Así es la propuesta de IU en vivienda: fin de los desahucios, dación retroactiva y parque público
La vivienda ha dejado de ser un derecho destruido por “el arbitrio del mercado”, que lo ha convertido en un “negocio depredador, especulativo y voraz que tiene en los desahucios su cara más salvaje”. Bajo esta premisa, Izquierda Unida-Unidad Popular propondrá para las elecciones generales una “intervención directa” del Estado “frente a la emergencia habitacional” que, aseguran, existe en España y en Europa por culpa de las políticas neoliberales que llevaron al estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera de 2008. El punto de partida: la vivienda es un derecho.
El programa de la candidatura que encabeza Alberto Garzón, al que ha tenido acceso eldiario.es, pone el foco en el inmenso parque de viviendas vacías en manos de bancos y empresas. IU aspira a una Ley Orgánica que desarrolle el derecho a la vivienda que recoge la Constitución. Entre sus preceptos, destacan dos medidas: “sancionar las viviendas deshabitadas en manos de entidades financieras, sociedades de gestión de activos y personas jurídicas” y “regular la expropiación del uso de viviendas vacías a las entidades financieras que desahucien a familias en riesgo de exclusión social”.
La primera de las propuestas ya se ha puesto en marcha, de forma incipiente, en Barcelona por el Gobierno municipal que encabeza Ada Colau. La segunda formaba parte de la política de vivienda que intentó implementar IU durante su participación en el Gobierno andaluz, fruto de su pacto con el PSOE de Susana Díaz. La Junta aprobó un decreto que fue recurrido por el PP al Tribunal Constitucional. El órgano tumbó la medida alegando que invadía competencias estatales. Por eso, ahora IU quiere regular esta posibilidad desde el Congreso.
El programa de IU aboga por prohibir que las viviendas públicas puedan ser vendidas a “sociedades mercantiles privadas, a fondos de titulación ni a fondos buitre”. Una práctica que se ha desarrollado en los últimos años por gobiernos municipales y autonómicos, que se han desecho de parte del parque público de vivienda, inquilinos incluidos, lo que ha provocado no pocos problemas tanto a los afectados como a las administraciones. Los contratos, además, se han blindado, lo que está impidiendo de momento que aquellas administraciones que han cambiado de manos este mes de mayo puedan revertir la situación.
Dación en pago retroactiva
Un segundo bloque de medidas del programa de IU busca arreglar uno de los problemas provocados por el estallido de la burbuja: hay personas cuyas hipotecas son superiores al valor real del piso. Alberto Garzón quiere regular la dación en pago retroactiva, lo que implicaría la condonación de la deuda hipotecaria.
Las entidades financieras deberán garantizar “un alquiler social para los deudores de buena fe y sus unidades familiares” que se hayan acogido a la dación en pago y “no dispongan de una alternativa habitacional”. Dicho alquiler no debería superar el 30% de los ingresos de la unidad familiar, “incluidos suministros”.
Evitar los desahucios
Además, IU aboga por impedir la ejecución “de la primera y única vivienda tanto de los titulares como de los avaladores”. Es decir, que la vivienda habitual debe considerarse “inembargable”. El programa con el que IU-UP concurrirá a las generales propone vetar los desahucios o desalojos “de personas en situación de vulnerabilidad”, ya sea por impago de alquiler u “ocupación en precario” sin que una administración “garantice un realojo adecuado”.
En el caso de las viviendas públicas, la prohibición es total: “Ninguna familia que no pueda pagar a consecuencia del sobreendeudamiento podrá ser expulsada de las viviendas públicas”.
Garzón también propone crear “oficinas en defensa de la vivienda desde la administración para prevenir, intermediar y proteger” a las familias ante un riesgo de desahucio.
En caso de realojo, IU propone que se produzca “en la zona donde las personas tengan sus redes vitales y sociales”.
Un parque público como solución
El programa de IU adopta varias medidas contra la “emergencia habitacional”. La premisa es que el parque de viviendas públicas “debe tener consideración de servicio público”, al mismo nivel que la Sanidad o la Educación. Por eso, no podrán “venderse ni privatizarse”.
Dicho parque se nutriría de los “grandes tenedores” de viviendas por dos vías. Primero, que las distintas administraciones “adquieran anualmente un paquete de viviendas construidas y terminadas a precio de coste”. Además, se movilizarían pisos “en manos de entidades financieras y filiales inmobiliarias, fondos buitre y entidades de gestión de activos.
