El exdiputado nacional y exportavoz de Economía del PP, Vicente Martínez Pujalte, la que fue su socia, la exdiputada Ana Torme, y el socio que sustituyó a esta, Jaime Marín Cózar ( director de Economía y Políticas Públicas de FAES, cercano al expresidente José María Aznar, presidente de honor del PP, de quien fue asesor en el departamento de Economía de Presidencia del Gobierno (2001-2004) y asesor jurídico del PP en el Congreso entre 2005 y 2008), están formalmente investigados por delitos de cohecho impropio y falsedad documental continuados por su actividad en su sociedad Sirga XXI Consultores SL.
Según ha podido saber eldiario.es, la Fiscalía de Valladolid, que se hizo cargo de esta pieza escindida de la trama eólica, ha formulado denuncia contra ellos porque considera que la actividad de Sirga S.XXI era “simulada en su integridad”, es decir, que cobró por unos trabajos que nunca llegaron a realizarse.
Martínez Pujalte y Torme no son los únicos investigados. También tendrán que dar explicaciones quienes realizaron pagos que, aparentemente, no fueron más que 'mordidas'. Los empresarios que, según la Fiscalía, actuaron como cooperadores necesarios, y para los que no descarta algún otro tipo penal.
La investigación ha destapado una relación de facturaciones a sociedades de personas vinculadas al Partido Popular que Martínez Pujalte ha intentado justificar, sin éxito, con fotocopias de trabajos sin fechar e incluso con informes idénticos para distintas sociedades, pero es que en algunos casos, los trabajos no han podido aportarse.
Pero el caso no se quedará en Valladolid. La juez de Instrucción número 5 se ha inhibido porque considera que en la provincia castellano y leonesa no se ha llevado a cabo ninguna actividad delictiva, ya que Sirga se constituyó en Madrid, e incluso el único contrato que podría ser vinculante (el de la constructora vallisoletana Collosa), se firmó en Madrid.
La Sociedad Sirga XXI Consultores SL se creó el 22 de octubre de 2008 en Madrid. Los socios, al 50%, eran Vicente Antonio Martínez-Pujalte López y Ana Torme Pardo, diputada por Valladolid desde 1996 hasta 2011 y senadora desde 2011 a 2015. Ambos eran administradores solidarios. El objeto social era la “prestación de servicios de asesoramiento fiscal, contable, económico, financiero, jurídico, mercantil, laboral y de servicios de consultoría”.
La consultora de los dos entonces diputados arrancó con fuerza: antes de constituirse tenía su primer contrato. La constructora vallisoletana Corporación Llorente Muñoz firmó con Sirga el día 1 de octubre de 2008 un contrato de arrendamientos de servicios profesionales que incluían “la prospección y selección de mercados, asesoramiento e implementación de estrategias de acceso, consultoría y asesoría en planificación estratégica global”. Los honorarios acordados eran 15.000 euros que se pagaron de forma trimestral, y todo ello por un “asesoramiento verbal”. Lo extraño es que Corporación Llorente ya tenía contratados los servicios de otras asesorías, una para el Consejo y varias para consultoría comercial.
Mientras Corporación Llorente (Collosa) pagaba a Pujalte por escucharle, realizó numerosos trabajos para la Junta de Castilla y León con sus sociedades. Sólo para consejerías y organismos dependientes, entre 2006 y 2013, Grupo Collosa facturó 438,5 millones. También en UTES (unión temporal de empresas) facturó 134,4 millones de euros.
Otra relación comercial que ha llamado la atención en la investigación es la que tiene con Marcenado Economistas, que es una consultora. Es decir, que una consultora requiere los servicios de otra. Pero hay detalles que pueden dar pistas. El administrador de Marcenado es Juan Antonio Mora Barreno, si bien el 50.10% de las participaciones sociales las ostentaba Ricardo Romero de Tejada Picatoste, secretario general del PP de Madrid entre 1996 y 2004 y alcalde de Majadahonda entre 1989 y 2001.
El por qué efectuaron ingresos periódicos a Sirga entre 2009 y 2014 es una incógnita aún por despejar. Para justificar las facturas se han aportado trabajos redactados sin firma, sin destinatario y con fecha de julio de 2008 (cuando Sirga aún no existía y además sin que haya pagos en esa fecha) diciembre de 2010 y diciembre de 2012. El total asciende a 189.840 euros (17.400 en 2009, 42480 en 2001, 48285 en 2012, 49.005 en 2013 y 32670 en 2014). Por si eso fuera poco, no se ha aportado ningún contrato entre las dos partes.
Otra empresa vinculada al PP, y cuyo responsable está también investigado es Mind Talent Selection. Su administrador es Alejandro Ballestero de Diego, diputado del Partido Popular en el momento en que empezó a pagar a Sirga sin que exista un contrato o trabajo que demuestre que hubo una prestación de servicios. Lo único que hay son facturas (6.380 euros en 2009). Lo mismo ocurre con la empresa Trasport System World Wide, que pagó 91.575 euros (18975 euros en 2012, 36.300 en 2013, y otros 36.300 en 2014) sin que haya un sólo documento que explique por qué.
El caso de la empresa farmacéutica Laboratorios Doctor Esteve tampoco se acredita contrato o trabajo alguno, pero pagó 60.500 euros en el año 2014. Esta compañía ha recibido numerosas subvenciones entre 2008 y 2014 por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, del Departamento de Cultura y del Ministerio de Economía y Competitividad.
Más investigados como cooperadores necesarios: Atento Inversiones, que tan sólo aporta un trabajo fechado en 2010, la Confederación Empresarial de Madrid, que basa su relación en la fotocopia de un libro, el Consejo Económico y Social de Extremadura, con 20 estudios incompletos sin fechar ni firmar a excepción de uno, la Confederación Regional Empresarial de Extremadura, que recibió numerosas subvenciones y que también aporta fotocopias de dudosa veracidad, Eyee Estudios Empresariales, que aporta como toda prueba una invitación a un curso organizado por Ernst&Young, y las Cámaras de Comercio de Badajoz y Cáceres, que llegan a aportar un trabajo de antes de que existiese Sirga. Las dos entidades fueron subvencionadas por los gobiernos estatales y autonómicos.
Ana Torme Pardo abandonó Sirga XXI, el 15 de noviembre de 2011. Tal y como se refleja en un acuerdo de Junta General, vendió sus participaciones sociales a Vicente Martínez-Pujalte, por importe de 5.250 euros. A partir de esa fecha, Martínez Pujalte pasó a ser administrador único de la sociedad. El 23 de julio de 2013 Martínez-Pujalte vendió el 50% de sus acciones a la mercantil Análisis Económico Integral SLNE por importe de 1.503 euros. Esta mercantil está participada en un 99% por Jaime Miguel Marín Cozar.
Desde la fecha de compra de las acciones sociales a Sirga XXI Consultores SL por Análisis Económico Integral, los administradores eran Martínez-Pujalte y Marín Cozar. Sirga XXI Consultores cesó en su actividad y se disolvió en agosto de 2015, apenas cuatro meses después de que estallase el escándalo de la trama eólica y se conociese la vinculación con la constructora Grupo Collosa, de la que cobró por “asesoramientos verbales”.
Pero la disolución no libra a Martínez-Pujalte y a sus socios de dar explicaciones sobre los ingresos que recibió, y hasta el momento, estas no han convencido a la Fiscalía de Valladolid. Un juzgado madrileño decidirá a partir de ahora.