El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar a seis personas como autoras de un delito continuado de humillación a las víctimas del terrorismo y enaltecimiento de los que han participado en actos terroristas por la organización de 120 actos de homenaje a presos de ETA entre 2016 y 2020.
Se trata de seis ex presos de la organización terrorista que en el momento de los hechos formaban parte de la Comisión de Presos de Sortu: Jose Antonio López Ruiz, “Kubati”, y Oihana Garmendia Marín, Haymar Altuna, Oihana San Vicente Saez de Cerain , Carlos Saez de Egilaz Murgiondo y Felipe San Epifanio San Pedro. La decisión se produce después de que la Audiencia Nacional anulara la decisión del juez de reabrir la causa fuera de plazo para dirigira la investigación contra el partido que lidera Arnaldo Otegi.
La resolución del instructor explica que, en su condición de miembros de la Comisión de Presos de SORTU, “Kubati” y Garmendia Marín, junto al resto de investigados, “han desarrollado una actividad tendente a organizar de forma sistemática y sistematizada los actos de homenaje a los presos, valiéndose en ocasiones de la dinámica KALERA KALERA y en otras ocasiones de otros movimientos sociales o asociaciones, en función de las necesidades del momento concreto”.
Este desarrollo de la organización de los 'ongi etorri' y demás actos de homenaje a los presos de la banda terrorista se realizó, asegura el auto, a través de normas estrictas tanto en lo referente a qué presos se rendía tributo como en lo concerniente a cómo se debía desarrollar el homenaje. Así, respecto de lo primero, explica, solo fueron tributarios de homenaje aquellos presos que se habían mantenido durante su cautiverio dentro de la disciplina del colectivo de presos.
A lo largo del auto, en el que se da a las acusaciones un plazo de diez días para presentar sus escritos de acusación, el magistrado hace constar los 120 concretos actos de homenaje a miembros de la organización terrorista ETA.
Con este auto, García Castellón pone fin a la instrucción que reabrió fuera de plazo, a petición del PP y de Dignidad y Justicia, para investigar unos chats de Sortu. La Fiscalía recurrió la decisión en un duro auto en el que acusaba al magistrado de promover una investigación “inquisitorial”. En el escrito, el fiscal de la Audiencia Nacional Carlos García Berro aseguraba: “Todos los esfuerzos argumentativos de unos y otros y el afán por alargar la instrucción hacia ninguna parte o hacia algún lugar alejado de los fines de la Justicia y del interés de las víctimas devienen inútiles”.
Se trata de una causa abierta en 2018 tras una denuncia de la asociación Dignidad y Justicia: unas diligencias que investigan desde hace más de un lustro el posible enaltecimiento del terrorismo en la organización de los 'ongi etorri', homenajes a los presos de la banda terrorista ETA cuando salen de la cárcel. Tal y como explicó elDiario.es el pasado mes de enero, al magistrado pasó de dar por concluida la investigación a firmar su prórroga precisamente a petición de la asociación denunciante, presidida por Daniel Portero, hijo de una víctima mortal de la banda terrorista y diputado del PP en la Asamblea de Madrid.
La petición de Portero, a la que se adhirió la acusación popular del propio PP, implicaba nuevas diligencias para investigar el contenido de un chat de Telegram gestionado por Sortu, el partido central de la coalición EH Bildu. Lo justificó en unos informes de la Guardia Civil que le habían llevado a “revisar las actuaciones” y prorrogar la causa, reconociendo que el cierre de la investigación en octubre de 2023 fue “prematuro”. En ese mismo auto, se dirigió a Telegram para solicitar información sobre ese canal.
Una decisión “absolutamente extemporánea”
La Sala de lo Penal concluyó que García Castellón tenía la obligación de exponer “razonadamente” por qué necesita prorrogar un caso así como las “concretas diligencias” que necesita. En este caso, la petición de diligencias de la asociación de Portero fue “absolutamente extemporánea” y aún así fue esgrimida por el juez para volver a impulsar la causa.
Esa petición, reprocha la Sala de lo Penal, se basaba en un informe de la Guardia Civil de febrero de 2023. Ese informe había tardado en llegar y ya había supuesto varias prórrogas del caso. Las acusaciones populares, entre ellas el PP, llevaban meses sin pedir ninguna diligencia sobre ese informe hasta finales del año pasado. Acceder a esa diligencia y prorrogar la causa resulta “contrario” a la finalidad de los plazos de instrucción, zanjó la instancia superior al juez.