El Sindicato Profesional de Justicia de la Unión Sindical Obrera (SPJ-USO) considera las medidas legislativas anunciadas por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para retomar la actividad judicial “un ataque frontal al funcionariado al servicio de la Administración de Justicia”.
En un comunicado, el sindicato, crítico con que se habilite el mes de agosto, asegura ver “con absoluta incredulidad” cómo el ministro “pretende aprobar unilateralmente, por la vía del Decreto Ley”, esas modificaciones, cuando “debería respetar los elementales principios constitucionales relativos a la negociación colectiva”.
Le acusan por contra de aprovechar la ocasión para “cargarse de un plumazo” derechos de los funcionarios judiciales, quienes, subraya el sindicato, “han demostrado su capacidad y disponibilidad para trabajar con los escasos y limitados medios de los que disponemos, con un nivel de exposición al riesgo lamentable”.
“Las medidas, totalmente improvisadas, que han sido trasladadas a las organizaciones sindicales suponen un regreso precipitado, sin el proceso de negociación urgente pertinente, y conllevan propiciar de forma absolutamente innecesaria el contagio”, destacan.
Entre esas medidas, critican la de declarar hábil el mes de agosto para actuaciones judiciales porque, dicen, “supone la imposibilidad de conciliar la vida familiar y laboral al encontrarse los menores en periodo vacacional”.
Denuncian también “la improvisación” del ministerio al instaurar “una movilidad indiscriminada sin tener en cuenta la dispersión de órganos judiciales en la mayoría de las ciudades” porque “agrava aún más el desigual trato que las medidas aprobadas suponen para los funcionarios de la Justicia”.
El sindicato sostiene además que los funcionarios se sienten “discriminados respecto a otras instancias de la Administración de Justicia a las que sí se les permite trabajar en su domicilio”.
Por eso, igual que el Consejo General del Poder Judicial se lo ha permitido al colectivo de jueces y magistrados, desde SPJ-USO reclaman que se implante, “previa negociación, el teletrabajo para el personal al servicio de la Administración de Justicia que de manera voluntaria lo solicite”.
También exigen que, para evitar la propagación del coronavirus, elabore el preceptivo Plan de Evaluación de Riesgo, con entrega diaria para aquellos funcionarios que acudan a los juzgados y tribunales “de los correspondientes Equipos de Protección Individual, que asimismo han de ser puestos a disposición de profesionales y la ciudadanía que acuda a las sedes judiciales”.
“Para ello se hace imprescindible programar la detección de posibles focos de contagio al Covid-19 en forma de test”, reclaman.
Por todo ello exigen al ministerio y a las comunidades autónomas con competencias en Justicia “la negociación inmediata de todos aquellos aspectos que suponen la modificación de las condiciones de trabajo de los funcionarios judiciales”.