El Gobierno de Balears, los tribunales y la Zarzuela ocultan documentación clave sobre la cesión de Marivent al rey

El manto de silencio sobre el uso privativo del Palacio de Marivent por parte de Felipe VI y su familia se extiende y refuerza. La donación del monumental complejo (el edificio más el terreno circundante) a la franquista Diputación Provincial de Balears para la puesta en marcha de un museo y una escuela de arte derivó en la clausura del recinto para uso y disfrute exclusivo de la Monarquía. Parte de la documentación del procedimiento administrativo que lo permitió no vio la luz en décadas, hasta que recientemente la desveló elDiario.es. Pero otra parte mollar sigue oculta por el Govern de Balears, los tribunales y la Casa del Rey.

La historia y las pruebas documentales que la ratifican ya son conocidas, después de que elDiario.es publicase el expediente del procedimiento legal que regularizó la donación del artista y mecenas Ioannes Saridakis: el palacio, la finca, así como cientos de obras de arte que fue atesorando durante su vida. El Estado franquista se puso manos a la obra y creó una fundación pública para vehicular el legado, siempre con la condición impuesta por los herederos de Saridakis de que el uso principal fuera artístico y de carácter público. No fue hasta el final del proceso cuando se introdujo la opción de que lo pudieran usar los por entonces “Príncipes de España”, Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia.

Pero de aquella Fundación Museo Saridakis no hay rastro. Y eso que es (o fue) pública. Y, salvo que alguien demuestre lo contrario, la propietaria de Marivent. Ni el Gobierno de Francina Armengol ni el resto de instituciones consultadas por este medio han sido capaces de encontrar en las últimas semanas un registro de la fundación, un papel que demuestre su actual existencia o su hipotética disolución. Nada. Como tampoco nada se sabe de los al menos dos inventarios oficiales que se formalizaron para documentar cada una de las piezas de arte que atesoraban las paredes del fugaz museo, más allá del catálogo que lo promocionaba y que hacía constar la existencia de 1.300 obras entre pinturas, esculturas, grabados y cerámicas, legado de décadas de coleccionismo por parte de Saridakis.

Aún así, portavoces oficiales del Ejecutivo autonómico insisten en que “Marivent es del Govern” y que “no lo gestiona ninguna fundación”. Requeridos por la documentación que pudiera ratificar estas afirmaciones, se ha impuesto el silencio.

Este vacío no es la primera vez que se produce. Ya le pasó en los años 80 del siglo pasado al juez que dirimió un litigio entre los herederos de Saridakis y el propio Gobierno balear, presidido entonces por Gabriel Cañellas (PP), en virtud del cual “el pueblo de Baleares”, en palabras del Tribunal Supremo, perdió cientos de obras de arte, incluidos cuadros de Picasso, Delacroix o Goya, entre otros.

En aquel largo proceso judicial el juez condenó “en rebeldía” a la fundación pública. Es decir, que la institución no se presentó a responder en la causa pese a ser requerida para ello. Lo curioso, otra vez, es que se trata de un ente público y, en teoría, con presencia en su patronato del alcalde de Palma, así como de dirigentes de las dos instituciones herederas de la franquista diputación: la comunidad autónoma y el Consell de Mallorca. Al menos así consta en la documentación sobre la puesta en marcha de la fundación.

La primera de las instancias dice no tener conocimiento de la fundación. La segunda, de momento, no ha respondido.

elDiario.es se ha puesto en contacto con una decena de personas e instituciones en las últimas semanas para recabar la documentación que arroje luz sobre las sombras que dominan el proceso que concluyó con un cierre privativo de Marivent para la Monarquía borbónica.

Además de a las instituciones representativas, este medio ha preguntado a la Abogacía de la Comunidad Autónoma y al Archivo General del Govern, sin éxito. Tampoco las consultas a través del Portal de Transparencia han ayudado a disipar las tinieblas que rodean a este caso. De hecho, la petición de información a este portal ya se da por “finalizada”, según el estado de la consulta, sin que se haya ofrecido información alguna sobre lo solicitado. Ni a favor, ni en contra. Silencio administrativo.

En cuanto a los herederos de Saridakis, elDiario.es no ha conseguido contactar con el hijo de su viuda, Anunciación Marconi, quien en 1965 fue la encargada de pilotar la cesión de la finca, el edificio y la colección de arte a la Diputación Provincial de Balears bajo la condición –dispuesta en el testamento de su marido– de que se destinase a museo y escuela de arte. “El número marcado no existe” es una de las respuestas automáticas que se escuchan al otro lado del auricular al intentar contactar con Carlos Hermann Marconi a través de varios de los números de teléfono que remiten a él o a negocios en los que aparece su nombre. Tampoco los abogados que llevaron el procedimiento hace casi cuatro décadas, o algunos de sus colaboradores vivos.

Con anterioridad al proceso judicial abierto para recuperar el patrimonio mobiliario legado, los herederos renunciaron a cualquier reivindicación sobre Marivent por escrito ante un notario. Una escritura notarial de la que no hay una sola imagen. Es el papel al que se agarran en la Casa del Rey para justificar el uso privativo por parte de Felipe VI y su familia. El jefe del Estado y su madre, Sofía de Grecia, hicieron uso de las instalaciones esta misma Semana Santa, como llevan haciendo desde hace décadas.

Dicha escritura no ha visto la luz desde que se firmara, en los estertores de la década de los 70 del siglo XX. Un portavoz de Zarzuela aseguró a elDiario.es que ese documento no está en su posesión y negó poder aportar ningún dato más sobre él, pese a insistir en que es lo que permitiría a Felipe de Borbón utilizar a su pleno antojo el palacio, que cumple ahora un siglo de existencia desde que Saridakis ordenase su construcción al arquitecto Guillem Forteza Pinya.

Tampoco el Govern de Armengol lo ha encontrado. Dicho documento es citado tanto en el incompleto expediente administrativo de la fundación como en el procedimiento judicial de los años 80. Pero no está entre los legajos publicados por este medio. Y el expediente judicial tampoco es de acceso público.

El Govern de Balears asegura que no tiene una copia documental del procedimiento, pese a litigar durante un lustro y llegar hasta el Tribunal Supremo. La respuesta oficial cuando se pregunta por el expediente es que hay que pedirlo al tribunal, aunque la Comunidad fue parte y, por lo tanto, tiene potestad para reclamar una copia.

Esta respuesta del Govern encaja mejor ante otro silencio: el del Juzgado de Primera Instancia de Palma. elDiario.es ha intentado por diferentes vías acceder al expediente, pero no ha obtenido ninguna respuesta. Silencio.

Y eso que, según el Archivo de la Comunidad, es el propio Juzgado que lo tramitó en primera instancia el que debe dar acceso al expediente. Así lo indica expresamente en su respuesta a este medio: “Hemos de informarle que la documentación solicitada forma parte de un proceso judicial a día de hoy abierto, por lo que el acceso se ha de solicitar al Juzgado que lo tramita, que es quien habrá de decidir”. Un “proceso judicial a día de hoy abierto”, según el organismo público, pese a que en 1988 el Tribunal Supremo dio la razón a los herederos y cerró las opciones de recurso. 

Fuentes de la Abogacía autonómica señalan también que la única vía posible de acceso al expediente es a través de una petición al letrado de la administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Palma, el único competente según el Reglamento de aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, que regula, entre otros, aspectos relativos a la publicidad de las actuaciones judiciales. En su artículo 5 esta normativa establece que los secretarios y funcionarios competentes de la Oficina judicial “facilitarán a las partes interesadas y a cuantos manifiesten y justifiquen un interés legítimo y directo cuanta información soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales, que podrán examinar y conocer, salvo que sean o hubieren sido declaradas secretas conforme a la Ley”.

El juzgado competente no ha respondido a las diferentes peticiones de elDiario.es. En el pasado sí contestó a otros que intentaron acceder a la misma documentación, como el grupo parlamentario de Unidos Podemos en el Parlament balear. A ellos les dijo que el organismo no podía darles el expediente y que se lo tenían que pedir a las partes.

Un círculo de negativas entre administraciones públicas digno de 'Las 12 pruebas de Asterix' que tiene como resultado la ocultación de información sobre un bien público que cuesta cada año a los contribuyentes de Baleares una cantidad de dinero que supera el millón de euros, según una información de Diario de Mallorca de 2014. A ese coste habría que añadir lo que invierte Patrimonio Nacional, así como otras partidas indirectamente relacionadas con la presencia de la Familia Real en el Palacio, como la seguridad, y de las que se desconoce la cantidad precisamente por “razones de seguridad”.

La reciente publicación de los papeles de Marivent por parte de elDiario.es ha removido las históricas reivindicaciones para que el palacio sea reintegrado plenamente a la ciudadanía de Palma, tanto en su posesión como su disfrute. Podemos, primero, y Més per Mallorca, después, han reclamado acceso a la documentación y que se recupere el uso original como un museo y una escuela de arte, ante el silencio, una vez más, del Govern.

Mientras, la presencia de los Borbones en Marivent es cada vez menor. Esta pasada Semana Santa acudió, como es habitual, la reina emérita, acompañada de su hermana. Ambas asistieron a diversos actos en Palma. También viajó a Palma el rey Felipe VI, en una visita fugaz y fuera de agenda que solo se destapó porque el dueño del restaurante en el que cenó uno de los días publicó unas fotografías en Facebook. Ni una sola imagen del jefe del Estado y su madre en Marivent, una instantánea muy habitual no hace tanto, cuando la Familia Real mostraba con orgullo su presencia en un palacio que han usado como propio, sin serlo, desde antes de que Juan Carlos de Borbón, hoy residente en Abu Dhabi, fuera coronado como rey.

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