El Gobierno ha levantado el pie del acelerador jurídico –que no declarativo– evitando pedir al Constitucional la inhabilitación de los miembros de la Mesa del Parlament que este miércoles han participado en la admisión a trámite de la Ley de referéndum. De haber querido, Moncloa tan solo tendría que hacer uso de la reforma de la ley que regula el Constitucional, aprobada en 2015 con la mayoría absoluta de los de Rajoy.
Esa reforma convertía al Constitucional en un órgano jurídico con capacidad para ejecutar medidas que garanticen el cumplimiento de sus sentencias. Dicho de otro modo, el Constitucional ganó en esa reforma la capacidad para inhabilitar a cargos electos.
La reforma de 2015 nunca se ha llegado a aplicar en este punto y hay discrepancias internas en el Constitucional sobre la posibilidad de acabar convirtiéndolo en un tribunal con carácter penal.
La última renovación del TC, pactada por PP y PSOE, demostró la existencia de un entendimiento fundamental entre progresistas y conservadores ante la manera de afrontar el desafío independentista.
El consenso se rompe en el Constitucional cuando se trata la cuestión de inhabilitar a políticos. “Que el TC inhabilite a un político sería un hecho inédito sobre el que no hay acuerdo pleno entre los magistrados. Nos ha costado mucho encontrar la unanimidad, así que el Gobierno debería tener cuidado porque el Constitucional no es un tribunal de guardia”, aseguran fuentes del TC.
Según las mismas fuentes, el incidente de ejecución de sentencia presentado por el Gobierno carece de sentido y se trata solo de un símbolo: “Sería más razonable que Moncloa esperase a que la ley del referéndum se hubiera aprobado para presentar un recurso de inconstitucionalidad. Es un trámite mucho más rápido”.
Sin embargo, Moncloa quiere dar la sensación de que va a reaccionar a cada movimiento que llegue desde Barcelona, conscientes de que la celebración de la Diada está a la vuelta de la esquina y podría suponer un paso más en la pugna que enfrenta a los gobiernos de Puigdemont y Rajoy.
Pocas horas después de la admisión a trámite de la Ley de referéndum, Abogacía del Estado ya había presentado su recurso. Pese a los temores de algunos magistrados, el texto redactado bajo la supervisión de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha evitado pedir inhabilitaciones.
En las declaraciones, el Gobierno es más rotundo que en sus escritos jurídicos. Fuentes del Gobierno se mostraban este miércoles tajantes ante la cuestión catalana: “Vamos a ir a por todos los que se salten el Estado de derecho y la ley”. En Moncloa no van a cejar hasta llevar al Tribunal Constitucional a todos los cargos, políticos o funcionarios que contribuyan a la aprobación de las leyes de referéndum y transitoriedad jurídica y se busca que el alto tribunal actúe con “la máxima contundencia”, no solo con “declaraciones de nulidad de las decisiones administrativas”.
Con este objetivo, la vicepresidenta del Gobierno anunció este miércoles que en el incidente de ejecución de sentencia contra la tramitación de la ley de referéndum en el Parlament de Catalunya se habían incluido peticiones de responsabilidades penales directamente contra la presidenta de la Cámara autonómica, Carme Forcadell, y los diputados de la Mesa Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó.
Sobre el papel, esa amenaza queda limitada a la recomendación de que el Tribunal deduzca testimonio a todos los que hayan participado en los actos que se recurren.
El Ejecutivo no solo se quiere quedar ahí. Sáenz de Santamaría añadió que en el incidente de ejecución de sentencia habían solicitado una “deducción de testimonios de particulares” para que tengan que asumir responsabilidades los diputados y funcionarios que hayan participado en la admisión a trámite de la ley, su publicación en el Boletín del Parlament y el rechazo de las consideraciones de la oposición, los tres actos administrativos que fundamentan el recurso propuesto por el Ejecutivo. “Votar esa proposición de ley tiene grave consecuencias y los diputados lo saben”, añadió la vicepresidenta.
Fuentes del Gobierno no descartan que, una vez que se apruebe la norma, la petición de inhabilitaciones pueda llegar hasta el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, u otros miembros del Ejecutivo autonómico. Esa opción jurídica no cuenta a día de hoy con el pleno consenso de los magistrados que tendrán que evaluar esas peticiones.