un error judicial tumbó la mayor causa contra la mafia rusa en la Comunidad Valenciana en una década. Por otra parte, la Audiencia Nacional absolvió en 2018 a todos los juzgados en la mayor causa en España contra el blanqueo de capitales procedente de las supuestas mafias rusas, la denominada operación Troika. Entonces tampoco se hallaron vínculos de los acusados con las organizaciones Tambovskaya y Malishevskaya, como defendía Anticorrupción.