La denuncia de unos vecinos contra los sucesivos intentos del Ayuntamiento de Badalona de recalificar un solar al Joventut que acabó vendiendo a Mercadona con unas millonarias plusvalías empujó al fiscal del caso, Antoni Pelegrín, a indagar sobre las relaciones que los distintos gobiernos de la ciudad catalana han mantenido con el club deportivo durante los últimos 15 años.
Y lo que determinó el fiscal, tras practicar “numerosísimas diligencias” es que al menos desde 2002 corporaciones de distinto signo político maniobraron para beneficiar al equipo de baloncesto y sacarlo del agujero de deudas en el que se encontraba -llegó a cifrarse en 10 millones de euros- que supuso una orden de embargo de Hacienda y amenazó la supervivencia del club, una institución más en la ciudad.
La extensa investigación del fiscal Pelegrín, especializado en urbanismo, halló indicios de un delito de prevaricación continuada en la actuación del líder del PP, Xavier García Albiol, por el reparto que hizo de las subvenciones públicas desde una fundación participada por el Ayuntamiento al que fue su club de baloncesto cuando era joven. Según el representante del ministerio público los procedimientos para conceder subvenciones al Joventut se saltaron al menos cuatro leyes: el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la ley de fundaciones, la de subvenciones y la de contratos del sector público.
Pese a sus contundentes conclusiones, el caso no llegó a Anticorrupción ni a la Fiscalía General del Estado ni tampoco al Tribunal Supremo, el único que podría investigar a Albiol, que por su escaño en el Senado tiene la condición de aforado. La entonces fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi, decidió asumir la causa el pasado noviembre. Dos meses después de haber recibido la propuesta de su subordinado para ampliar la investigación, acordó su archivo argumentando que las irregularidades detectadas y la falta de control en el reparto de los fondos públicos no tienen trascendencia penal y debe dirimirse en el ámbito administrativo.
El escrito de 27 páginas remitido por el fiscal a sus superiores para que el asunto se pusiese en manos de Anticorrupción otorgaba un papel relevante al líder del PP, Xavier García Albiol, en la fundación Badalona, Capital europea del Basquèt, la entidad mixta que sirvió de cauce para que ayudas municipales que sumaron varios millones de euros llegasen al club de baloncesto.
“Se ha podido determinar la presunta responsabilidad penal del señor Xavier García Albiol, en cuanto a su participación primero como patrono y desde su nombramiento como alcalde, como presidente de la fundación Badalona, Capital europea del Basquèt”, escribió en su informe el fiscal Antoni Pelegrín. La tesis del fiscal apunta a que la fundación fue un mero instrumento para ocultar las ayudas públicas al club de baloncesto, una práctica prohibida por la legislación europea. Más de la mitad de los fondos de esa entidad acabaron el en equipo de baloncesto a través de distintos conceptos.
Albiol sumó 13 años en la dirección de la fundación, primero en el cargo de patrono como concejal del ayuntamiento desde que se creó en 2002, y entre 2011 y 2015 en el de presidente, dada su condición de alcalde de la ciudad.
Horas después de que eldiario.es adelantase este domingo la información sobre el freno a la investigación de Albiol, el líder del PP catalán aseguró que el Ayuntamiento de Badalona durante los cuatro años que él gobernó “no había dado un solo euro” al club de baloncesto en el que jugó de niño.
Lo que defiende el fiscal es que precisamente para ocultar las subvenciones se utilizó una fundación, de la que Albiol era presidente, por su condición de alcalde de la ciudad.
Tras recabar los expedientes administrativos, el fiscal Pelegrín está convencido de que su Gobiernos igual que otros anteriores concedió ayudas ilegales al Joventut: “Del examen de diversas actas de la Junta del Patronato se desprende claramente que la fundación servía realmente para destinar fondos públicos a ese club deportivo, obviando los controles y requisitos legales establecidos para las ayudas y subvenciones públicas”.
La investigación se paró a analizar algunas de las decisiones de la etapa en la que Albiol estaba al frente del Ayuntamiento y por tanto de la fundación. El 21 de julio de 2011, unas semanas después de hacerse con el bastón de mando, acordó otorgar una subvención de 422.752 euros oficialmente para atender los gastos de mantenimiento del palacio de los deportes, cuya concesión había adjudicado el Ayuntamiento sin ninguna contraprestación económica. Según el informe del fiscal, el acuerdo no incluyó “fórmulas de control real de esa suma por parte de la fundación”.
En otra reunión del 15 de mayo de 2012 la entidad Badalona, Capital europea del Basquèt decidió repartir otros 250.000 euros al club también para el mantenimiento del pabellón municipal. El informe del fiscal subraya que “curiosamente se hace constar en el acta que la fundación únicamente disponía de 295.189 euros”. En esa misma junta se planteó solicitar un informe jurídico externo para intentar ampliar el plazo de concesión de 50 años del pabellón al Joventut y se barajó promover la recalificación de terrenos municipales de uso deportivo a usos comerciales para que pudiera aportar nuevos recursos a la fundación y, “a la postre”, dice el fiscal, “al Joventut”.
Corrían años difíciles para el equipo, en las canchas y fuera de ellas, con unos números rojos que pusieron a ese club histórico al borde de la desaparición, apremiado por Hacienda y por los bancos.
Esa era el contexto cuando el 31 de julio de ese mismo año, 2012, la fundación presidida por Albiol adoptó otra decisión controvertida: pagar retroactivamente supuestos servicios del Joventut a la ciudad. La dirección de la fundación, con Albiol en el cargo de presidente, acordó abonar al equipo 300.000 euros “por las actividades desarrolladas entre 2005 y 2010 para fomentar el basquet base y promover la ciudad de Badalona”.
En 2013 la entidad la dirección de la fundación sacó adelante unas bases reguladoras para otorgar ayudas dinerarias no sujetas a contraprestaciónes. El equipo de la ciudad ya ni siquiera necesitaba justificar los ingresos que recibía del Ayuntamiento, sostiene el escrito de Pelegrín.
En mayo una nueva cita del patronato de Badalona, Capital europea del Basquèt concedió 16.000 euros para ayudar a un pequeño equipo de baloncesto local, el Club de Basquet San Josep, a realizar reparaciones en sus instalaciones deportivas y evitar su cierre. Y en la misma sesión programó la primera convocatoria pública de “ayudas dinerarias sin contraprestación”, por un montante de 400.000 euros.
Tras analizar la letra pequeña del reparto de los fondos, el fiscal concluye: “El sistema de puntuación establecido en la convocatoria estaba claramente pensado para que el beneficiario de esas ayudas fuera el Joventut, pues difícilmente podría encontrarse en la ciudad otro club que reuniera las circunstancias allí establecidas”. La subvención directa al club -que presidía uno de los históricos del baloncesto español, el alero internacional Jordi Villacampa- engulló la mitad del presupuesto: 200.000 euros. “Esa junta fue también presididia por Xavier García Albiol”, relata el escrito del fiscal quien subraya que “tales acuerdos adoptados por la fundación serían indiciariamente constitutos de un delito continuado de prevaricación administrativa, pues se adoptaron por un organismo creado por el Ayuntamiento de Barcelona y dichas decisiones eran manifiestamente contrarias al artículo 107 y siguientes del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Ley General de Subvenciones, la Ley de Fundaciones y la legislación de contratos del sector público, entre otras disposiciones”.
“De los hechos expuestos queda evidenciado que, al menos indiciariamente, durante ese dilatado lapso temporal la actuación de las administraciones concernidas ha tenido como objetivo evidente la ayuda ilícita a un club deportivo como es el club Joventut, con la participación activa no solo del Incasol [el Instituto Català do Sòl, clave en la operación de recalificación urbanística] sino también de altos cargos del Ayuntamiento de Badalona”, señalaba el fiscal Pelegrín en las conclusiones de su escrito. En él pedía que la Fiscalía Anticorrupción investigase si el líder del PP catalán había incurrido en un delito de prevaricación continuada al aprobar todas esas subvenciones al que fue su club de baloncesto. También reclamaba a sus superiores que la Fiscalía General del Estado [entonces presidida por José Manuel Maza] fuese informada, dada la especial trascendencia del caso al estar por el medio el líder del PP catalán, un senador, a quien solo podía investigar el Supremo.
Ninguno de esos requerimientos fue atendido por la jefa provincial de Barcelona, Ana Magaldi, que tres meses después de recibir el informe ordenó a su subordinado el archivo de las diligencias y al negarse Pelegrín, asumió personalmente el caso para clausurar la investigación.
De cómo se gestionó históricamente todo lo relativo al club de baloncesto en el Ayuntamiento de Badalona da idea el siguiente párrafo que figura en la investigación que llevó a cabo el ministerio público: “En la reunión de a junta del 22 de julio de 2008 presidida por Jordi Serra [del PSC], quien era entonces alcalde de Badalona, a pesar de que desde el año 2006 el club Joventut ya no ostentaba el título administrativo para usar el Palau municipal dÉsports, se acordó aprobar el pago a esa entidad deportiva de 450.984,46 euros destinada al mantenimiento del referido recinto municipal”.
El escrito firmado por el fiscal Pelegrín daba por hecho que “existió un proceso histórico de ayudas ilegales a esa entidad deportiva”. Además de las sucesivas subvenciones que la Fundación repartió año a año (en algunos ejercicios superó el medio millón de euros) al club, el fiscal alude a la operación urbanística de recalificación de un solar que sirvió al Joventut para ponerse al día con Hacienda tras venderlo ya con usos comerciales a Mercadona. Según el experto en urbanismo del ministerio público que escrutó los expedientes durante meses, la operación inmobiliaria se llevó a cabo “gracias a la irregular actuación de de los responsables del instituto catalán de suelo” empezando por su director Damia Calvet, un dirigente muy cercano a Carles Puigdemont, y dos técnicos de este organismo a los que se proponía tomar declaración en relación con un delito continuado de prevaricación, otro de fraude y un tercero de malversación de caudales públicos“.
Ni ellos ni Albiol llegaron nunca a ser investigados en un tribunal. El caso murió con la decisión de la fiscal jefe de Barcelona de archivar las diligencias. La Fiscalía Superior de Cataluña respaldó la decisión en un escrito de trámite que no entró al fondo del asunto. Semanas después Ana María Magaldi se jubiló y abandonó la carrera fiscal. El caso está cerrado.