Gobierno y Generalitat reunirán la mesa de diálogo la última semana de julio

Una vez recompuestas las relaciones del Gobierno y ERC tras el escándalo del espionaje, Pedro Sánchez y Pere Aragonès han acordado reunir la mesa de diálogo la última semana de julio. Los presidentes se han reunido en el Palacio de la Moncloa durante cerca de una hora y 45 minutos. Los presidentes delegarán ahora en los equipos la mesa de diálogo y en Moncloa insisten en la necesidad de que participe también Junts, en un momento muy tenso de las relaciones entre los socios del Govern. La intención de ambas partes es que de la cita de la última semana de mes salgan acuerdos concretos en los asuntos en los que se ha avanzado, pero mantienen una gran distancia en lo que a la solución del conflicto territorial se refiere.

Gobierno y Generalitat siempre habían dicho que la mesa de diálogo se reuniría cuando hubiera acuerdos que ratificar. “Son muchos los temas que están siendo trabajados entre la Generalitat y el Gobierno. Hay un trabajo previo, vamos a determinar la agenda de trabajo, pueden imaginar que tenemos temas avanzados y por eso la oportunidad de concretarlos y avanzarlos”, ha respondido de manera genérica la portavoz, Isabel Rodríguez, que ha deslizado que habrá puntos de encuentro en esa cita, aunque ha rechazado dar pistas sobre los temas en los que hay acercamiento. 

No obstante, ha negado que se hayan abordado tres asuntos clave para las partes: la reforma del delito de sedición que quiere impulsar ERC, pero que el Gobierno enfría dado que dice que no hay mayoría suficiente; ni los Presupuestos Generales del Estado que comenzarán a tramitarse en septiembre; ni tampoco del apoyo que el abogado de la UE ha dado a España respecto a la extradición de Carles Puigdemont. En todo caso, la socialista ha asegurado que respetan todas las resoluciones judiciales.

Primeros acuerdos

En su comparecencia tras el encuentro, Aragonès ha dado por hecho que en la próxima reunión de la mesa se abordará “la desjudicialización del conflicto” y se alcanzarán “los primeros acuerdos parciales para poner fin a la represión”, ha dicho. Sobre estos posibles acuerdos, el jefe del Govern no ha querido avanzar, pues ha afirmado que aunque los trabajos están avanzados aún deben concretarse en la mesa.

“Terminar con la criminalización y con la represión es imprescindible para avanzar”, ha dicho Aragonès, que sin embargo ha asegurado que los acuerdos en el ámbito de la desjudicialización son los prioritarios pero no los principales. “No debemos engañar a nadie: abordar la desjudicialización es muy importante pero mientras la ciudadanía de Catalunya no pueda decidir su futuro político en libertad, estamos lejos de resolver el conflicto político”, ha dicho.

A pesar de la sintonía que ambas partes han mostrado y de la intención de cerrar acuerdos a finales de julio, la portavoz ha reconocido que las posiciones siguen muy distantes con respecto a la solución del conflicto de fondo. “Respecto a la causa independentista, saben cuál es la posición del Gobierno, no hay que obviar (...) que estamos en posiciones muy distintas, con diferencias enormes y la posición del Gobierno sigue siendo la defensa de la Constitución y su Título VIII, pero tenemos claro que la única manera para acercarnos y avanzar es el diálogo”.

¿Participará Junts?

Gobierno y Generalitat tendrán ahora que designar las delegaciones que acuden a la reunión de la mesa de diálogo. Ya en la cita del pasado mes de septiembre Junts se ausentó obligando al Ejecutivo de Sánchez a recortar sus miembros. “Para que el diálogo sea positivo, todos debemos esta representados. Quien decida no participar tendrá que explicarse ante los catalanes y catalanas”, ha respondido Rodríguez. “He informado a mis socios de Gobierno de la convocatoria de esta mesa y mi voluntad es que participe y cuente con la tenga el apoyo de cuantos más espacios políticos, mejor”, ha dicho Aragonès tras su cita con Sánchez.

El encuentro se ha hecho esperar, pero durante este tiempo los equipos habían mantenido el contacto, pese a la ruptura por el espionaje, que llevó a Aragonès a pedirle esta reunión a Sánchez cuando coincidieron en un acto en Barcelona en el mes de mayo para que le diera explicaciones “cara a cara”. Su teléfono fue uno de los interceptados por el CNI. Desde entonces, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la consellera del área, Laura Vilagrà, han mantenido un total de tres reuniones, dos en la ciudad condal y uno en Madrid. El primero fue el más tenso. El Gobierno ofreció a la Generalitat una investigación de lo sucedido a través del Defensor del Pueblo, la entrada de las fuerzas independentistas en la comisión de secretos oficiales del Congreso, donde dio explicaciones la entonces directora del CNI, Paz Esteban, y una investigación interna en el centro de los espías, además de un cambio en la ley que lo regula y una actualización de la ley de secretos oficiales.

Compromiso de colaborar en investigaciones sobre espionaje

Aragonès ha asegurado que los pasos dados por el Gobierno son insuficientes, pero también ha remarcado que Sánchez le ha trasladado su compromiso para colaborar con las investigaciones judiciales. En este sentido, el president ha recordado que hace dos semanas presentó su querella que, ha asegurado, le permitirá reclamar diligencias judiciales.

Fijar una primera fecha para la mesa de diálogo era uno de los objetivos de máximos del Govern, que llegaba a la reunión con voluntad de ofrecer la máxima colaboración a Sánchez a cambio de un calendario para la negociación y avances concretos en la mesa. En el último documento pactado, el viernes de la semana pasada, ya hubo un compromiso por celebrar dos reuniones en lo que queda de año. La última vez que se reunió la mesa de diálogo fue en septiembre en Barcelona.

La prioridad de los de Aragonès es pactar con el Gobierno reformas legislativas para aliviar algunas de las causas judiciales en las que están inmersos tanto líderes independentistas como activistas. Entre otras, ERC persigue la reforma de la Loreg para evitar que se den casos de inelegibilidad sobrevenida o también que pueda acusarse por malversación a políticos que no se han enriquecido ni personalmente ni a terceros.