El Gobierno amplía la mayoría de los Presupuestos para sacar adelante la primera ley que regula la eutanasia

198 luces verdes en el marcador del Congreso para que España tenga la primera ley de eutanasia de la historia. El hemiciclo dispone de 350 escaños y en contra solo votaron 138 diputados, una exigua representación de las derechas: PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) que, otra vez más, se han autoexcluido de participar en una norma que regula derechos sociales. 

La raíz cristiana del PNV no impidió, en cambio, que los nacionalistas vascos se situasen de nuevo del lado del Gobierno. Lo explicó su portavoz Joseba Agirretxea al subir al atril mirando a los parlamentarios del Partido Popular y la extrema derecha. Les animó a “legislar más allá del código ético de cada uno” y a “dar cobertura legal” a quien no tenga los mismos conceptos “sobre vida o muerte” que ellos. Su ruego no tuvo éxito, ya que tanto el partido de Pablo Casado como el de Santiago Abascal votaron 'no' a una norma que, dicen, fomenta “la cultura de la muerte”.

A la mayoría reforzada de los Presupuestos –PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, PDeCat, Compromís y Más País–, que amplía a su vez la de la investidura, vino a sumarse ahora Ciudadanos –y otros partidos como Junts, BNG, CUP, Nueva Canarias, Coalición Canaria o PRC– ansiosa Inés Arrimadas por marcar distancias con PP y Vox, para que la foto de Colón sea solo un mal recuerdo del pasado. “Somos liberales y estamos a favor de la libertad”, dijo la líder del partido, que subió al atril a defender personalmente el texto. “Es un honor” apoyar este texto, que se aleja de los “debates estériles” por los que según ella se desliza el debate político en España. 

Así que en estos tiempos raros que vive el país y la política, sacudidos ambos por la peor pandemia en un siglo, la ley que no había sido posible en cuatro décadas largas de democracia, la saca adelante “el Gobierno Franskestein” con apoyo de las derechas moderadas, y con una ecuación impensable hace no mucho que suma a Ciudadanos y los partidos independentistas catalanes. Su apoyo transversal hace presagiar un largo camino para esta norma que sitúa a España a la vanguardia en el derecho a una muerte digna: solo cinco países en el mundo lo habían regulado antes: Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Nueva Zelanda.

Los puntos principales de la nueva norma

La ley supone la introducción en España de un nuevo derecho individual, el derecho a la eutanasia, por el que tanto han peleado asociaciones, familias y personas enfermas. Son muchos los rostros que han hecho suya la batalla por la muerte digna en las últimas décadas, y tras decenas de intentos fallidos, esta vez España se convertirá en los primeros meses de 2021 en uno de los pocos del mundo en regularla. La sociedad ya desde hace tiempo parece haberse adelantado y las encuestas más recientes sitúan su apoyo en torno al 85%.   

Desde que en los años 90 Ramón Sampedro reclamara su derecho a poner fin a su vida, han sido varios los casos que han sacudido a la opinión pública y que le han puesto rostro a una ley que llega tarde para muchos. El último fue el de María José Carrasco, la mujer a la que ayudó a morir su marido, Ángel Hernández, y al que ahora la Fiscalía pide seis meses de cárcel. Poco antes, Maribel Tellaetxe, Antoni Monguilod, Luis de Marcos o José Antonio Arrabal murieron esperando una norma que parecía que no llegaba nunca. Este último, enfermo de ELA, hizo público el vídeo de su propio suicidio, en el que lamentaba tener que morir solo para evitar que condenaran a quien le ayudara “y en la clandestinidad”: “¿Por qué no podemos acabar con nuestra vida de manera digna si ésta se convierte en un infierno?”, se preguntaba.

Ese es el objetivo de la norma, que aquellas personas mayores de edad que estén “en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable” que viven como “inaceptable” puedan solicitar ayuda para morir. Será de dos formas: activa, que se produce cuando es el médico el que lo hace, o en forma de 'suicidio asistido', que se refiere a quien se da muerte a sí misma con la asistencia del sanitario, que le proporciona los medicamentos necesarios y le atiende. El paciente debe estar informado y pedirlo de “forma autónoma y consciente”. Además, tiene que pasar por varios filtros en el que al menos dos médicos diferentes deben autorizar la solicitud y una Comisión de Garantía y Evaluación hará un control previo. Los sanitarios tendrán derecho a la objeción de conciencia.

El texto explica que cuando una persona enfrenta una situación vital “que a su juicio vulnera su dignidad, intimidad e integridad”, la vida puede decaer en favor de otros derechos “con los que debe ponderarse” como son la integridad moral y física, la dignidad o la libertad. Y lo dice así porque “no existe un deber constitucional de imponer o tutelar la vida a toda costa y en contra de la voluntad” de la persona. Por ello, el Estado “está obligado a proveer un régimen jurídico que establezca las garantías necesarias y de seguridad jurídica”, esgrime el preámbulo.

Illa defiende el paso hacia “una sociedad más humana”

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, compareció en el Congreso para resumir la filosofía de la ley: “No podemos permanecer impasibles ante el sufrimiento insoportable”. Confió, además, en que cuando entre en vigor será un avance hacia “una sociedad más humana y más justa”. El ministro destacó que España es ya “una democracia moderna y lo suficientemente madura” para abordar esta cuestión.

En un ambiente de día histórico, durante el debate en la Cámara Baja distintos portavoces tuvieron recordatorios para el gallego Ramón Sampedro y el doctor Montes, víctima de una furibunda campaña de la derecha madrileña, la política liderada por Esperanza Aguirre que primero lo destituyó como coordinador del servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés a raíz de una serie de denuncias anónimas y también la mediática: locutores como Jiménez Losantos e Isabel San Sebastían le llamaban “doctor muerte” y le acusaron de asesinar a 200 personas. 

El clamor brotó otra vez de los bancos de la derecha más cafetera. Vox dijo directamente que la norma abona el terreno a la “industria de la muerte”. Así lo denunció durante el debate de este jueves la diputada de la extrema derecha Lourdes Méndez. Claro que una semana antes, durante el debate de la ponencia, la misma parlamentaria ya había calificado la regulación como “una ley eugenésica maquillada de bonhomía”. “Quizá sea hoy uno de los días más funestos de la democracia. El Gobierno de la muerte ha condenado hoy a la muerte a los más indefensos y a la desesperanza a los más débiles y a los que más sufren”, escribió el presidente del partido de extrema derecha, Santiago Abascal, en su perfil personal de Twitter.

El PP se quedó solo un escalón más atrás. En sus argumentarios internos, a los que tuvo acceso elDiario.es, la dirección de Casado pedía esta misma semana a todos sus cargos defender que “antes que una ley que se apoya en la muerte hay que desarrollar una ley que apueste por la vida, por desarrollar cuidados al enfermo de calidad”. Génova 13 se refería a “una ley de cuidados paliativos como alternativa clara, útil, médicamente aceptada y respetuosa con la dignidad de la persona frente a una regulación de la eutanasia que no responde a una demanda social y se salta los informes que los expertos han publicado”.

Los de Casado y los de Abascal habían arremetido con dureza en las últimas semanas contra una ley que, aseguran, forma parte de “la cultura de la muerte” que, a su juicio, defienden las fuerzas que apoyan al Gobierno, al que desde hace meses tildan de ilegítimo y dictatorial. Ambas fuerzas, además, han sumado a sus argumentos en contra que la nueva norma se haya aprobado a las puertas de la Navidad, festividad con la que el propio Pablo Casado quiso el miércoles introducir un nuevo elemento para hacer oposición a Pedro Sánchez, al reprocharle en su intervención inicial del Pleno que no felicitara “el nacimiento de Jesús” a “todos los españoles”, algo que el presidente del Gobierno realizó minutos después, felicitando la Navidad directamente –y con ironía– también al propio líder del PP. 

Los reproches a las derechas

En el Congreso, PP y Vox recibieron este jueves duras críticas por parte de la mayoría parlamentaria que aprobó la nueva ley. A los reproches lanzados por la socialista Carcedo y por Agirretxea, del PNV, se sumó la portavoz de Unidas Podemos en materia de Sanidad, Rosa María Medel, que se dirigió a los partidos de Casado y Abascal lamentando que “nieguen a quienes no tienen dinero” o “no piensen como ellos” la utilización de su “libertad personal”. La formación confederal considera que a las derechas “no les importa la libertad personal” y quieren “imponer” al resto de españoles “cómo deben morir”.

El portavoz de Más País, Iñigo Errejón, añadía, por su parte, otra denuncia sobre que la derecha siga siempre un “ciclo” en la tramitación de derechos, “rechazando” primero las nuevas normativas, luego “usándolas” y finalmente “aceptándolas”. La tramitación parlamentaria también concluyó con una pequeña fisura en el PDeCat, ya que uno de sus diputados, Ferrán Bel rompió la disciplina del grupo y se abstuvo, frente al 'sí' de sus compañeros de tribuna, alegando un conflicto ideológico. También se abstuvo el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte. Y no quiso votar la ley, por su fe católica, el diputado de ERC Joan Capdevila.

Una de las novedades que aportó el debate parlamentario fue que PP y Vox también recibieron las críticas de su socio autonómico, Ciudadanos, que discrepa en este asunto de las tesis más conservadoras y que, además, ha decidido emprender un nuevo rumbo, más centrado, desde que Inés Arrimadas tomó el mando del partido tras la abrupta dimisión de Albert Rivera por el varapalo en las urnas de las generales del 10N.

Durante el debate de este jueves, la propia Arrimadas pedía a los de Casado y Abascal “respeto y no caricaturizar” el marco legal de la eutanasia, que, según ella, cuenta “con garantías”. La máxima dirigente de Ciudadanos reivindicó también el apoyo a una ley de cuidados paliativos como la que defienden PP y Vox, pero insistió en diferenciarla de la eutanasia como “derechos complementarios”. 

Pese al contundente rechazo a la nueva ley, el PP no ha decidido aún si recurrirá la nueva normativa ante el Tribunal Constitucional, al igual que hizo en su día con la ley del matrimonio igualitario de 2005 o la del aborto aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero un año después. Vox, sin embargo, sí ha anunciado su intención de llevar la ley de eutanasia ante el Constitucional, con el objetivo de frenar su inminente aplicación lo antes posible.