El Gobierno ya trató de sancionar a los medios por publicar sumarios

La preocupación del Gobierno por rastrear las informaciones sobre investigaciones judiciales y tratar de atajarlas no es una nueva idea. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ya amagó el año pasado con legislar para impedirlo. La idea también la había esbozado el anterior titular de la cartera, Alberto Ruiz Gallardón, decidido a acabar con los “juicios paralelos” en la opinión pública. La intención no pasó a mayores ante la dificultad de trasladar la responsabilidad a los medios de la difusión.

Cuando Catalá se pronunció a favor de trasladar las sanciones a los medios de comunicación que publicaran detalles de casos bajo investigaciones judiciales filtrados lo hizo durante una charla en el Círculo Ecuestre de Barcelona y a propósito de una pregunta sobre los juicios paralelos y sobre el caso de Rodrigo Rato. El ministro habló entonces de “abrir el debate” sobre la necesidad de poner límites a algunas informaciones y de “castigar” a los miembros de instituciones que estuvieran detrás de la filtración.

En el caso de que estos sean funcionarios, lo hace el Código Penal por revelación de secretos. Si no lo son, y se trata de abogados, procuradores o “cualquier otra persona que no sea funcionario público”, es la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Su artículo 301 es el que señala como sanción en estos casos “de 500 a 10.000 euros”.

Pero al ministro de Justicia no le pareció suficiente: “Un buen debate sería trasladar la sanción al medio e imponer la obligación de la no publicación de la información. No estaría de más que pudiéramos debatir sobre esto, si de verdad nos creeemos que es bueno no vulnerar el principio de presunción de inocencia”. Eso sí, acto seguido Catalá se apresuró a avisar de que su departamento no trabajaba en ese sentido ni tenía “un proyecto sobre la mesa”.

La advertencia no le ahorró la inmediata protesta de asociaciones como la FAPE, que engloba a diversas asociaciones de prensa españolas. Su presidenta, Elsa González, recordó que no era la primera vez que se planteaba esta amenaza desde el Gobierno y planteó que revertiría en el derecho de los ciudadanos a recibir información de interés público. Las pegas no sólo llegaron desde los periodistas. También entonces fueron dirigentes políticos los que se llevaron las manos a la cabeza por el planteamiento y por la dificultad de perseguir a los informadores por ello.

Sólo unas horas más tarde, Catalá se veía obligado a dar marcha atrás ante el revuelo producido. “He puesto sobre la mesa la reflexión, que ha generado no sé si debate o ruido. Mi planteamiento no tiene nada que ver con penalizar a los medios, se trata de una consideración mucho más amplia”, precisó entonces.

En realidad, la idea no se le ocurrió a él sino a su antecesor en el cargo, Gallardón. El ministro, que dimitió de su cargo ante su fallida operación para endurecer la ley del aborto, se quedó con un borrador en el cajón que pretendía acabar con las “fantasías especulativas y juicios paralelos” en los casos en que se revelaran datos de un sumario bajo secreto. La medida incluía facultar a los jueces para acordar “el cese de la difusión”, es decir, secuestrar la publicación.