El Gobierno se limita de momento a celebrar el preacuerdo entre PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa y evita entrar a valorar los detalles que ha dado a conocer la formación independentista. Según el documento distribuido este martes, el pacto incluye la entrega a Catalunya de la recaudación de todos los impuestos del Estado, pero el Ejecutivo ha descartado confirmar si lo firmado implica la salida de esa comunidad autónoma del régimen común para entrar en un modelo de “concierto” similar al vasco o al navarro.
“En nombre del Gobierno, satisfacción por este acuerdo. Este acuerdo es el triunfo de la política, el diálogo, la negociación. Vaya por delante la satisfacción, es una victoria de la política útil”, ha dicho la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que ha pedido “respeto” a los procesos internos de los partidos y los “tiempos” que se han dado para “ratificar y validar el acuerdo”. “Saben que lo que tenemos sobre la mesa es un preacuerdo y van a permitirme que sea profundamente respetuosa con los procesos internos y los tiempos que se han dado los paritdos para ratificar y validar este acuerdo”, ha dicho.
Según el documento, los socialistas se comprometen a convertir la Agencia Tributaria de Catalunya, creada en 2007, en una verdadera Hacienda catalana que se haga cargo del conjunto de los impuestos de los catalanes así como desplegar una financiación propia desde 2025. La cesión más rápida será la del IRPF, a partir de 2026. Una decisión que, en los términos de lo comunicado ayer por los republicanos, supone que esa comunidad saldría del régimen común de financiación para colocarse en un modelo similar al del concierto que tienen País Vasco y Navarra.
El partido de Marta Rovira se refirió a este acuerdo como conseguir “la llave de la caja” y sostuvo que supone que la Generalitat se quede con todos los recursos que se recauden en la comunidad, menos lo que transfiera al Estado, en concepto de pago por sus servicios y un fondo solidario con el resto de comunidades.
Para la materialización de este acuerdo, el Gobierno debería conseguir la aprobación en el Congreso de la reforma de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), una ley orgánica que necesita de mayoría absoluta en la Cámara Baja. De momento, tanto Compromís como Chunta Aragonesista han advertido de que no aprobarán ninguna modificación del sistema que no implique una mejora en la financiación de sus comunidades autónomas. Esas dos formaciones suman 3 diputados, suficientes para tumbar esa votación.
La portavoz del Gobierno, no obstante, ha sorteado todas las preguntas referidas al tema y ha insistido en la satisfacción por el pacto alcanzado en las últimas horas, que tiene que ser ratificado esta semana tanto por el PSC como por ERC. Alegría ha basado sus respuestas en una de las consignas del Ejecutivo: “Si hoy Catalunya está mejor, no es fruto de la casualidad sino de algo tan revolucionario como el diálogo que ha puesto en marcha este Gobierno”.