No había avería por pequeña que fuese no estuviese reparada al momento en el Ayuntamiento de Valladolid, desde la manija de una puerta a un enchufe, Samaniego era eficaz, rápido, cumplidor. El funcionario perfecto. Hasta que un ‘soplo’ destapó la verdad. Durante 14 años el que fue jefe de mantenimiento del Ayuntamiento de Valladolid en la etapa del PP, Luis Alberto Samaniego, se autoadjudicó cientos de obras municipales hasta sumar 9,6 millones de euros. Arquitecto de profesión, 10 días después de su nombramiento provisional (que duró casi tres lustros), el 1 de abril de 2000, aceptó la renuncia a la compatibilidad que tenía desde 1985. Aun así, Samaniego, que entre sus funciones tenía la dirección y supervisión de obras menores de edificios municipales así como de obra civil y la inspección y fiscalización de estas, contrataba a las empresas que administraba él, su hijo, su primo, que ocupaba un puesto en un museo municipal y llegó a presidir la asociación de constructores, y un socio.
Para la Fiscalía de Valladolid los hechos son constitutivos de un delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionarios, delito continuado de fraude a la administración y delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de estafa.
Quién y cómo destapó la trama es aún un misterio, aunque alguna pista hay: Desde diciembre de 2013, el PSOE había estado pidiendo un listado de contratos menores, alguien avisó de que había que dar un repaso. Pero los papeles no llegaban, y el PSOE llegó a reprochar esa falta de transparencia en algún Pleno. Para cuando el Ayuntamiento dio la información, incompleta y solo con el CIF de las empresas, ya había abierto un expediente al funcionario por faltas muy graves, no se sabe muy bien si porque repasó la lista de contratos que tanto interesaba al Grupo Socialista. Aunque el expediente se llevaba en secreto, los socialistas se enteraron, y con la lista de contratos menores en la mano, sólo tuvieron que cruzar datos. Samaniego administraba 13 empresas junto a familiares y los contratos que se adjudicaba, eran cientos. A pesar de la gravedad de los hechos, Óscar Puente, entonces jefe de la oposición relató entonces que el propio alcalde, Javier León de la Riva, le había dicho que iban a aconsejar a Samaniego la jubilación, si bien él había solicitado una prórroga. Mientras el Consistorio trataba el asunto como algo administrativo, sin relevancia penal, el PSOE optó por llevar el asunto a los tribunales. Óscar Puente, abogado de profesión, se presentó como acusación particular para evitar la fianza que se habría exigido al partido si hubiese sido acusación popular.
Mientras la Policía Judicial accedía al Consistorio para llevarse cajas y cajas de documentación, los concejales del PP restaban importancia a los hechos. El edil Jesús Enríquez llegó a definir a Luis Alberto Samaniego como “una persona afable y educada” y “bien considerada por sus compañeros”, al tiempo que descartaba que hubiese inflado los precios.
Un simple vistazo a las redes sociales de los Samaniego habría levantado alguna que otra sospecha: hasta que las eliminaron, estaban plagadas de fotos en parajes exóticos y resorts. Más adelante la investigación patrimonial descubriría que eran propietarios de varios chalés. Pero ni siquiera eso les bastaba: también habían ubicado una de sus mercantiles en un local de propiedad municipal.
Apenas un año más tarde, con Puente en la Alcaldía, se renunció a la acusación particular, puesto que el Ayuntamiento ya estaba personado como perjudicado. ¿Cómo pudo actuar así el funcionario sin que nadie en el Consistorio fuese consciente de la trama? La sospecha del Psoe es que alguien de dentro tuvo que ayudarle, pero la investigación judicial ya terminada, no ha conseguido dar con esa pieza. Lo que sí se ha encontrado es que Samaniego y familia facturaron a través de 13 empresas 9,6 millones de euros en 10 años.
Durante los primeros cuatro años actuaron con cuatro sociedades. En años posteriores llegaron hasta las 13. Alguna de estas mercantiles ni siquiera contaba con trabajadores. Según la Fiscalía, se creó para concursar y participar en la adjudicación de obras y posteriormente subcontrataba a otras dos empresas vinculadas a ella que sí que contaban con infraestructura. Pero es que además, a partir del año 2008 y hasta 2014, Samaniego y sus familiares incrementaron los precios de los servicios, “siendo muy altos e incluso excesivos en algunos casos”, dice el Ministerio Fiscal. El sobrecoste que calcula es de 671.0877,08 euros. También en ese periodo, las facturas presentadas por Luis Alberto Samaniego Conde y confeccionadas por el administrador, puestos de acuerdo, “facturaron al Ayuntamiento de Valladolid por trabajos que en realidad no habían sido realizados”. Entre ellas figuran ficticios vallados de parcelas municipales, retiradas de basuras en naves del Ayuntamiento, obras en guarderías o rehabilitación de fachadas, que suman 88.269,58 euros.
El informe aportado por el Ayuntamiento de Valladolid estima que el perjuicio económico (por sobrecostes, trabajos no realizados, ausencia de baja en los contratos, beneficio ilícito e intereses de demora) ascienden a 2,4 millones de euros.
Para Luis Alberto Samaniego, la Fiscalía solicita una condena de 11 años de prisión, 4 menos que el Ayuntamiento, multa de 2.340 euros e inhabilitación para cargo público durante 18 años y multas por importe de 7.776 euros. Para su hijo Luis Javier S.M, su primo Antonio Bernardo S.F y su socio, Miguel Ángel R.P, pide 8 años de cárcel, multas por 19.980 euros y su inhabilitación por espacio de cinco años para optar a subvenciones o ayudas públicas.
Además, todos los acusados, de forma conjunta y solidaria, indemnizarán al Ayuntamiento de Valladolid con 760.146 euros por los sobrecostes y facturas indebidamente percibidas y en aquellas otras cantidades que se acrediten en el juicio oral, cantidades que devengarán el correspondiente interés legal, con la responsabilidad subsidiaria de las empresas del grupo familiar implicadas.
Durante el juicio, que se señalará una vez que los acusados hayan formulado sus recursos y estén resueltos, declararán como testigos el secretario y el interventor municipal, personal de la Concejalía de Urbanismo, agentes de la Policía Judicial y funcionarios de Vigilancia aduanera entre otros.