Anticorrupción pide imputar a Aguirre y Cifuentes por la financiación ilegal del PP de Madrid
- Según El País, la Fiscalía pide también la imputación de Javier Monzón, actual presidente del Consejo de Administración de Prisa
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Manuel García Castellón, que instruye el caso Púnica, que cite como investigada a las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por la presunta financiación irregular del PP regional, que presidió durante 12 años, según han informado fuentes fiscales.
Las fiscales Carmen Cerdá y María Teresa Gálvez han presentado un escrito ante el titular del Juzgado Central 6 de Instrucción en el que reordena la macrocausa, que se lleva investigando desde 2014, y reduce de 16 a 11 las piezas. Una labor que el Ministerio Público ha tardado medio año en hacer, desde que a principios de año el juez instructor instase a las fiscales a hacer una reestructuración de la causa, precisando los hechos y sujetos afectados en cada una de las líneas de investigación.
La pieza 9 está centrada únicamente en abrir la caja B que tenía el partido, y con la que según Francisco Granados se pagó una campaña en negro para promocionar la figura de la expresidenta antes de las elecciones. Otra ahonda en los amaños en las obras de ampliación de Metro y en las fiestas de inauguración en las que Aguirre presumía de gestión eficiente. En la mesa de Anticorrupción también hay una denuncia para que se investigue la publicidad de los hospitales, ante las sospechas de que una parte fue a parar a empresas que luego colaboraban con la mencionada caja B.
Para pedir la imputación de Aguirre, las fiscales Anticorrupción se han apoyado en varios informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que sitúan a la expresidenta regional en reuniones claves en las que presuntamente se habría negociado la financiación irregular de la formación política durante varias campañas electorales, en las que Aguirre ya presidía a los 'populares' madrileños.
Esos informes también apuntan a que el Gobierno de Aguirre cambió la ley para tener todo el control sobre los contratos de publicidad, que se usaban para hacer circular las donaciones de las empresas hacia la caja B del PP.
En caso de Cifuentes, la UCO elaboró un informe en el que acusaba a la expresidenta de haberse saltado los trámites en la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández. Los agentes de la Guardia Civil sembraron dudas sobre la puntuación que se dio a la oferta del empresario, íntimo amigo de Esperanza Aguirre, y apuntó a irregularidades en la composición de los órganos de contratación.
Según El País, la Fiscalía también pide que declare como investigado Javier Monzón, el actual presidente del Consejo de Administración de Prisa. Monzón estuvo hasta 2015 al frente de Indra, una de las empresas que supuestamente se habrían utilizado para canalizar pagos en B al PP de Madrid.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press apuntan que el juez García Castellón estudiará a fondo el escrito presentado por Anticorrupción antes de tomar una decisión sobre la imputación o no de Aguirre y Cifuentes.
