El Gobierno tendrá que negociar la duración del estado de alarma para garantizarse el mayor apoyo parlamentario

El Gobierno mantiene su intención de aprobar este mismo martes la prórroga al estado de alarma para que este dure seis meses, hasta el 9 de mayo de 2021. El Ejecutivo sostiene que así lo recomiendan los expertos y que sirve para dar un marco jurídico estable para afrontar a segunda ola de la pandemia y lo que advierte de que será la etapa “más dañina” de la COVID-19. Sin embargo, asume que tendrá que negociar con los grupos parlamentarios esa decisión si quiere sacarla adelante con el “abrumador respaldo” que pidió Pedro Sánchez dado que muchos han expresado sus reticencias a darle carta blanca durante medio año. Con su plan inicial, el Gobierno solo tendría que recibir el aval del Congreso esta semana y en los próximos seis meses sería el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el que daría explicaciones en la Cámara Baja, prácticamente como ha hecho hasta ahora, pero sin someterse tampoco a una votación.

Sánchez anunció el domingo su intención de solicitar al Congreso una prórroga del estado de alarma de medio año, que se sume a los 15 días iniciales que establece la ley. En esta ocasión, el decreto está hecho a la carta de las comunidades para que tengan el paraguas legal para restringir derechos, como la movilidad nocturna, las reuniones sociales o la entrada y salida en determinados territorios en lo que dure la pandemia. Con ese marco, el Gobierno pensó que podría contar con el apoyo de los partidos que tienen responsabilidades de gobierno en las autonomías.

Sin embargo, un amplio abanico de grupos, desde el PP a ERC pasando por Ciudadanos y algunos minoritarios, ven excesivo el plazo anunciado desde el Palacio de la Moncloa y apuestan por incluir cambios al decreto a través de las propuestas de resolución que se votarán el jueves en la misma sesión parlamentaria que la prórroga.

Con esos mimbres, desde el Ejecutivo asumen que tendrán que negociar. Ahora mismo el Gobierno cuenta con los votos suficientes (al menos con PSOE, Unidas Podemos, PNV y Nueva Canarias), pero para sacar la prórroga por la mínima y fuentes de Moncloa reconocen que “se busca el apoyo mayoritario”. “Estamos hablando con ellos”, señalan fuentes gubernamentales a elDiario.es. La agotadora negociación que tuvieron que llevar a cabo en las últimas prórrogas del estado de alarma de la primavera es lo que querían evitar por todos los medios en esta ocasión. La intención del Ejecutivo es que algunos de los partidos que han anunciado su rechazo en los términos anunciados por Sánchez salgan del 'no'. En esas conversaciones está el PP. Pablo Casado ha condicionado su apoyo a una prórroga de las medidas adoptadas este domingo siempre y cuando no se prolonguen más de ocho semanas. El jefe de la oposición hizo público el lunes por la mañana ese planteamiento que en la tarde del domingo le hizo llegar su jefe de gabinete, Pablo Hispán, al del presidente, Iván Redondo.

No obstante, el Ejecutivo le dio a priori un portazo: “El presidente ayer fue tremendamente claro, diáfano, cristalino. Lo fijó en seis meses si así lo aprueba el Congreso –dijo la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, encargada de trasladar la posición oficial–. El tiempo de seis meses tiene unos criterios objetivos, razonables, basados en la opinión de las personas expertas”. La ministra pidió a Casado que abandone las “condiciones” y mantuvo la intención de prolongar el estado de alarma seis meses de una tacada, aunque abrió la puerta a que no sea Illa quien dé las explicaciones si así lo “decide” el Gobierno. La rendición de cuentas por parte de Sánchez es una exigencia que plantean otros grupos, como Ciudadanos.

“Nuestras condiciones están claras. Esperamos que el Gobierno rectifique a la ministra Darias. Nuestra propuesta es muy razonable”, señalan fuentes de la dirección del PP, que aseguran que los gabinetes de Sánchez y Casado están en contacto: “Nuestra disposición al diálogo sigue ahí”. La propuesta de Casado es que la alarma se prorrogue de momento solo ocho semanas para “salvar la campaña” navideña. No obstante, los expertos ven un error situar las fiestas en el horizonte. También en Moncloa consideran que dos meses de excepcionalidad es un plazo demasiado breve.

Pero no solo el PP se resiste a apoyar los seis meses de alarma. Inés Arrimadas, que el viernes pidió a Sánchez por teléfono la activación de esa herramienta constitucional, también ve “excesivo” el periodo de seis meses que plantea el Gobierno. La líder de Ciudadanos exige que sea el presidente el que dé explicaciones periódicamente en el Congreso y que, además, de “medidas restrictivas de derechos” active “un Plan Nacional contra la pandemia” que incluya “un coordinador nacional de UCIs y de recursos sanitarios” al mismo que tiempo que ponga en marcha “un plan de rescate a los sectores afectados por la pandemia, como Pymes y autónomos”.

De los partidos que sustentan gobiernos autonómicos, Sánchez solo tiene amarrado el apoyo del PNV, que acepta la prórroga de seis meses dado que la autoridad competente para la aplicación de las restricciones es el lehendakari, Iñigo Urkullu.

ERC y JxCAT quieren negociar

Los independentistas catalanes, que habían reclamado la declaración del estado de alarma para poder imponer un toque de queda, han optado este lunes por las formas suaves para marcar las diferencias que tienen con el decreto aprobado. Tanto ERC como JxCat han asegurado que su voluntad es negociar con el Gobierno para aprobar una prórroga que habilite un marco legal más adecuado a sus intereses. El PDeCAT, por su parte, ya ha anunciado que sus cuatro diputados apoyarán al Ejecutivo.

Los republicanos hacen dos salvedades. Por un lado consideran que el nuevo decreto debe dar al Govern aún más competencias, por ejemplo, dejar claro que la Generalitat puede decretar un confinamiento total o temporal. La idea de reclusiones de fin de semana está sobre la mesa del Govern. Por otro, argumentan que los seis meses de margen que reclama el presidente Sánchez son “abusivos”, y creen que el control parlamentario debe ser más frecuente.

Desde Junts hacen suyas estas dos quejas y, además, consideran que el decreto aprobado se queda corto al dejar fuera de la normativa varios de los temas que sí estuvieron regulados en el anterior. “No dice nada del teletrabajo, no dice nada de contratación de emergencia, ni dice nada de congelar los desahucios”, enumeraba la portavoz de JxCat, Elsa Artadi. Pese a todo, los de Puigdemont dejaban claro que su intención no era bloquear la prórroga sino “trabajar y mejorar un decreto que tiene mucho recorrido para hacerlo”.

Otras formaciones minoritarias consultadas por elDiario.es también muestran reticencias a apoyar una prórroga tan larga, aunque algunas reconocen que no es su pretensión bloquear la situación. “A mi partido los seis meses le parece excesivo, creo que el PSOE se tendrá que mover”, expresa una de las fuentes consultadas.

Sánchez ha apelado en todo momento a la necesidad de tener “unidad” política en la lucha contra la pandemia y, en el caso de este decreto de estado de alarma, reclamó el apoyo más amplio posible al Congreso. “Dada la petición mayoritaria de las comunidades para su entrada en vigor, solicito formalmente a todos los grupos parlamentarios que esta excepcional medida cuente con el abrumador respaldo parlamentario en esta semana que viene”, expresó en su comparecencia el domingo. Sin embargo, los grupos han mostrado reticencias y el Gobierno se tendrá que remangar para obtener ese apoyo mayoritario.