“Estamos tan solo a 100 días de lograr la inmunidad de grupo”. El presidente del Gobierno insistió este lunes en la previsión de que a finales de verano España habrá cumplido con el objetivo de vacunación que se propuso a principios de año, pero ahora ese horizonte temporal ha sumado una nueva variable: afrontarlo sin apenas restricciones en la mayoría de los territorios.
La inmunidad de grupo –o de rebaño– se alcanza cuando el número de personas que no transmiten el virus, ya sea por que se les ha vacunado o por que tienen anticuerpos, es tan alto que acelera el final de los contagios, y por consiguiente, el de la enfermedad. Es una meta epidemiológica que permitiría vislumbrar la vuelta a la normalidad. “Podremos empezar a tener una interacción social mucho más normal de acuerdo a lo que conocíamos antes del coronavirus”, dijo el lunes Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Esos 100 días suponen el sprint final, un objetivo viable con el actual ritmo de vacunación, pero en el que habrá obstáculos. La caída del estado de alarma, que deja en manos de las comunidades y de las leyes ordinarias la lucha contra la pandemia, y las imágenes de concentraciones multitudinarias el pasado sábado, han encendido el debate sobre si alargar medidas como el toque de queda. El Gobierno no lo ve necesario, algunos territorios han intentado mantenerlo acudiendo a los tribunales con desigual resultado, y otras comunidades se limitan a pedir al Ejecutivo que les dote del amparo legal necesario para mantener las restricciones. Ninguna, eso sí, ha dado el paso de solicitar un estado de alarma solo para su ámbito territorial, una posibilidad que les ha ofrecido Pedro Sánchez. Tampoco han recurrido al Tribunal Supremo para que fije doctrina, aunque Canarias lo había anunciado.
Moncloa, pese al amago del ministro de Justicia de que podría contemplarse una nueva ley que avalase las restricciones, sigue firme en su posición: “Una ley ordinaria no va a sustituir a la Constitución, esto es de primero de Derecho” dijo este martes Sánchez en rueda de prensa, y añadió que el estado de alarma era “el pasado”. “Hay que mirar al futuro y el futuro se llama vacunación, vacunación y vacunación”. El presidente trató así de zanjar las dudas generadas por el titular de Justicia, pero, sobre todo, responder a las peticiones de las comunidades autónomas.
Un mapa de restricciones desigual
Las autonomías han tomado diferentes caminos para afrontar el final del estado de alarma. Las hay como Navarra, Euskadi, Canarias, la Comunitat Valenciana o Baleares que han tratado de buscar el respaldo judicial al toque de queda y las limitaciones de movimiento, restricciones que consideraban necesarias para continuar la lucha contra el coronavirus.
El resultado se parece mucho a la situación que ya se vivió en los meses en los que no estuvo vigente el estado de alarma: una maraña de decisiones judiciales contradictorias. En Baleares y la Comunitat Valenciana se ha avalado el toque de queda sin estado de alarma; en Euskadi, Canarias y Navarra, los jueces han considerado que una limitación así de los derechos fundamentales solo es posible con esa herramienta constitucional. Pero, además, los tribunales han abierto en algunas de sus decisiones un debate sobre la proporcionalidad: sobre hasta qué punto tiene sentido ahora mismo limitar los derechos de toda una población (parte de ella vacunada) para contener el virus.
Otras autonomías, como Madrid o Andalucía, han considerado de antemano que no iban a obtener el respaldo de sus tribunales y ni han intentado aprobar el toque de queda. Los gobiernos de esos dos territorios, del PP, encabezan las críticas al Gobierno por haberles dejado, dicen, sin capacidad para implementar medidas que frenen los contagios.
Así lo dijo el presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, que en la misma rueda de prensa que criticó el final del estado de alarma anunció que las discotecas de su comunidad autónoma abrirían hasta las dos de la mañana. Tras las imágenes de este fin de semana, con miles de personas en la calle celebrando el fin del toque de queda, se reafirmó en ello.
“El Gobierno lo que pretende es que nos encontremos con tortazos en los juzgados. Quien tiene las competencias, quien tiene la responsabilidad, que legisle de una vez”, le ha dicho este miércoles Isabel Díaz Ayuso al Gobierno. Su posición es la misma que Andalucía: no acudir a los tribunales y presionar al Ejecutivo.
Pero el Gobierno mantiene la misma postura. A las comunidades que han recibido el rechazo de sus tribunales les insiste en que acudan al Tribunal Supremo a intentar que este fije una postura, y avale (o no) sus restricciones. El problema es que ese paso no termina de llegar: Canarias ahora no lo contempla y hasta el momento era la única que había amagado con esa posibilidad. Euskadi no tiene intención. Pase lo que pase, decida lo que decida el Supremo si finalmente hay un recurso, no cambiará nada: el Gobierno no legislará aunque el alto tribunal tumbe todas las restricciones.
Entretanto, el mismo Pablo Casado que se opuso a esa excepcionalidad constitucional de la alarma, que vaticinó que votaría 'no' en el caso de que el Gobierno planteara ampliarla y que, además, apoyó a pies juntillas las proclamas de Ayuso sobre la libertad, reclama ahora al Ejecutivo que actúe para limitarla aplicando su cacareado “plan B jurídico”, tumbado en el Congreso en noviembre ya que solo lo apoyó el PP, informa Íñigo Aduriz.
La propuesta, que consiste en la modificación de un artículo de una ley de 1986, contempla “controlar o limitar las entradas y salidas” así como “limitar el movimiento” pudiendo “afectar al derecho a la libre circulación o al derecho de reunión”. Si el Gobierno no aprueba esa legislación alternativa, Casado amenaza con responsabilizar a Pedro Sánchez de los muertos que se vayan a producir aún en las próximas semanas por culpa de la COVID-19. Casado dice que pueden llegar a ser 20.000 esos nuevos fallecidos de los que culpa ya al presidente del Gobierno.
El resultado de esa tensión entre Gobierno y comunidades son unas restricciones mínimas con las que, si nada cambia, habrá que afrontar esos 100 días en los que el Gobierno quiere alcanzar la inmunidad de grupo.
¿Nuevo horizonte de inmunización?
Los 100 días de Pedro Sánchez son una forma de reformular el mismo objetivo que ya tenía para la inmunidad de grupo y darle un número redondo al impreciso “final del verano”. Por lo demás, ese periodo coincide con las estimaciones iniciales del Gobierno: que en torno al 20 de agosto el 70% de la población estará protegida frente al coronavirus. El presidente va actualizando la cifra en sus comparecencias públicas. Este miércoles ha hablado ya de 98 días.
Pero ¿qué es la inmunidad de grupo o rebaño? En términos teóricos, es cuando el número básico R está por debajo de 1, lo que significa que la epidemia decrece porque cada positivo contagiaría a menos de una persona de media. El divulgador Sergio Ferrer explica en este artículo que el porcentaje del 70% no es una verdad inmutable escrita en piedra. De hecho, “es un cálculo numérico bruto, poco afinado y con pocos matices”, reconoce Mario Fontán, MIR de medicina preventiva y autor de varios estudios sobre la transmisión de la COVID. Los expertos advierten que es tan importante aumentar el porcentaje de vacunados y reducir los contagios entre los más vulnerables, como que esto vaya acompañado de un menor colapso sanitario, algo que por desgracia no ha ocurrido en todas las comunidades autónomas.
La llegada masiva de dosis a lo largo del mes de mayo, en el que se esperan 1,3 millones de dosis de AstraZeneca y Janssen, y sobre todo de junio, con 3,9 millones de esta última, acelerará el ritmo de vacunación y acercará la meta fijada para el final del verano. Es un horizonte “tangible” para los expertos, puesto que la inmensa mayoría de las regiones está a punto de culminar con la población mayor de 60 años y ya hay plan para los siguientes en la lista: los mayores de 50 y las personas con autismo y enfermedades mentales.
A no ser que se retrase alguna entrega, no hay razón para pensar que el 70% no se vaya a alcanzar en 100 días. España ya ha inoculado 20 millones de las 23 dosis recibidas, y 6,5 millones de personas han recibido la pauta completa. El optimismo, en cambio, se difumina a la hora de hablar de medidas con las que atajar la transmisión hasta llegado el momento. La descoordinación entre las comunidades autónomas, el fin del estado de alarma y la fatiga pandémica complican su cumplimiento, según los epidemiólogos.
Las imágenes del sábado pusieron de manifiesto que algunos interpretaron erróneamente el fin del estado de alarma. “Hay que evitar que cunda una sensación de caos”, aconseja Pedro Gullón, de la Sociedad Española de Epidemiología, quien por otro lado cree que los botellones y las aglomeraciones fueron una “enorme explosión puntual”. Para asegurarse de que no se repitan, los expertos en Salud Pública exigen un consenso entre las regiones que tengan un escenario pandémico similar.
El famoso semáforo de Sanidad, documento de acciones comunes aprobado en el Consejo Interterritorial, sería una buena base sobre la que trabajar. En él se contemplan medidas no farmacológicas menos agresivas que el toque de queda o los cierres perimetrales y en función de los indicadores epidemiológicos. “Las que impactan en los derechos fundamentales hay que limitarlas a lo mínimo imprescindible”, advirtió la semana pasada Fernando Simón. El portavoz de Sanidad enfatizó que el fin del estado de alarma no implicaba el final de la pandemia, y que se puede intentar controlar con otra estrategia. El teletrabajo, los aforos reducidos, el cierre del interior de la hostelería y los horarios limitados son las apuestas de los expertos, ya que se pueden ir relajando paulatinamente. El objetivo primordial es una desescalada que permita avanzar en el objetivo de los 100 días y además liberar las UCI allá donde siguen en riesgo extremo.