El Gobierno contrapone la salida de la directora de la Guardia Civil a la inacción del PP frente a la corrupción

En el preliminar de la campaña electoral en el que consistió la moción de censura de Vox contra el Gobierno –que este miércoles fracasó en el Congreso– cada partido fue exhibiendo sus cartas para las próximas elecciones municipales y autonómicas. Durante su intervención, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, retó al Partido Popular a hablar de una serie de casos entre los que incluyó a la alcaldesa de Marbella y candidata a revalidar el cargo, Ángeles Muñoz. Eran casi las 10:00 de la mañana del miércoles. Apenas tres horas después, la hasta entonces directora de la Guardia Civil, María Gámez, renunciaba al cargo porque su marido acababa de ser citado a declarar como investigado en una derivada del caso de los ERE de Andalucía. 

Con su gesto, el Ejecutivo exhibía contundencia con la corrupción frente a la inacción que reprocha al PP en este ámbito. Y, por si quedaba alguna duda, ya por la tarde, Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior y jefe de Gámez, aseguraba que la marcha de esta es “injusta, pero necesaria” y que responde a “esos altos estándares de profilaxis y de decencia democrática que practica este Gobierno”. Otros, ha añadido, “se rasgan las vestiduras con la paja en el ojo ajeno pero miran para otro lado cuando la viga asoma en el suyo”

El PP no se dio por aludido. La casualidad quiso que también este miércoles un juez de Badalona (Barcelona) enviara a juicio al antiguo alcalde de la localidad y candidato a recuperar el puesto, Xavier García Albiol, acusado de un delito de prevaricación. A las pocas horas, el partido descartaba apartar a Albiol pese a que sus estatutos indican que se suspenderá cautelarmente “de afiliación y funciones” a cualquier militante contra el que se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito de corrupción. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es claro respecto a incluir la prevaricación dentro de la tipología delictiva de la corrupción. 

Con la aceptación de la renuncia de Gámez los socialistas elevan el listón de la tolerancia con los indicios de corrupción hasta un nivel inédito. La ya exdirectora de la Guardia Civil no es mencionada en los informes de la UDEF ni en ningún escrito judicial de la causa en la que su marido aparece desde hace dos años. Y, a preguntas de los periodistas, Grande-Marlaska dijo que no le cabía “ninguna duda” de la honorabilidad de Gámez, “antes, ahora y siempre”. 

El Gobierno y los socialistas pusieron desde un principio como ejemplo de su intolerancia con la corrupción la inmediata expulsión del partido y del Congreso de Bernardo Fuentes Curbelo, el diputado investigado en el ‘caso Mediador’. Las referencias de la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, al asunto durante su intervención en la moción de censura incendiaron a su homónimo socialista. 

“¿Hablamos de la alcaldesa de Marbella a la que han aflorado 12 millones de euros en paraísos fiscales, con la que su presidente se hace fotos prometiéndole que va a ser candidata?”, “¿Hablamos del presidente del Consell de Ibiza implicado con el que su presidente come habitualmente? ¿Su ministro del Interior al que el fiscal pide 15 años? ¿De cómo irse de vacaciones con un narcotraficante? ¿Hablamos de qué es tapar la corrupción?”, expuso, vehemente, López.

Por similitudes y proximidad electoral, el caso de la alcaldesa de Marbella es al que los socialistas tienen más fácil de recurrir para contrastar con el de Gámez. El marido de Ángeles Muñoz falleció el pasado 4 de marzo, pero antes la Audiencia Nacional le había procesado por integración en organización criminal y blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. 

A diferencia de María Gámez, la alcaldesa de Marbella sí aparece mencionada varias veces en la causa contra su marido. Concretamente en tres informes de la UDEF en los que se solicitaba al juez que abriera una nueva línea de investigación por tres delitos de corrupción (tráfico de influencias, cohecho y prevaricación) después de haber hallado indicios de que el hijastro de Muñoz se beneficiaba para sus negocios del poder de la regidora marbellí. La Fiscalía Antidroga y el magistrado ignoraron la pretensión de los investigadores policiales. 

En las escuchas, Joakim Broberg, uno de los presuntos cabecillas de la red de narcotráfico, se jactaba de las victorias del PP en la Junta y en los municipios de la Costa del Sol, y en especial en Marbella, para decirle a un socio: “La ciudad es nuestra. Tenemos la jodida Andalucía”.

En el sentido opuesto, los socialistas se arriesgan a que la mujer de su líder en Andalucía, Juan Espadas, sea formalmente imputada por el mismo juez de Sevilla que ha imputado al marido de Gámez, pero en un caso distinto. Técnico de la Consejería de Empleo, Carmen Ibanco ya fue citada por la Guardia Civil como “investigada”, si bien esta figura no equivale a la imputación judicial, competencia exclusiva del juez de instrucción. El PP ya recurrió a este caso cuando los socialistas cargaron contra la elección de Ángeles Muñoz por parte de Juan Manuel Moreno Bonilla para revalidar la Alcaldía de Marbella.

La imputación del marido de Gámez

En el caso de la ya ex directora de la Guardia Civil, el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla investiga presuntos delitos de prevaricación y malversación por la transferencia de 339.701 euros desde el Grupo Santana Motor a la empresa Experience Management Group SL entre los años 2009 y 2011, cuando Bienvenido Martínez era directivo de ambas sociedades y bajo el argumento del alquiler de un despacho. Santana Motor había sido rescatada por el Gobierno socialista de Andalucía. Al tiempo, la empresa de Bienvenido transfirió dinero a otras dos, propiedad de sus hermanos Manuel y Juan Carlos. Este último es el marido de María Gámez.

Por aquel entonces, Gámez era delegada del Gobierno en Málaga (2008-2010) y después candidata del PSOE a la Alcaldía de la ciudad en las elecciones de 2011. La imputación de su marido responde al contenido de dos informes de la UDEF de 2021 que el entorno de Juan Carlos Martínez siempre ha considerado forzados y que permitieron, en cualquier caso, darle relevancia mediática al caso posibilitando incluir a la directora general en los titulares. 

Martínez fue directivo de la Agencia para la Innovación y el Desarrollo de Andalucía (IDEA), de carácter público, y ejerció labor de asesoría para otras sociedades vinculadas a la Junta que recibían fondos de la farmacéutica Rovi, subvencionada a su vez por IDEA. El pasado 23 de febrero, el juez José Ignacio Villaplana dictó un auto en el que resume los hechos y declara investigadas a tres personas, entre ellas Bienvenido, cuñado de Gámez. Hace seis días, el magistrado dictó una providencia ampliando el contenido de ese auto y las imputaciones, en la que se incluía a Juan Carlos Martínez. La providencia fue notificada al marido de Gámez este mismo miércoles, según un portavoz de la Guardia Civil, poco antes de que ella acudiera al Ministerio del Interior a presentar su dimisión. 

Marlaska, puente de plata

Grande-Marlaska decidió comparecer horas después de Gámez para decir que ha sido “la mejor directora en la historia de la Guardia Civil”, incluso por encima del Duque de Ahumada, según aclaró en una de sus respuestas. El tamaño de sus loas contrasta con la frialdad con la que trataba desde hace meses a María Gámez, que nunca había llegado a ser un cargo de su confianza y con la que se comunicaba solo a través del secretario de Estado.

Pese a su proyección mediática como subdelegada del Gobierno en Andalucía –reconocida fue su función de portavoz durante las agónicas tareas de rescate de Julen Roselló, el niño que murió tras precipitarse por un pozo–, Marlaska ha mantenido a Gámez lejos de los medios de comunicación. Grande-Marlaska y la cúpula de la Guardia Civil mantienen un enfrentamiento soterrado desde casi el comienzo del mandato del ministro y que no cesó con la llegada de Gámez a la Dirección General. El titular de Interior consideraba que la recién dimitida tampoco había logrado controlar a los generales.

La elegida para sustituir a Gámez al frente de la Guardia Civil es Mercedes González, actual delegada del Gobierno en Madrid, quien ha mostrado especial sintonía con las Fuerzas de Seguridad en el puesto y ha gestionado sin grandes sobresaltos el complicado puesto de coordinación de Policía Nacional e instituto armado en la región. En la elección de González ha pesado también la difícil convivencia política que presentaba con los candidatos socialistas a la Comunidad y a la Alcaldía de la capital, Juan Lobato y Reyes Maroto, aseguran fuentes del PSOE.