La jueza del 8M reitera que no va a investigar a Fernando Simón y cita como testigos a trabajadores de la Delegación del Gobierno

La jueza que instruye la causa sobre la manifestación del 8M insiste en su rechazo a actuar contra el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, al recordar nuevamente que el epidemiólogo tiene otros procedimientos abiertos en juzgados de Madrid por estos hechos.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, acuerda que no procede ampliar la denuncia contra Simón como reclamaron la Asociación contra la Gestión de Coronavirus (AGC) y el letrado que interpuso la denuncia Víctor Valladares.

Lo justifica por no estar aún personados como acusación popular pero ante todo porque la magistrada ya dictó una providencia el pasado 29 de mayo “en la que se hacía constar que este procedimiento no se dirige frente al citado denunciado señor Simón”.

Dice que basta “una consulta en la aplicación informática”de los juzgados para percatarse de que “otros juzgados han incoado procedimientos frente al citado denunciado”, por lo que les emplaza a “presentar la ampliación ante dichos órganos jurisdiccionales y no ante este”.

Una asociación de afectados interpuso una querella contra Simón que recayó en el Juzgado número 53 de Madrid mientras los que familiares de una fallecida por COVID-19 hicieron lo mismo en el Juzgado 11, pero el magistrado de este último rechazó admitir a tramite la denuncia por falta de competencia, ya que murió en Móstoles, aunque tampoco apreció indicios de delito.

El juez les emplazó a denunciar en esta localidad, algo que la familia ya ha hecho, según informaron a Efe fuentes jurídicas.

Al margen de su negativa a actuar contra Simón, la instructora ha citado a declarar a otros ocho testigos —convocantes de manifestaciones y trabajadores de la Delegación del Gobierno— para el próximo día 11 entre las 09.00 y las 12.30 horas con un intervalo de treinta minutos. 

Y se ha negado a suspender la declaración del próximo día 10 del delegado de Gobierno, Jose Manuel Franco, como solicitó la Abogacía del Estado mientras se resuelven los recursos presentados ante la misma; así como a ampliar la denuncia contra él como reclamó la AGC por no estar aún personados en el procedimiento.

La magistrada da cuenta en su providencia de los requisitos a distintas asociaciones para personarse como acusación popular.

A la Asociación contra la Gestión de Coronavirus les pide depositar una fianza de mil euros y un escrito firmado por su letrado para ya después pronunciarse sobre las cuestiones que han planteado con anterioridad

Luego da “por anunciada” la personación de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, a quienes solicita que aporten la misma fianza, un poder especial y documentación relativa a la asociación; pero en cambio rechaza por el momento a Manos Limpias hasta que no presente un poder especial a favor de procurador y la misma fianza.