Hacienda rastrea las 83 cuentas bancarias del exvicepresidente de Castilla y León y sus familiares por el caso Perla Negra
El departamento de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria rastreará las 83 cuentas que manejaron desde 2005 hasta ahora tanto el exvicepresidente de la Junta de Castilla y León Tomás Villanueva, como sus familiares.
Villanueva, que declarará como imputado tanto en el caso Perla Negra como en el de la trama eólica, ha recurrido la investigación sobre él y sus allegados por considerarla prospectiva, pero no hay efectos suspensivos.
El pasado mes de junio, la Fiscalía le atribuyó los posibles delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación continuada, fraude a la administración y malversación de caudales públicos, y no descartó el delito de cohecho y el blanqueo de capitales.
Por eso la primera diligencia es la del rastreo de cuentas tanto de él como de su mujer, sus cuatro hijos, sus hermanos y sus esposas. Villanueva ha manejado siete cuentas en BBVA, Caja Madrid, Caja España, Caja Duero, Cajas Rurales Unidas y Caja Rural de Valencia. Su esposa ha tenido nueve.
En 2013, cuando los consejeros de la Junta, siguiendo el ejemplo del presidente Juan Vicente Herrera, publicaron su declaración de bienes, Villanueva era uno de los mejor situados económicamente, con dos viviendas en Valladolid y Tordesillas, la mitad de otras dos en Madrid y Benicassim, más de 80.000 euros de saldo bancario y más de 123.000 en un plan de pensiones y un coche Nissan Qashqai.
Uno de sus hijos ha estudiado en California e Irlanda y otro hizo durante dos años un master de Derecho Empresarial de Garrigues en Harvard. Esta firma, para la que trabaja el hijo de Villanueva, fue contratada como asesora de la Agencia de Desarrollo Económico de la Junta y lleva la defensa de algunos imputados en Perla Negra. Estos cursos en el extranjero son, según algunas fuentes consultadas, inalcanzables económicamente “incluso para un consejero”.
El caso Perla Negra, en el que se retoman declaraciones de los imputados el próximo día 11, sigue avanzando, mientras. La Junta, que ha aportado documentación que revelaban nuevas adjudicaciones a dedo, sigue sin considerar que ha habido perjuicio en las arcas públicas, y todo ello cuando no consigue localizar documentos que avalarían la legalidad de las operaciones.
Es el caso del alquiler que realizó a la constructora del edificio en Bruselas, que usó una sociedad instrumental belga. El juzgado había requerido que aportase todos los recibos bancarios de pagos realizados a Co-Louis, que era como se llamaba la instrumental belga.
Con esa petición se intentaba verificar la cuantía del alquiler, fijado en 13.920 euros mensuales, y también si se llevó a cabo la cláusula de penalización del contrato que obligaba a la Junta a pagar 15 años de alquiler si rescindía el acuerdo antes de cinco, como ocurrió. La Junta en algunos casos no ha podido aportar los recibos, aparentemente perdidos, y los sustituye por órdenes de transferencia.
