Las heridas municipales que escuecen al PP
A pesar del mayor dominio del PP en los ayuntamientos españoles, los conservadores están empeñados en cambiar la ley para elegir a los alcaldes. El PP tiene presente, sobre todo en Galicia y en la Comunitat Valenciana, lo que es ganar en votos y ser incapaz de llegar a acuerdos con nadie para retener el bastón de mando. Las heridas que aún escuecen en el caso gallego son las de las ciudades de Lugo y Vigo, además de otros municipios menos poblados. En la comunidad que gobierna Alberto Fabra, el PP no olvida que las alianzas de izquierda hicieron posible los gobiernos de Alcoy, Orihuela y Villarreal, pero sí que Rita Barberá fuera alcaldesa gracias a un pacto con Unió Valenciana
En Galicia los pactos entre la segunda y la tercera fuerza en las municipales históricamente han sido desfavorables al Partido Popular. En las elecciones de 2011 los conservadores no consiguieron acceder a la alcaldía de cuatro de las siete grandes ciudades pese a ser la fuerza más votada.
Por ese motivo, el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha sido un tradicional defensor de la reforma electoral que ahora plantean desde su partido y que les hubiese permitido gobernar en Lugo y Vigo. De hecho, en una conferencia pronunciada al amparo de la Fundación FAES, ya criticó hace meses “los pactos de despacho” que permiten “a un candidato que perdió claramente las elecciones convertirse en alcalde”.
En el caso de Ourense y Pontevedra la diferencia entre los conservadores y la segunda fuerza (PSdeG y BNG, respectivamente) es ínfima en número de votos y nula en concejales. En ambos casos, el pacto entre socialistas y nacionalistas ya se había producido con anterioridad, y permitió que el alcalde fuese el cabeza de lista de la segunda fuerza más votada.
Los ejemplos de Lugo y Vigo son diferentes por la distancia que el PP obtuvo con respecto a los socialistas, segunda fuerza en ambas ciudades. En Lugo los conservadores obtuvieron un 44,25% de los sufragios, casi seis puntos por encima de su perseguidor. En la capital de las Rias Baixas, esta diferencia fue dos puntos mayor. Pero los pactos entre socialistas y nacionalistas permitieron que Xosé López Orozco y Abel Caballero se hiciesen con la alcaldía de sus ciudades.
Hay otras localidades de tamaño medio en las que el PP ha salido perjudicado por los pactos entre las fuerzas de la oposición. En Noia (A Coruña) la candidatura encabezada por el ahora diputado Antonio Pérez Insua obtuvo siete concejales de 17, con casi un 42% de los votos. Sin embargo, la unión de PSdeG, BNG y el partido independiente NO.I.A. (Noieses Independentes Agrupados) dejó al PP con las ganas de gobernar permitió al socialista Rafael García erigirse de nuevo como alcalde.
A Illa de Arousa (Pontevedra) es otro caso en el que los conservadores fueron la fuerza más votada, con ocho puntos de ventaja sobre el PSdeG aunque con el mismo número de concejales. En este caso, el único concejal nacionalista permitió investir al socialista Manuel Vázquez alcalde de la localidad pontevedresa, quien con posterioridad optó a la secretaría general del PSdG.
El PP valenciano ha sido especialmente beligerante en defensa de la reforma electoral que plantea Rajoy para las próximas municipales de mayo. La lugarteniente de Alberto Fabra, presidente de la Generalitat, en la dirección del partido, la consellera Isabel Bonig, ha llegado a acusar de “atentar contra la democracia” a aquellos que se oponen a una reforma cuyos detalles aún se desconocen.
Bonig, como el resto del partido, no recuerda nunca cómo Rita Barberá accedió a la alcaldía de Valencia allá por 1991: merced a un pacto de gobierno con un partido regionalista ya desaparecido, Unió Valenciana. Entonces, el partido más votado fue el PSPV-PSOE, que sigue en la oposición 23 años después.
Sin embargo, Bonig limita los efectos de la reforma, cuyo único objetivo sería evitar “cambalaches” o que los gobiernos municipales “se decidan en los despachos”. A pesar de las pésimas expectativas electorales, el PP espera que el nuevo modelo electoral le mantenga en alcaldías que, de otra manera, bien podrían ir a manos de eventuales alianzas de izquierda. En 2011, ya se dieron varios casos.
En Orihuela (90.000 habitantes), por ejemplo, una alianza entre los 13 concejales del PSOE, Los Verdes y un partido independiente se hizo con la alcaldía a costa de la lista más votada, la del PP, que obtuvo 12 ediles. Gran parte del grupo municipal popular está bajo investigación judicial.
En Alcoy (72.000 habitantes), una alianza entre el PSPV, Compromís y Esquerra Unida (14 concejales) impidió que la lista del PP, las más votada con 11 ediles, gobernara. La coalición nacionalista abandonó más tarde el tripartito, siempre criminalizado por los populares, pero el PP sigue en la oposición.
En Villarreal (51.000 habitantes) el PP obtuvo en 2011 más de 10.000 votos, a gran distancia de la siguiente lista en apoyos, el PSPV (6.800). Ahora bien, los socialistas, Compromís, un partido independiente y EU sumaron más votos y un concejal más (13) que los populares. La alcaldía es ahora de uno de los nuevos valores del PSPV, José Benlloch.
El PP valenciano dice que estos pactos subvierten la voluntad ciudadana y limita los efectos de la reforma a evitar estos y otros casos similares (Villena, Burjassot, Buñol, Alaquàs..), pero un estudio del PSPV-PSOE asegura que, con el actual sistema, el partido hegemónico en la política valenciana en los últimos 20 años perdería hasta 219 alcaldías.
