La quinta noche consecutiva de disturbios, la más furiosa de todas en el epílogo de la huelga general entre el viernes y el sábado, dejó un balance de 182 personas heridas, 83 detenciones y un álbum de fotos que pinta el centro de Barcelona como una ciudad sitiada entre barricadas, hogueras y un suelo de cristales, chatarra y cenizas. Si se extiende el cómputo a toda la semana, esas cifras se multiplican: casi 600 personas han tenido que ser atendidas por los servicios de salud en Catalunya y desde que arrancaron las protestas las fuerzas policiales cuentan 300 arrestos. El Ayuntamiento de Barcelona cifra los daños de seis días de algaradas en dos millones de euros. El aeropuerto internacional de El Prat estuvo bloqueado durante horas el lunes y tuvo que cancelar el 20% de sus vuelos. Tres personas han perdido la visión de un ojo, presuntamente por impactos de pelotas de goma disparadas por la policía (los mossos tienen prohibido usarlas). Todos los partes son provisionales porque cada noche últimamente en Barcelona abre una página en blanco.
El conflicto político en Catalunya ha derivado en menos de una semana -desde el lunes en que se conoció la sentencia del Supremo que condena a los líderes independentistas y sociales que impulsaron el procés a penas de entre nueve y trece años de cárcel- en una gigantesca crisis de orden público que ha pillado a la política española en campaña y a las dos líderes que deben gestionar la situación con gobiernos provisionales, poco legitimados para explorar soluciones a medio plazo.
Pedro Sánchez encarna ahora a un presidente en funciones con su capacidad de gestión limitada por la Constitución al despacho de asuntos cotidianos, y, sobre todo, a un candidato que pugna por revalidar el poder en las urnas el próximo 10 de noviembre. Su equipo de asesores ha concluido que las opciones para crecer en las encuestas pasan por explotar la exhumación de Franco (prevista para la próxima semana) pero también por exhibir mano dura con el independentismo y aparecer como el líder que demostró firmeza ante el último capítulo del desafío soberanista, la respuesta en la calle a la sentencia del Supremo.
Enfrente está Quim Torra, un presidente deslegitimado incluso entre un sector del independentismo, que a duras penas puede mantener en pie su gabinete -el Govern está roto a la mitad -Junts per Catalunya, por un lado; ERC, por el otro-, incapaz hasta el momento de sacar adelante los presupuestos y con una portavoz que se ha hecho famosa por sus salidas de tono (esta semana justificó las cargas de los Mossos en El Prat alegando que trataban de evitar que se acusase a los manifestantes de sedición si irrumpían en las pistas). Como Sánchez, también la estrategia de Torra (y de las diversas fuerzas independentistas) responde a las prisas electorales. La prueba de la soledad del president es que su propuesta de recuperar en esta legislatura la celebración de otro referéndum ha pasado inadvertida en la semana en la que todos los focos apuntan a Catalunya.
El president, en medio de las protestas y los disturbios abandonó su despacho oficial este jueves para recorrer unos kilómetros con una de las columnas que marchaba hacia la capital por una carretera cortada. Y se ha limitado a condenar la violencia con la boca pequeña, mientras la oposición le reprocha su complicidad con los CDR.
La relación entre Sánchez y Torra, que intentaron un acercamiento a finales de año e incluso celebraron una reunión en Pedralbes para tratar de encontrar una agenda conjunta- es hoy inexistente. La fase del diálogo la dio por terminada Moncloa después de que los partidos independentistas catalanes tumbasen sus presupuestos en el Congreso y la consiguiente convocatoria de elecciones para el 28 de abril.
Este sábado Sánchez ni siquiera contestó a la llamada telefónica de Torra, quien en las últimas horas ha pedido una reunión urgente para negociar una salida “política” al conflicto. El Gobierno ha emitido un comunicado en el que exige al president de la Generalitat una condena “rotundamente de la violencia, algo que no ha hecho hasta el momento”, y reconocer “el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Mossos”, además de solidarizarse “con los policías heridos”.
En el texto remitido a los medios, el Gobierno insiste en que “siempre ha estado a favor del diálogo dentro de la ley” y que para retomarlo Torra “debería reconocer a la otra parte de catalanes, que no son independentistas, y que le están reclamando reconstruir la convivencia dañada por el independentismo”. El comunicado remata diciendo que el problema en Catalunya no es la independencia, “que no se producirá, porque no es legal, ni la quiere la mayoría de catalanes”, que lo que quieren es “la convivencia”. Horas después el president replicó con una carta en la que subió el tono contra Sánchez: “Usted no me ha de dar lecciones a mí de condenar y luchar contra la violencia porque yo he luchado siempre y condenado siempre todas las violencias. Todas”.
La estrategia de Sánchez
El mensaje del Ejecutivo central está en línea con la estrategia de no dar ni agua al independentismo que monopolizará su campaña. El entorno del presidente ha llegado a valorar los efectos electorales de aplicar medidas excepcionales como la ley de seguridad nacional para tomar el control de los Mossos si la colaboración entre cuerpos policiales no funciona. Una medida que de momento el Gobierno ha descartado alegando que la policía catalana está actuando con profesionalidad.
Pero ni Sánchez ni Torra están solos en esto. La proximidad de las elecciones añade un contexto diabólico a una situación ya de por sí muy complicada. Las tres derechas representadas en el Congreso de los Diputados -PP, Ciudadanos y Vox- alimentan el choque con el independentismo en busca también de réditos electorales mientras un indisimulado nacionalismo español se hace hueco en las instituciones. Albert Rivera, cada vez más hundido en las encuestas, insiste en el mantra del 155 y la necesidad de suspender la autonomía en Catalunya. Llegó a exigirlo Ciudadanos hace meses como respuesta a unos tuits de Torra e insiste en su aplicación durante la última semana, a pesar de que por el medio el Tribunal Constitucional se ha pronunciado para limitar las posibilidades de aplicación y descartar su mantenimiento indefinido.
Estos días, los dirigentes del partido que presentó una moción de censura que fracasó en el Parlament contra Torra en el inicio de la campaña de las generales multiplican su presencia en los medios para exhibir la posición más dura con el soberanismo.
La noche del viernes con las imágenes del centro de Barcelona en llamas de fondo en el televisor de su casa, Rivera improvisó una comparecencia en Twitter para cargar contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y contra Sánchez e insistir en que el Gobierno debe cesar a Torra a través del 155 y poner a otros gobernantes en la Generalitat: “Hay que aplicar la Constitución sin complejos para cesar a Torra, el cortacarreteras y poner un gobierno decente que garantice la seguridad, retome el control de las calles y que la gente pueda salir a comprar, a llevar a sus hijos al colegio y a vivir, a lo que les dé la gana. [...] Me voy a dejar la piel estos días para convencer al Gobierno de aplicar el 155, es el único que puede hacerlo pero hay que hacerlo ya”.
También Casado, ha reclamado al Gobierno estos días que envíe un requerimiento a Torra como paso previo a la aplicación del 155. El líder del PP, que en las últimas semanas exhibe un tono más moderado y al que todas las encuestas auguran una notable recuperación a costa de Ciudadanos, se ha presentado como el “dique de contención ante la kale borroka catalana”.
Ambos habían prometido lealtad al gobierno en el asunto catalán tras las reuniones de los líderes políticos con el presidente el mismo lunes. Pero la publicación de una foto de Grande Marlaska del Interior cenando con su jefe de gabinete en un restaurante próximo al ministerio la primera noche de disturbios hizo saltar por los aires esa unidad impostada y tanto Ciudadanos como PP se lanzaron a pedir la dimisión del responsable de Interior. La campaña manda.
Por la izquierda, Pablo Iglesias, al frente de Unidas Podemos, ha lamentado lo sucedido estos días en Catalunya pero mantiene la apuesta por la vía del diálogo y el acercamiento y denosta las soluciones judiciales a problemas políticos, algo que también ha hecho Íñigo Errejón desde su recién creado partido, Más País.
El ruido de las vísperas electorales pesa también y mucho en Catalunya, donde, según todos los sondeos, los socialistas recuperan buena parte del voto que habían perdido en favor de Ciudadanos. En el flanco independentista la novedad será que la CUP ha decidido concurrir por primera vez a los comicios generales. Las encuestas publicadas apuntan a que puede lograr representación a costa de ERC. Y esa presión de la fuerza antisistema influye en los republicanos catalanes, a los que sectores de la izquierda española consideran el partido clave ahora para rebajar el conflicto, después de que hayan abjurado de la vía unilateral. Quienes conocen por dentro la situación de ERC apuntan que no cabe esperar pasos tampoco en plena competición electoral antes del 10 de noviembre. Otra cosa es que desde hace meses en la cúpula repúblicana están convencidos de que sin presupuestos y con la falta de liderazgo de Torra están abocados a forzar un adelanto de las elecciones autonómicas.
Los sondeos señalan que el bloque independentista puede todavía superar los 22 escaños de abril (15 de ERC y 7 de JxCat) el 10 de noviembre. Con lo que el problema catalán seguirá ahí el 11 de noviembre, presumiblemente agravado por los excesos de los discursos mitineros.
Esa pujanza electoral del independentismo contrasta con la delicada situación del Govern de Torra, al que ya piden la dimisión incluso los comunes de Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, quien ha optado por un perfil bajo durante la semana más conflictiva en años que ha vivido la ciudad pero que ha activado junto al republicano Roger Torrent y los principales sindicatos y varias entidades una mesa que pretende denunciar la violencia y la judicialización derivada del conflicto catalán.
Nota al pie: la violencia que la Fiscalía General del Estado, los informes de la Guardia Civil, la Audiencia Nacional, un puñado de jueces y la mayoría de la prensa española atribuyeron al movimiento independentista catalán durante los últimos dos años ha acabado aflorando en Barcelona y otras localidades catalanas en la respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo, que este lunes condenó a penas de cárcel de entre nueve y trece años a los líderes políticos y de movimientos sociales que impulsaron el procés.
Paradójicamente, el estallido en Barcelona y en otras ciudades se ha producido después de que el Supremo descartase esa violencia concertada, necesaria según el Código Penal para condenar a alguien en España por rebelión, el delito más grave del que se puede acusar a un dirigente político. La acusación de rebelión con las consabidas apelaciones a una supuesta violencia organizada sirvieron durante la instrucción para inhabilitar -antes de que hubiera sentencia- a los diputados del Parlament, incluidos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, las dos máximas autoridades del Govern hasta que este fue destituido por el Gobierno de Mariano Rajoy en aplicación del artículo 155 de la Constitución. La violencia ha salido ahora sí de los informes policiales y los escritos de acusación a la calle por parte de una muchedumbre descontrolada -los investigadores calculan que son 1.500 personas- entre la que se han mezclado un grupo radical de antisistemas y anarquistas (500 muy violentos según los Mossos) que no atienden a las consignas de líderes políticos ni sociales. Poco que ver con las reivindicaciones pacíficas y festivas que han venido convocando los partidos soberanistas durante siete años consecutivos y en las que apenas ha habido incidentes. La última, este viernes, salió menos en televisión pero reunió a medio millón de personas.