El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado prorrogar en dos años más la prisión provisional del que fuera hombre fuerte del PP madrileño Francisco Granados por su papel destacado en la trama de corrupción Púnica. Velasco ha adoptado esta decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción y Granados ha reaccionado solicitando una declaración para “concretar algunas cosas”, según ha explicado su abogado tras la vistilla.
Fuentes presentes en la declaración han señalado que Granados ha manifestado ante el juez Central de Instrucción número 6 que no tiene intención alguna de fugarse porque tiene “madre e hijos” y que no persiste por tanto razón alguna para que siga en la cárcel de Estremera (Madrid) donde lleva casi dos años encerrado de forma preventiva.
Se cierne así la duda sobre a qué se refiere Granados con “concretar algunas cosas”. La declaración voluntaria de su exsocio David Marjaliza, otro de los presuntos cabecillas de Púnica, provocó un vuelco en el caso. Con su confesión, Marjaliza logró salir en libertad condicional tras siete meses en la cárcel y el compromiso de la Fiscalía de rebajar cuando toque su petición de condena.
Tras la declaración voluntaria de Marjaliza, el juez Velasco ordenó a la Guardia Civil corroborar algunos extremos de sus declaraciones. Una de las consecuencias es el informe que recientemente entregó la Unidad Central Operativa (UCO) al juez confirmando que el diputado autonómico del PP Bartolomé González cobró 60.000 euros de la red de corrupción.
El auto del juez Velasco hace un repaso y da la última hora de la investigación de Púnica. Así, el juez sospecha de que Granados tiene dinero oculto en el extranjero. “Conforme a los porcentajes ilícitos y clandestinos que cobraba por su actuación, es imperioso concluir que dispone de manera oculta de una gran cantidad todavía elevada de dinero que esta investigación no ha sido capaz de decomisarle, que haría que, en caso de ser puesto en libertad, le permitiría fácilmente sustraerse de la acción de la justicia”, escribe el juez.
Asimismo, el magistrado asegura que la investigación está evidenciando, “como pocas, un sentido de no colaboración” por parte de Granados, así como la existencia de “un apoyo ideologizado por parte de determinadas personas que ha llevado a la destrucción de pruebas -documentos destruidos en el Ayuntamiento de Valdemoro, chivatazo de un guardia civil, quema y trituración de documentos consecuendia de lo anterior, desaparición de informes reputacionales...- que podría todavía aumentar, de no ser por la ayuda del secreto (de sumario) en caso de ser presencial y más directa la presión del investigado”.