Una reforma del PP ayuda a la Fiscalía en su propósito de tumbar el último caso contra Blesa
La Fiscalía ha encontrado en una reforma legal del último Gobierno del PP un instrumento que utilizar en su oposición a que se investigue a Miguel Blesa y sus colaboradores en Caja Madrid por inflar el precio de las tasaciones y elevar las hipotecas en la antesala y primeros años de la crisis. Anticorrupción remitió un escrito al juez José de la Mata el 31 de mayo en el que, en sintonía con su petición de archivo, pidió que no se declare compleja la causa y, por tanto, la instrucción no supere los seis meses.
La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada en octubre con los únicos votos a favor del PP, limita las investigaciones judiciales a ese plazo de medio año, con posibilidad de extenderse doce meses más si así lo acuerda el juez a petición exclusiva de la Fiscalía. De las causas aún abiertas por la gestión de Caja Madrid, la más reciente trata de las retribuciones de sus directivos y lleva siete meses en un juzgado de Plaza de Castilla. La pieza principal, sobre la salida a bolsa, cumple en julio cuatro años de instrucción.
Seis asociaciones de jueces y fiscales, conservadoras y progresistas, acordaron un comunicado en el que tachaban el nuevo texto de “ley de punto y final” por la impunidad que provocaría. La organización mayoritaria entre los magistrados, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, dictó su propia nota destacando la incoherencia de que el instructor siga siendo el juez y los plazos, sin embargo, dependan del fiscal.
La reforma legal entró en vigor en diciembre y preveía que los juzgados tuvieran clasificadas todas las causas el 6 de junio, una tarea irrealizable con los medios existentes, según denunciaron los profesionales. A dos semanas de que se cumpliera el plazo, la Fiscalía General del Estado dictó una instrucción para que los fiscales utilizaran un razonamiento tipo de solicitud de causa compleja, toda vez que resultaba imposible examinar uno a uno todos los casos.
Pero no ha ocurrido así con el caso de las hipotecas de Caja Madrid. En el citado escrito del 30 de mayo, y en otro del 3 de junio, la Fiscalía Anticorrupción recuerda que no ve delito en la conducta de los imputados y querellados y traslada al juez su negativa a solicitar la complejidad de la causa, informaron a eldiario.es fuentes del caso. Los escritos van firmados por la número dos de Anticorrupción, Belén Suárez, lo que da cuenta de la relevancia que el Ministerio Público da al caso, o más bien, a que no prospere.
Temblor en el sistema bancario
La admisión a trámite de la querella por parte del juez De la Mata provocó temblores el 30 de marzo en el sector bancario español. Las prácticas presuntamente irregulares de Caja Madrid se extendieron por otras muchas entidades antes del crack financiero y una investigación judicial de la gestión de Blesa y sus colaboradores podría animar a los afectados a demandar y a crear otro agujero en el sistema postnacionalización. Precisamente, uno de los argumentos de la Fiscalía en su escrito contra la admisión a trámite citaba que inflar las hipotecas fue una práctica generalizada.
Las acusaciones del caso Bankia están convencidas de que la postura de Anticorrupción en la pieza principal de la salida a bolsa está relacionada con el agujero que podría provocar en la entidad una sentencia condenatoria, después de haber sido rescatada en 2010 con 23.500 millones de euros de dinero público. En ese caso, Anticorrupción ataca la prueba principal, el informe de los peritos que denuncia maquillaje en las cuentas de Rodrigo Rato, y de esa forma, la propia subsistencia del caso.
Pero la convicción mostrada por el juez Fernando Andreu sobre los indicios de que Rato y su equipo incurrieron en varios delitos parece que les conducirá al banquillo. Aún queda por determinar quién les acompañara. Recientemente, el juez ha imputado a Deloitte y al socio de la auditora encargado de supervisar las cuentas de Bankia previas al rescate.
Algo parecido está ocurriendo en el incipiente caso de las hipotecas infladas de Caja Madrid. La Fiscalía se ha puesto del lado de Blesa al solicitar el archivo, denegado por el juez De la Mata. De nuevo, la acusación particular se erige en figura clave para el futuro del proceso. En el caso de las hipotecas se trata de varios accionistas de Bankia que se agrupan en el Tribunal Ciudadano de Justicia, un colectivo que reivindica sus orígenes en el 15-M.
Ahora será la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional quien debe resolver los recursos de las defensas y Anticorrupción. Por si acaso sigue adelante, la Fiscalía ha apelado al comodín de causa no compleja y, por tanto, con una esperanza de vida no superior a seis meses.
“Perjuicio a la sociedad”
En su auto de admisión a trámite, el juez De la Mata sostiene que el “hecho de que la sobrevaloracion de las tasaciones pudiera haber sido en España y otros países una práctica generalizada en el período anterior al estallido de la crisis de 2008, y en plena expansión de la burbuja inmobiliaria, no puede sin embargo justificar cualquier práctica”.
El magistrado recuerda que los hechos que investiga habrían causado “perjuicio económicamente evaluable a los socios y, por ende, a la sociedad”. El pasado 29 de marzo, De la Mata ya adelantó que citará como investigados al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa; al exdirector general financiero; al exgerente de riesgos, Ramón Martínez Vilchez; y al ex director general de Tasaciones Madrid, Ignacio de Navascues.
La querella del TCJ se amplía a otros 21 consejeros y exdirectivos que, por ahora, figuran como querellados. Entre ellos, el exsecretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga; el que fuera presidente de la CEOE, hoy en prisión, Gerardo Díaz Ferrán; o el exrepresentante de Izquierda Unida José Antonio Moral Santín; los tres consejeros de Caja Madrid en la época de Miguel Blesa.
