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El Gobierno recurre al TC la ley de vivienda catalana que limita los precios del alquiler, pero no la suspende

(I-D) La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; y el ministro de Cultura, José Manuel Rodriguez Uribes, intervienen en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 15 de junio

EP

MADRID —

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MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Ministros ha acordado, en su reunión de este martes, interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley catalana de vivienda que habilita a poner límites a los precios del alquiler, aunque no ha solicitado suspensión cautelar de la medida porque, según ha dicho la ministra portavoz, María Jesús Montero, el Ejecutivo central espera tramitar en paralelo la Ley estatal de Vivienda.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha anunciado que, en concreto, se ha solicitado ante el Tribunal Constitucional la impugnación de los artículos 1, del 6 al 16; las disposiciones adicionales de la primera a la cuarta; la disposición transitoria primera y la disposición final cuarta letra b.

“Entendemos que vulnera las competencias estatales en esta materia”, ha justificado la ministra portavoz para presentar este recurso de inconstitucionalidad, que ya fue aconsejado así por el Consejo de Estado tras ser consultado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Eso sí, el Gobierno finalmente ha decidido no pedir la suspensión cautelar de la norma como un “gesto”, tal y como reconoció el secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

También, Montero ha defendido que la Ley estatal de Vivienda que están negociando los dos partidos gubernamentales --PSOE y Unidas Podemos-- incorporará muchos de los elementos que “ahora por competencia” se recurren ante el Tribunal Constitucional.

En cualquier caso, la ministra portavoz ha recordado que, este recurso de inconstitucionalidad llega tras seis meses de un diálogo con la Generalitat de Cataluña a través de una comisión bilateral para evitar este extremo.

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