Cincuenta expertos en economía de la salud han planteado hoy más de 150 propuestas para reformar el Sistema Nacional de Salud (SNS), entre ellas la de extender los límites máximos del copago farmacéutico establecido para los pensionistas a los trabajadores en activo.
Los expertos de la Asociación de Economía de la Salud (AES) han elaborado un documento con 166 propuestas que han trasladado ya al Ministerio de Sanidad, a las consejerías correspondientes y a los partidos políticos.
Son propuestas en las que se incide fundamentalmente en la importancia de establecer criterios de eficiencia y equidad para ordenar la cartera de servicios, pero también en la necesidad de realizar evaluaciones económicas y análisis del impacto presupuestario para tomar decisiones de financiación pública y de fijación de precios de medicamentos y productos sanitarios.
Los expertos están convencidos, según la presidenta de AES, Marta Trapero-Bertrán, de que en este contexto de crisis se necesitan nuevas reglas y prácticas que encaren los problemas el futuro del SNS.
Su solvencia, argumentan, pasará necesariamente por conjugar la gestión eficiente de los recursos y la mejora simultánea de la equidad de las políticas implantadas.
Por ello, los expertos consideran que, una vez que se han adoptado medidas de control del gasto con la llegada de la crisis, es momento de hacer una evaluación y saber si esa reducción esta teniendo efectos.
Entre las medidas implantadas está el copago farmacéutico y ahí los expertos proponen que no se distinga entre trabajadores activos y pensionistas y que los criterios diferenciales sean la renta y la condición de salud.
AES propone que se extiendan los límites máximos a los desembolsos de los usuarios -ahora aplicable sólo a pensionistas- también a los activos y que el usuario deje de aportar en cuanto alcance estos límites máximos.
Juan Oliva, expresidente de la asociación, ha propuesto que se aplique un copago similar al de otros países europeos, en los que se limita la cantidad anual máxima acumulada por cualquier copago sanitario a un porcentaje de la renta (un 1 % o un 2).
Así, según Oliva, se impediría que cualquier familia supere un 1 % por ejemplo de su nivel de renta a partir de cualquier tipo de copago del sistema sanitario porque de lo que se trata es de “no pasar de un umbral y que éste no sea muy elevado.
El copago, advierten, pretende reducir un uso inadecuado de los servicios sanitario, pero “lo que no tiene que hacer es empobrecer a las personas que utilicen esos servicios”.
Los expertos ahondan en otro aspecto de la reforma, en la modificación de los criterios de acceso a la cobertura sanitaria pública.
Una modificación, con la que según García-Gómez, se ha considerado el derecho a la asistencia sanitaria como algo exclusivo de “asegurados” y sus “beneficiarios”, en lugar de ser un derecho de ciudadanía.
La propuesta de los expertos es abolir el requisito de “residencia efectiva y autorizada en España”, y reemplazarlo por el de “residencia efectiva y prueba de insuficiencia de ingresos”, como está regulado en otros países europeos.
AES considera que “los flujos inmigratorios deben regularse mediante la política inmigratoria y no mediante la política sanitaria”.
Pero además los expertos critican el hecho de que una medida estructural “de calado” se haya implementado a través de un real decreto, cuando tendría que haberse abierto un debate civil y parlamentario para analizar ventajas e inconvenientes.
Hay una cuestión en la que también ahondan los expertos, los efectos a largo plazo de la pobreza infantil sobre la salud, el nivel educativo y las oportunidades laborales de los niños que la padecen.
Los profesionales piden ser especialmente cautelosos con cualquier política, “recorte o ausencia de intervención”, que afecte a la población infantil, dado que los efectos negativos pueden no ser visibles en el corto plazo y persistentes a lo largo de la vida.
Proponen desarrollar programas de suplemento nutricional en la escuela pública y una red de guarderías a bajo coste, o con subvenciones y ayudas fiscales a grupos desfavorecidos, en las que los niños disfruten de una alimentación equilibrada.