No han esperado ni a que la Sala de Admisión del Tribunal Supremo acuerde no investigar a Pablo Casado. El exrector de la Universidad Rey Juan Carlos y una de las alumnas con expediente idéntico al presidente del Partido Popular se han dirigido a la jueza Carmen Rodríguez-Medel para que archive las causas contra ellos de acuerdo al escrito en el que la Fiscalía del Alto Tribunal acusa a la magistrada de querer hacer una investigación prospectiva y no tener argumentos para solicitar la imputación del político.
“Deja patente el nulo fundamento de la presente instrucción”, afirma la defensa de María Mateo Feito, imputada en la pieza C, la que investiga el máster de derecho local y autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos en el curso 2008/09. Feito fue asesora del PP en el Ministerio de Empleo y es hija de la colaboradora de Cristina Cifuentes que presionó para que la universidad fabricara una coartada para la expresidenta madrileña.
El letrado que representa a una de las tres alumnas imputadas añade que el hecho de que el Supremo considera, en un escrito al que ha tenido acceso eldiario.es, que la investigación “prospectiva” representa “una grave disfunción en la administración de justicia”.
La misma iniciativa ha adoptado la defensa de Fernando Suárez, el exrector que dimitió por el escándalo de los plagios. En este caso, sin embargo, la representación letrada recuerda que es la misma jueza la que desprovee de cualquier responsabilidad al propio Suárez y valora el contenido de su declaración ante ella para esclarecer las presuntas ilegalidades cometidas durante el curso de Casado.
Aun así, la abogada afirma: “Por esta parte no se había interesado este sobreseimiento con anterioridad, esperando que se pronunciara el Tribunal Supremo, pero habiéndose notificado a esta representación resoluciones por las que se pide informe para el archivo de las diligencias respecto de otros investigados, es por lo que instamos en este momento”.
La Fiscalía del Supremo rechazó el pasado viernes que se investigase a Casado por el máster, como pedía la jueza, porque consideran que el delito de cohecho ya ha prescrito. Además, su escrito señalaba que “no existe dato alguno que avale, ni siquiera de forma indiciaria” que el líder del PP se concertó con Enrique Álvarez Conde para obtener el máster sin hacer nada.
Ese informe contenía varios reproches contra la jueza, como que el procedimiento que había llevado desde su Juzgado era “meramente prospectivo, al no existir indicios incontestables de la existencia de responsabilidad penal por parte del aforado”. Sin esperar a la decisión del juez, algunos de los imputados ya han usado esas frases para tratar de que se archive la causa contra ellos.