El fiscal anticorrupción Pedro Horrach pide dos años de cárcel para el expresidente del Govern Jaume Matas por auspiciar la adjudicación presuntamente irregular de las obras de la considerada infraestructura 'estrella' de su última legislatura (2003-2007), el Palma Arena, inicialmente presupuestadas en 48 millones de euros y cuyo sobrecoste ascendió a mas de cien.
El representante del Ministerio Público ha presentado su escrito de acusación por la pieza numero 8 del caso Palma Arena, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que acusa al exministro de haber incurrido en delitos de fraude a la administración y prevaricación, los mismos tipos penales que atribuye por estos mismos hechos al exdirector general de Deportes y medallista olímpico José Luis 'Pepote' Ballester.
El fiscal pide de este modo la apertura de juicio oral contra ambos exaltos cargos del PP -en el caso de Ballester bajo una petición de multa de 540 euros-, al igual que lo solicita en el caso de la pieza número 9, centrada en la contratación 'a dedo' de los arquitectos que se encargaron de dirigir las obras de construcción, Luis y Jaime García-Ruiz, quienes acabaron percibiendo unos honorarios de unos ocho millones de euros por hacerse cargo de los trabajos del velódromo.
La Fiscalía también pide dos años de prisión para Matas y la misma multa para Ballester por estas últimas diligencias, que constituyen la pieza número 9 de la causa.
Se trata de los flecos del caso Palma Arena que más tiempo llevaban pendientes de calificar por parte de la acusación pública en el marco de una causa cuya complejidad derivó en la apertura de hasta 28 piezas separadas. El fiscal ha abierto así la vía para que Matas -quien ya cumplió nueve meses de prisión por un delito de tráfico de influencias en la primera pieza que fue juzgada de la causa y fue posteriormente condenado a una pena de multa por cohecho- vuelva a sentarse en el banquillo de los acusados.
En uno de sus escritos, Horrach relata cómo en 2004 Matas encargó a Ballester tratar de obtener la adjudicación a Palma de la organización del Campeonato del Mundo de Ciclismo, previsto para 2007, con la finalidad de que esta concesión sirviera de base a la construcción de un velódromo cubierto que permitiera albergar el evento.
El fiscal resalta que, pese a tratarse de un proyecto de “gran envergadura y con un evidente compromiso de gasto”, la contratación no fue llevada a cabo por ninguna de las Consellerias que disponían de los medios técnicos y jurídicos necesarios para poner en marcha la licitación, sino que Matas encargó la construcción a la Fundación Illesport y posteriormente al Consorcio que se crearía al efecto, organismos que “no están obligados a pasar por los mismos controles previos que la administración 'stricto sensu' y, sobre todo, a los que pudiera imponer sus decisiones unipersonales sobre quién y cómo construiría el velódromo”.
De hecho, el juez instructor de la causa, José Castro, alude a la Fundación Illesport -dependiente del Govern y liderada por Ballester- como la encargada de “dar cobertura formal a las decisiones que tomaba el presidente de la Comunidad Autónoma, sabedores ambos de que sus decisiones ni tan siquiera se sometían a la consideración de los patronos” de la Fundació “por la sencilla razón de que, como tal, el órgano colegiado solo existía en apariencia”.