El juez Manuel García Castellón ha decidido unir las investigación por financiación ilegal del PP de Madrid. Por un lado, la que se inició en el caso Púnica con las anotaciones encontradas a Francisco Granados, y por otro las revelaciones del caso Lezo sobre los métodos utilizados por Ignacio González para llenar la caja B del partido cuando esta se quedaba a cero.
En un auto al que ha tenido acceso eldiario.es, García Castellón, que instruye ambas causas, ha decidido incorporar la rama del caso Lezo referente a la financiación ilegal del PP a la causa abierta en Púnica. Se refiere en concreto a la denominada pieza 4 de Lezo, referente a la financiación de las elecciones de 2011 a través de la Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM) de la Comunidad de Madrid.
El juez señala que, a raíz de un informe policial, ha constatado que el caso Púnica ya había empezado a ahondar en esta rama de la investigación. “Se centra en analizar la forma en que se sanearon las cuentas del PP de la Comunidad de Madrid tras las elecciones del año 2011, detallando que, tal y como ocurrió en las elecciones del año 2007, se sobrepasó por parte del PP su techo de gasto electoral, recurriendo nuevamente a los mismos mecanismos ilícitos que ya venían utilizando en las campañas electorales anteriores”, apunta el magistrado.
En ambas convocatorias electorales se recurrió al mismo método para inyectar dinero en las cuentas del partido: se recurría a empresa para que abonasen la deuda del PP con los proveedores. En el caso de 2011, se utilizó ICM para que, a través de Indra pagase a las empresas con las que el partido tenía deudas. Por tanto, las dos investigaciones, constata el juez, se solapan.
Es más, el juez señala que en ambas elecciones la mecánica de financiación ilegal contó con prácticamente los mismos protagonistas. Por ejemplo, Beltrán Gutiérrez, gerente del PP de Madrid, José Martínez Nicolás, Consejero Delegado de ICM, Borja Sarasola, diputado regional del PP, y los dueños de las empresas instrumentales. En el organigrama solo cambiaba un puesto, el de secretario general del PP de Madrid: en 2007 Francisco Granados, en 2011 Ignacio González.
Esa circunstancia, dice García Castellón, no justifica que haya dos investigaciones separadas. Así, Púnica aunará ahora todas las pesquisas sobre la caja B del PP, desde las anotaciones de Granados sobre las entradas de dinero en efectivo, pasando por las numerosas vías de financiación que ha destapado el caso, hasta las llamadas de González para sacar dinero de ICM y del Canal de Isabel II para “sanear” las cuentas del partido.