La Federación Internacional de Periodistas respalda a elDiario.es frente a la jueza que exige revelar las fuentes

La Federación Internacional de Periodistas ha mostrado su apoyo a elDiario.es ante la exigencia de una juez a que este medio desvele cuáles son sus fuentes en un proceso judicial que ha iniciado la familia del dictador Francisco Franco contra una funcionaria de Patrimonio Nacional. “La FIP respalda la posición de todas sus organizaciones afiliadas en España y muestra su total apoyo a elDiario.es para que no desvele sus fuentes de información. Defendemos que los/as periodistas de elDiario.es ejercieron su derecho constitucional a difundir información veraz, verificada y contrastada con fuentes fiables y de interés general, fuentes cuya identidad está protegida por el secreto profesional”, han señalado desde la federación pocos días después de que las asociaciones de prensa españolas respaldasen también el secreto profesional de los periodistas, amparado por la Constitución.

En diciembre de 2020 la edición gallega de elDiario.es publicó una noticia sobre un informe elaborado por la empresa pública Patrimonio Nacional con el contenido del Pazo de Meirás. En él se detallaban los tesoros que guardaba el palacete que usurpó el dictador y que una reciente sentencia ha transferido de vuelta al Estado. Tras esa información, los Franco presentaron una querella contra la funcionaria que elaboró ese informe. Contra el criterio de la Fiscalía, que ha pedido su archivo, la magistrada María Cristina Díaz –ex alto cargo en varios gobiernos del PP– ha decidido seguir adelante con esta querella de la familia Franco, que acusa a esta funcionaria de revelación de secretos y prevaricación.

Uno de los primeros pasos que ha dado la magistrada en esta investigación penal ha sido exigir al director de elDiario.es, Ignacio Escolar, que revele quién fue la persona que proporcionó ese informe a esta redacción. El director de elDiario.es ha respondido a este requerimiento judicial recordando el derecho constitucional que protege a todos los periodistas a no revelar sus fuentes. “El secreto profesional no es un capricho o un privilegio de los periodistas en general o de los redactores de elDiario.es en particular: es la base de un derecho fundamental para una sociedad democrática”, argumenta.

Apoyo de las asociaciones de prensa españolas

Esta posición de la FIP se suma a la de las principales asociaciones de prensa españolas, que también se han posicionado a favor del secreto profesional. “Ignacio Escolar no está obligado a revelar la identidad de sus fuentes. El secreto profesional es un derecho constitucional de los periodistas (artículo 20 de la Carta Magna) y la base de una libre información. No se trata solo de un derecho de los periodistas, sino también de un deber: el de proteger la identidad de las fuentes y, al mismo tiempo, garantizar el derecho de información de los ciudadanos”, ha señalado el presidente de la FAPE, Nemesio Rodríguez.

El secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Agustín Yanel, ha lamentado que todavía existan “algunos jueces y juezas, afortunadamente pocos, que parecen desconocer que uno de los pilares básicos de la profesión periodística es el derecho de los profesionales a no revelar las fuentes que les facilitan la información”.

La agrupación de Periodistas de la FSC-CCOO ha dicho, por su parte, que no se podía entender “que una vez más un miembro de la judicatura ponga intereses particulares por encima de la Constitución, porque el derecho a proteger a nuestras fuente en España es un derecho constitucional”.

La Agrupación de Periodistas de UGT (AGP-UGT) también ha rechazado la petición judicial: “Va en contra del libre ejercicio del periodismo en una sociedad democrática”. Además, denunció que esta no es la primera vez que algo así ocurre en España, por lo que considera “necesario que se debata y se apruebe una Ley de Secreto Profesional, como así señala el artículo 20 de la Constitución Española, que ampare a los profesionales de la información”.

 Ha salido también en defensa de elDiario.es la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), recordando ​que “el derecho del periodista a no revelar sus fuentes es un pilar imprescindible del ejercicio del periodismo, que está amparado por la Constitución española en su artículo 20”.

La Plataforma por la Libertad de Información (PLI) ha calificado en un comunicado de “intolerable” el requerimiento de la magistrada y ha manifestado su “más firme rechazo” ante el mismo en un comunicado. Para la PLI esta orden “ataca frontalmente el derecho a la información y el derecho a protección de las fuentes claramente reconocido y protegido por los estándares universales sobre libertad de prensa”, así como por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a los que también están sujetas las instituciones españolas, que garantizan el derecho de los periodistas a no facilitar esta información salvo en supuestos de excepcional gravedad. También recuerda que las Naciones Unidas dedicaron a este tema su informe anual.  “El derecho a no revelar las fuentes protege también al periodista, incluso, frente al director del medio o su propietario (quienes, en su caso, podrán decidir no publicar la pieza en cuestión si creen que existen riesgos)”, explica Joan Barata, jurista de la PDLI. 

El Colexio de Xornalistas de Galicia también han mostrado su apoyo a esta redacción. Considera que “el secreto profesional y la protección de las fuentes son principios básicos constitucionales sin los que no se podría garantizar la libertad de prensa, pero su falta de desarrollo legal sigue dificultando el trabajo informativo”. “El derecho a mantener el secreto profesional y la confidencialidad de las fuentes son derechos básicos sin los que no puede existir un periodismo libre”, ha escrito el Colexio en un comunicado en el que lamenta que “42 años después de aprobada, sigue sin desarrollar su artículo 20, que establece que 'la ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto de profesional en el ejercicio de estas libertades”.

La asociación Reporteros sin Fronteras también ha salido a lamentar la actuación de la magistrada. “La protección de las fuentes es un derecho sagrado para la libertad de información y consagrado por la Constitución Española”, recuerda en un tuit. “Es triste tener que insistir: de nuevo, pedimos respeto al secreto profesional de elDiario.es e Ignacio Escolar”, añaden en su comunicado.