La portada de mañana
Acceder
Israel eleva al máximo la tensión en todo Oriente Medio
La Audiencia de Madrid decide si pone fin a los excesos del juez Peinado
OPINIÓN | 'Por fin, un Borbón bueno', por Enric González

Noticia servida automáticamente por la Agencia Europa Press

Familiares de niños robados han desembolsado 270.000 euros en pruebas de ADN

EUROPA PRESS

MADRID —

ANADIR ha denunciado en un comunicado que las medidas presentadas recientemente por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, son “insuficientes” y ha mostrado su descontento después de analizar estas propuestas. Entre ellas, Justicia anunció la creación de un Servicio de Orientación y una primera validación gratuita de las muestras genéticas por parte del Instituto de Toxicología.

“La crisis económica no debe servir de escudo para justificar la falta de apoyo y medios propuestos”, ha indicado en un comunicado la asociación, que afirma que, entre 2011 y 2012, víctimas de toda España “han costeado las pruebas de ADN en los dos principales laboratorios privados” con “un desembolso de 270.000 euros”.

Critica que los afectados tengan que seguir haciendose cargo de la primera prueba de ADN para poder incorporar su huella genética al banco centralizado de ADN propuesto por el Ministerio de Justicia y gestionado por El Instituto Nacional de Toxicología. En caso de posible coincidencia de familiares detectada en el Banco de ADN, las víctimas deberán costearse una segunda prueba, añade.

“Los costes del Instituto Nacional de Toxicología por una huella genética son de 240 euros frente a los 100 euros de media en laboratorios privados”, señala ANADIR en la nota que cree que la custodia y validación de las pruebas no puede depender de una sola institución en virtud a los “contradictorios” informes que han obtenido en algún caso según han denunciado algunos asociados.

Por otra parte, entiende que la Oficina de Atención a las Víctimas propuesta por el Ministro es insuficiente para los miles de afectados que residen en otros puntos del territorio y lamenta que no se presentaran las líneas básicas para adoptar criterios unificados en las Fiscalías de toda España para evitar el archivo masivo de los casos.