El intermediario que estafó al Ayuntamiento de Madrid desde Estados Unidos utilizó una identidad falsa
La denuncia del Ayuntamiento de Madrid por el engaño en la compra de un millón de mascarillas a través de un intermediario estadounidense lleva en punto muerto desde julio del año pasado. Un juez de Madrid archivó provisionalmente la causa al constatar que la identidad que le había facilitado el Consistorio de la capital sobre el presunto estafador, Phiippe Haim Solomon, era falsa. Hace unos días, la Policía Municipal ha facilitado al juez una nueva posible identidad y ahora el magistrado Jorge Israel Bartolomé debe decidir si reabre la causa, informan a elDiario.es fuentes jurídicas.
La misma madrugada que el Ayuntamiento aprobó la compra de mascarillas de grafeno a Luis Medina y Alberto Luceño se aprobó otra adquisición de un millón de unidades FFP2 a través de una consultora estadounidense por 2,5 millones de euros. El método fue el mismo, un chat de whatsapp de madrugada entre responsables municipales y los representantes de los distintos grupos municipales en el consejo de administración de la Funeraria, empresa pública con capacidad para adelantar el dinero público.
El 5 de marzo de 2021, el Ayuntamiento presentó una denuncia ante los juzgados de Plaza Castilla que incorpora un informe de la Policía Municipal en el que los agentes detectan tres posibles delitos: contra la propiedad industrial, estafa y contra los derechos de los consumidores. Sobre este último dicen: “Tanto los fabricantes como el importador ha ofertado las mascarillas realizando indicaciones que no se corresponden con los mismos habiendo generado un perjuicio grave tanto a la Administración como finalmente a los usuarios finales”. Esto es, el Ayuntamiento compró bajo engaño otras mascarillas distintas a las que había solicitado. Como ocurrió con los guantes de Luceño y Medina, caso éste que el Consistorio no llevó al juzgado.
En su informe, la Policía argumentaba que la documentación que acompañaba a las mascarillas “utilizaba indebidamente el marcado CE”, de ahí el presunto delito contra la propiedad industrial. También señalan que faltaban certificaciones de la UE y del Estado español y que, sin embargo, aparecían otros documentos que se corresponden con productos tales como cosméticos, lo que los agentes calificaban como un posible delito de estafa. La Policía Municipal buscó ayuda en la Policía Metropolitana de Nueva York y ésta comprobó que la sede de la consultora del tal Solomon, Sinclair & Wilde, tampoco existía.
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