Los restos de Franco serán exhumados del Valle de los Caídos antes del 25 de octubre
El Consejo de Ministros ha vuelto a dar luz verde al proceso de exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos para su posterior reinhumación en el cementerio de El Pardo tras recibir el visto bueno del Tribunal Supremo. Se hará entre entre hoy y el 25 de octubre –el Ejecutivo calcula que será entre el 18 y el 22 de ese mes–. La familia será avisada con 48 horas de antelación, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: “El dictador antes del 25 de octubre no va a estar en el Valle de los Caídos”.
El Gobierno ha fijado una horquilla de días en las que puede llevarse a cabo para cerrar algunos aspectos relacionados con la seguridad y cuestiones técnicas. Moncloa avisará a la familia del dictador 48 horas antes para que pueda estar presente y también difundirá la fecha concreta a los medios de comunicación en ese momento.
Dando ese plazo, el Gobierno cambia el procedimiento respecto al de hace unos meses, cuando anunció que la exhumación sería el 10 de junio a las 10 horas de la mañana. Calvo ha explicado que durante este periodo de tiempo se tomarán las “decisiones técnicas y de seguridad” pertinentes para el procedimiento que tendrá un coste total que rondará los 11.000 euros.
El dispositivo de seguridad es una de las cuestiones que más ha preocupado al Ejecutivo en la preparación de la exhumación del dictador ante la posible presencia de exaltados. Por esa razón, el Valle de los Caídos permanecerá cerrado desde este sábado hasta que se produzca la exhumación que, según fuentes gubernamentales, será entre los días 18 y 22 de octubre.
Calvo ha reconocido que quedan flecos del dispositivo por cerrar, como el traslado de los restos y si se producirá por medios aéreos o terrestres. La fórmula favorita de la Guardia Civil para el traslado del féretro era en helicóptero y la vicepresidenta no lo ha descartado.
“Necesitamos poner en pista ya de salida los elementos puramente técnicos en un lugar que es una basílica en un entorno que va a estar cerrado el tiempo que necesitemos para que haya los elementos para que se traslade de forma segura y de la manera menos incómoda para los ciudadanos”, ha explicado Calvo.
La intención del Gobierno es que la retirada de los restos se produzca con “discreción” por lo que a la basílica no podrán acceder los medios, que aguardarán en la explanada que hay delante de la basílica y podrán ver un coche en el que salga el féretro. El Gobierno tiene la determinación de colocar inhibidores para impedir que se grabe en el interior de la basílica, a donde accederá la familia si lo estima oportuno, los operarios, y la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en su calidad de notaria mayor del reino. También estará permitida una “breve e íntima ceremonia acorde a las preferencias religiosas” de la familia.
El Ejecutivo asegura, además, que la negativa del prior a autorizar la entrada en la basílica para sacar los restos del dictador no será ningún problema para llevar a cabo la ejecución porque cuentan con la resolución “clara” del Tribunal Supremo. “Es una situación rotunda de los tres poderes del Estado”, ha dicho Calvo en referencia al cumplimiento de un mandato que surgió del Congreso en mayo de 2017 con la aprobación de una proposición no de ley que reclamaba la exhumación, la posterior decisión del Consejo de Ministros de llevarlo a cabo y la sentencia del alto tribunal.
“Este es nuestro tercer y último acuerdo del procedimiento administrativo”, ha celebrado la vicepresidenta, que ha asegurado que con él se cierra “con dignidad rotundamente lo que no era digno”, es decir, “no tener al dictador en una tumba de Estado”. “Queremos que ese lugar se circunscriba a la paz, al perdón, a la justicia de quienes fueron víctimas de una atroz contienda. Nuestra ley, Naciones Unidas, el Parlamento dicen que el dictador no podía estar en el mismo lugar en el que estaban las víctimas”, ha sentenciado.
