El Gobierno lanza su plan para la recuperación de los hogares con el lastre del precio de la luz

El Gobierno ha aprobado el plan normativo para lo que queda de año en el que Pedro Sánchez quiere poner el foco en la recuperación social y económica tras la pandemia de la COVID-19. Se trata de 144 iniciativas legislativas, de las que una cerca de una tercera parte son compromisos adquiridos con la Comisión Europea en el marco del plan de recuperación; pero renuncia a algunas de las que ya eran prioridades en 2020 aunque no se llevaron a cabo, como la reforma integral del Código Penal o la ley de secretos oficiales. En un momento con las encuestas en contra, el Ejecutivo pretende que la bonanza de la economía llegue a todos los hogares y que la recta final de 2021 sea el momento de la recuperación. Sin embargo, el desorbitado precio de la luz, que este miércoles batirá su tercer récord consecutivo en lo que llevamos de semana, amenaza con lastrar esos planes.

“La prioridad que tenemos en el Gobierno es la recuperación económica y social, que recuperemos nuestra vida normal, que el crecimiento económico se traduzca en bienestar para todos los españoles. Esa es la prioridad absoluta”, ha resumido el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, para justificar que haya quedado fuera del plan normativo la promesa de modificar los delitos de rebelión y sedición para adecuarlos a otros países europeos. La intención del presidente, señalan en el Gobierno, es pasar página de los peores momentos de la pandemia ahora que España llega al objetivo del 70% de la población vacunada y en eso centrará su intervención este miércoles ante representantes del Ibex y también de la sociedad civil en un acto en Casa de América.

“El paquete de normas iniciativas legislativas que hoy aprobamos no son más que una agenda económica y social para la recuperación justa”, ha reiterado Bolaños, que ha asegurado que es importante que la bonanza -está previsto que España sea el país que más crezca de su entorno en 2022- lleve consigo “cohesión social”, “que el crecimiento económico llegue a todos y llegue a través de mecanismos de redistribución y que no solo luchemos contra la pandemia sino que sigamos modernizando nuestro país”, ha expresado.

Pero en el Gobierno son conscientes de que el incremento del precio de la luz es una patata caliente que tiene un efecto en el bolsillo de los españoles mucho más claro que otro tipo de problemas y que también supone un conflicto dentro del Consejo de Ministros y con el resto de aliados parlamentarios, que piden más ambición a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Unidas Podemos ha hecho un llamamiento a la movilización para que el Gobierno intervenga el precio de la luz ante la negativa de los socialistas.

La parte socialista del gabinete ha eludido pronunciarse sobre ese pulso de su socio minoritario y lo ha enmarcado en la distinta posición de los grupos. “El asunto del precio de la luz es un asunto sobre el que existe absoluta sensibilidad en el seno del Gobierno”, ha dicho la portavoz, Isabel Rodríguez, que ha recordado que habla en las ruedas de prensa del Consejo de Ministros en nombre de todo el Ejecutivo. “Nuestra agenda es que esos indicadores positivos indiscutibles se traduzcan, como no puede ser de otra manera en un Gobierno progresista, en bienestar social y cohesión. Es prioridad para el Gobierno y muestra de ello es este plan normativo”, ha abundado.

“El Gobierno no parará de valorar cualquier acción posible para salvar esta situación que afecta a la economía de las familias y de las pymes”, ha agregado Rodríguez, que ha enumerado algunas de las medidas que se han puesto en marcha, como la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción energética, la ampliación del escudo social que el Gobierno prevé prorrogar o la reducción del IVA en la factura. “Estas medidas fiscales están amortiguando el golpe de la subida hasta en un 12%”, ha dicho Rodríguez, que ha calculado que las dos leyes sobre este tema que están en tramitación parlamentaria pueden abaratar el coste en torno a un 15% más. Fuentes gubernamentales aseguran que la pretensión es “agilizar” los trabajos de esas dos normas en las Cortes.

La factura de la luz ha monopolizado prácticamente las preguntas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros -más corta de lo habitual-. En Moncloa admiten que es un asunto complejo y que hace falta “pedagogía” para que se entienda hasta dónde puede llegar el Gobierno y lo que ya se ha puesto en marcha con el objetivo de que no enturbie su plan para la recuperación.