Nueve personas han sido detenidas a lo largo de la mañana en el marco de la Operación Yogui contra la malversación de fondos en las obras de construcción del AVE en Barcelona. La Guardia Civil prevé realizar una detención más en las próximas horas durante el operativo en el que se han registrado las sedes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en Barcelona y Madrid.
La operación, que se mantiene abierta y secreta, está dirigida contra funcionarios y técnicos externos en la gestión de fondos públicos en las obras de la estación de La Sagrera en la capital catalana. Las citadas fuentes descartaron que, por el momento, haya políticos implicados.
En Barcelona también han registrado la sede de la constructora Corsán Corvian en el centro de la capital catalana. Asimismo, la Guardia Civil se ha desplazado a las sedes de otras empresas y domicilios particulares de los principales implicados en el marco de una operación coordinada por el juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que presentó una querella este domingo en la que acusa a los implicados de malversación, cohecho y falsedad documental.
El objetivo de los registros de esos once lugares es “localizar los documentos preparatorios de los artificios utilizados para falsear las mediciones y disimular el falseamiento, así como los documentos oficiales en los que se plasman y que, debiéndolos confeccionar los funcionarios querellados, todavía no han sido incorporados al expediente administrativo”, según ha explicado en un escrito la Fiscalía Anticorrupción. Esas falsedades podrían haber supuesto un sobreprecio de seis millones de euros, según el Ministerio Público.
Los agentes también buscan documentos que puedan revelar posibles “dádivas ecónomicas” a favor de los funcionarios de ADIF “diferentes a las detectadas hasta el momento”, según matiza Anticorrupción, que sospecha que esos empleados de la empresa pública pudieron recibir “contraprestaciones económicas” de manos de la empresa contratista por su “ilícita conducta”.
En marzo de 2008, Corsan Corviam, ahora integrada en Isolux Corsán, se adjudicó las obras del AVE en el tramo entre la futura estación de La Sagrera y el Nudo de la Trinidad por un importe de casi 68 millones de euros. La Fiscalía sospecha que la adjudicación pudo incurrir en irregularidades.
Pastor confirma que los jueces pidieron documentación a Adif
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha confirmado que las autoridades judiciales “ya habían pedido documentación” sobre las presuntas irregularidades en la obra del AVE en Cataluña del año 2008.
Pastor ha detallado que ha recibido la información de las actuaciones de la Guardia Civil esta misma mañana, y ha asegurado que su Ministerio colaborará “como siempre” con las administraciones de Justicia facilitando toda la información de que dispongan.
Por su parte, Isolux Corsán ha manifestado en un comunicado su “total disposición a colaborar con la Justicia”, ante los registros que la Guardia Civil está realizando en su sede.