El Gobierno y el Partido Socialista han coincidido en apartar a los presidentes autonómicos del debate sobre la intervención en Catalunya. El reglamento del Senado prevé la posibilidad de que fuera la Comisión de Comunidades Autónomas la encargada de ordenar ese debate. En ese caso, se habría podido permitir a los presidentes autonómicos participar de la discusión y otorgarles turno de palabra durante el debate.
La opción elegida no ha sido esa y se ha preferido convocar una comisión mixta ad hoc para redactar la ponencia que marcará el modo final de aplicar el artículo 155 de la Constitución.
El espíritu que empuja la decisión finalmente adoptada lo resume un alto dirigente de Ferraz con las siguientes palabras: “Con esta decisión te ahorras la presencia de presidentes autonómicos”.
Ni Íñigo Urkullu, ni Francisca Armengol, Ni Uxue Barcos, ni Núñez Feijóo, ni Susana Díaz. Ninguno de los presidentes autonómicos podrá participar en la sesión que preparará el cese de Carles Puigdemont y la toma de control de las instituciones catalanas por parte de Madrid.
Algunos jefes de los gobiernos autonómicos habían manifestado su disposición a participar en ese trascendental debate. Es el caso del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo y de la presidenta andaluza, Susana Díaz. Ambos plantearon esa posibilidad durante los corrillos que se produjeron durante la recepción oficial convocada en el Palacio de Oriente con motivo de la celebración del 12 de octubre.
Con la limitación a la intervención de los presidentes autonómicos, Pedro Sánchez se evita tener que lidiar con un discurso de su presidenta en Baleares, Francina Armengol. La dirigente socialista se ha mostrado muy crítica con la deriva del Gobierno para controlar el desafío secesionista y no dudó en manifestar su disconformidad tras la detención de cargos públicos del Govern por su supuesta participación en la organización del referéndum. Sánchez se evita también otras intervenciones incontrolables para él: la de la presidenta andaluza, Susana Díaz, y la de su homólogo valenciano, Ximo Puig.
Desde el punto de vista de Moncloa, se busca potenciar la rapidez del trámite y la unidad de acción. A más debate, más posibilidad de que los matices pongan en cuestión las decisiones más duras adoptadas por el Ejecutivo. Además, el Gobierno de Rajoy impide con su maniobra que el debate catalán se reproduzca en el País Vasco. El PP es pleno conocedor de que sus decisiones en Catalunya le han costado el apoyo del PNV en los presupuestos y no quieren que en el Senado visualice esa falta de apoyos.
Lejos de abrir el debate a los presidentes autonómicos, PP y PSOE dejarán todo el trabajo en manos de solo 27 personas. Un pequeño grupo de senadores, en los que solo habrá un representante para cada uno de los partidos nacionalistas (ERC, PDeCAT y PNV).