La visita fugaz de Carles Puigdemont a Barcelona antes de volver a desaparecer y, según anunció él este viernes, a última hora, volver a Waterloo (Bélgica), no consiguió paralizar la investidura de Salvador Illa pero sí abrió un nuevo frente judicial en un procés cuyo entierro político se acababa de oficiar. Desde el Tribunal Supremo, el juez Pablo Llarena ha pedido explicaciones a los Mossos y al Ministerio del Interior sobre qué falló para que el expresident se esfumara ante cientos de personas, y tres agentes de la policía autonómica están siendo investigados. No está claro que este fracaso del operativo policial se traduzca en problemas judiciales para el expresident de la Generalitat pero varios artículos del Código Penal sí castigan a quien ayuda a un prófugo a esquivar la Justicia.
A diferencia de cuando abandonó España en 2017, sobre Puigdemont sí pesa una amenaza real: está en búsqueda y captura por orden del juez Llarena. El pasado julio, el magistrado declaró que el delito de malversación que se atribuye a los líderes independentistas —el líder de Junts entre ellos— no es amnistiable. En consecuencia, mantuvo en vigor una resolución judicial que obligaba a las fuerzas de seguridad a detenerle en cuanto tuvieran constancia de que hubiera pisado territorio nacional.
Sin embargo, Puigdemont consiguió acceder al centro de Barcelona, dar un breve paseo, hacer un discurso ante miles de personas y después escapar sin dejar rastro. Según su equipo, llevaba varios días en la capital catalana. De nada sirvió el operativo de más de 300 agentes desplegados por toda Catalunya que trataron de encontrarlo tras su reaparición. Su abogado, Gonzalo Boye, aseguró este viernes que el dirigente ya se encuentra fuera de España. Y la realidad es que los únicos detenidos el jueves acabaron siendo dos Mossos d’Esquadra acusados de ayudar a escapar al expresident, a los que se sumó un tercero a última hora del viernes.
A última hora, Puigdemont publicó un mensaje en X asegurando que tras su fuga de Barcelona había vuelto a Waterloo (Bélgica). “Hoy estoy en Waterloo después de unos días extremadamente difíciles. Hay que analizar la situación política y poner en perspectiva la razón profunda de la operación que hizo posible lo ocurrido ayer. Y lo haré. Pero son miles de kilómetros en muy pocos días y muchas jornadas de una tensión difícil de explicar, y confío en que se entienda que necesiten todavía unas horas para reponer y tomar aire”, ha escrito, el expresident.
Puigdemont cargaba contra “el inefable Departamento de Interior” por haber impuesto, a su juicio, una “ola represora que ha desatado el conseller Elena y el comisario jefe de los Mossos” que “es digna de Marlaska o de Zoido”. Puigdemont asegura que por el operativo para detenerle, los mossos han emprendido “la vía hacia su españolización”, descalificando la rueda de prensa ofrecida por el conseller de Interior y la cúpula de los mossos, este viernes.
En cuanto a los mossos detenidos, uno de ellos es el titular del vehículo en el que se sospecha que se fugó Puigdemont. Quedó en libertad horas después. El juzgado, con el criterio en contra de la Fiscalía, rechazó el 'habeas corpus' que había solicitado, una figura legal que permite a un detenido ser puesto de forma inmediata a disposición judicial para que escuche sus alegaciones y decida si la detención es legal o ilegal. En caso de que finalmente se abra una causa judicial, se le citará como investigado.
En una rueda de prensa celebrada este viernes en Barcelona, el comisario jefe de la policía autonómica, Eduard Sallent, dejó la puerta abierta a que se produzcan más arrestos. “Cualquier agente que se acredite que ha participado en la huida o en la llegada de Puigdemont será detenido y puesto a disposición judicial”, afirmó, horas antes de conocerse la tercera detención. Además, los Mossos admitieron que fallaron en su previsión de que el líder de Junts intentaría entrar al Parlament donde se celebró el debate de investidura Salvador Illa y cargaron contra las autoridades que le acompañaron y contra los agentes que colaboraron en su huida.
Las preguntas del juez Llarena
El juez Llarena, en teoría de vacaciones, siguió con atención el desarrollo del operativo fallido y movió ficha 24 horas después. A primera hora del viernes emitió dos escritos dirigiéndose de forma directa a los Mossos d’Esquadra y al Ministerio del Interior para preguntar por qué los operativos para detener a Puigdemont, a quien reclama desde 2017, habían “fracasado”.
Las preguntas del magistrado no revelan si pretende abrir algún tipo de diligencia por la vía penal, pero muestran su intención de identificar a cualquier posible responsable. Quiere saber si el error se cometió a pie de calle, ya fuera en el Passeig Lluís Companys o en un puesto fronterizo. También si fue consecuencia de la planificación del operativo. Una vez tenga la respuesta, explican fuentes jurídicas, será cuando decida si merece la pena abrir una investigación penal al margen de las pesquisas que ya se desarrollan sobre los dos mossos arrestados.
El viernes, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, responsabilizó en exclusiva a la Generalitat de la huida de Puigdemont. “Todo el operativo que garantizaba que la investidura se pudiera desarrollar con normalidad y que debía garantizar que se cumpliera el mandamiento del Tribunal Supremo corría a cargo de los Mossos, son la Policía competente porque son y actúan como policía judicial”, afirmó.
El caso todavía no está judicializado, pero la legislación penal española sí tiene elementos para castigar a quien ayuda a un prófugo a esquivar a la Justicia. Por ejemplo, el artículo 451.3 del Código Penal prevé, en algunos supuestos, penas de entre seis meses y tres años de cárcel a quien ayude al presunto responsable de un delito a “eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes o a sustraerse a su busca o captura”. Para ello, sin embargo, se tendría que probar que los mossos actuaron “con abuso de funciones públicas”, que es el requisito que exige el Código Penal. Esto es, que se aprovecharon de su condición de policías para ayudar en la huida del expresident.
Por otro lado, el Código Penal también prevé penas de multa e inhabilitación para las autoridades o funcionarios públicos que se nieguen “abiertamente” a dar cumplimiento a las resoluciones judiciales. En una providencia del pasado junio, el juez ordenó expresamente que se comunicara a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que continuaban “vigentes y activas las órdenes nacionales de detención” contra Puigdemont y otros investigados y que debían “proceder a su cumplimiento mientras esas decisiones no sean judicialmente modificadas o revocadas”.
Asimismo, también puede incurrir en pena de inhabilitación, el funcionario que “intencionadamente” deje de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables. En este caso, la malversación por la utilización de fondos públicos para poner en marcha el procés que se atribuye a Puigdemont.
El caso, todavía pendiente de desarrollo judicial, llega con el procés teóricamente enterrado desde el punto de vista judicial y político. El arranque de la legislatura de Salvador Illa con Junts como segunda fuerza política y sin el control total del Parlament que llegó a ostentar el independentismo coincide con la entrada en vigor de la ley de amnistía y el archivo de buena parte de las causas penales que rodean el procés de 2017.