José Antonio Martín Pallín (A Coruña, 1936) dejó la sala de lo penal del Tribunal Supremo en 2006. Para entonces llevaba casi tres décadas impartiendo justicia desde su sala de lo penal, ostentando la portavocía de Jueces Para la Democracia y la presidencia de la Unión Progresista de Fiscales en su etapa en el Ministerio Público. El pasado 13 de junio la editorial Catarata publicó su último libro: 'La guerra de los jueces: el proceso judicial como arma política', un relato de cómo las fronteras entre la vida judicial y la política se han difuminado, así como una crítica abierta a la gestión judicial de casos como el de Alberto Rodríguez, el procés independentista catalán o el bloqueo del Partido Popular a renovar el Consejo General del Poder Judicial.
[Lee aquí un adelanto editorial de 'La guerra de los jueces']
Su libro habla de la “guerra de los jueces”. ¿A qué guerra van y quién les lleva?
Los anglosajones lo llaman 'lawfare': hacer la guerra política mediante el derecho. En Estados Unidos, el Tribunal Supremo ya en la época de Roosevelt denunció el activismo judicial, jueces que traspasan su barrera jurisdiccional e intervienen indebidamente en asuntos de evidente matiz político. El libro trata de reflejar esta situación que se ha agravado y que tiene dos paradigmas: por un lado el caso de Lula Da Silva y Dilma Roussef en Brasil cuando todo era un montaje, y por otro el golpe de estado en toda regla dado por un tribunal a Evo Morales en Bolivia.
Me preocupa que en España se ha producido una intervención judicial, penal pero también en lo contencioso, en asuntos netamente políticos donde no tenían por qué intervenir. Además, y esto es estadística, siempre se ha proyectado abrumadoramente sobre políticos o independentistas o del espectro político de la izquierda.
¿Cuál es la solución? ¿Criterios más restrictivos para los partidos políticos que vayan a los tribunales?
Una sería que los partidos fuesen conscientes de que, en un Estado democrático, la forma de solventar las confrontaciones políticas es en el parlamento. Pero el derecho penal es la última ratio, la última herramienta que se debe utilizar para un conflicto. Si los partidos políticos se autocontienen, ya tenemos un buen principio. Pero como está demostrado que no se autocontienen, la segunda barrera sería que los jueces examinasen muy restrictivamente la admisión de esas demandas y querellas. Exigiendo, por ejemplo, indicios de prueba sólidos, que hay querellas que se han presentado con recortes de periódicos. En lo contencioso-administrativo el límite es un poco más difuso.
¿Hubo 'lawfare', por ejemplo, en la causa penal sobre el 8M feminista de 2020?
La causa contra el delegado del Gobierno en Madrid por la manifestación del 8 de marzo es el culmen del disparate. Luego se terminó archivando pero, ¿qué se consiguió con eso? Desgastar al Gobierno. Otro asunto que ha acabado de forma racional y democrática es el caso Ghali contra la ministra de Exteriores. El juez tiene que ser consciente. No puede venir un ciudadano particular y poner una denuncia contra un Gobierno, habrá que pedir algo más. Que acuda a las cartas al director, pero como juez no puedo permitirlo.
Los jueces tienen que tener claro que un acto de gobierno, criticable o no criticable, no es delictivo. Solo faltaba que viniese un juez a admitir una querella contra el presidente del Gobierno por cambiar su posición sobre el Sáhara. Es criticable, pero ajena al derecho penal. Yo lo tengo muy claro porque me tocó una querella contra Aznar por la guerra de Irak. Y mi actitud sobre eso era publica y notoria, pero tardé 15 minutos en rechazarla. Lo siento mucho, ponga una moción de censura o confianza, pero esto no tiene ninguna entidad delictiva. Sea cual sea el presidente del Gobierno o del parlamento de turno.
¿Habría que limitar el acceso de los partidos políticos a la acción popular?
Tiene su aspecto positivo, creo que hay que mantenerla. Pero hay que racionalizarla, no se puede abusar de ella. Hay una clara instrumentalización de la acción popular. Yo la rechazaría para los partidos políticos sin ninguna duda, tienen su escenario en la vida política. Como instituciones se les debería negar la acción popular.
Vox es un partido que acude constantemente a la Justicia. ¿Qué papel juega en este 'lawfare' que denuncia?
La irrupción de Vox es relativamente reciente y yo pienso, por ejemplo, en el 'caso Atutxa', cuando no existía. Vox sí ha tenido acogimiento en el Tribunal Constitucional en varios recursos que, para mí, han puesto en cuestión la solvencia y el prestigio del Tribunal Constitucional. La admisión del recurso en el que decía que en vez de estado de alarma procedía el estado de excepción para hacer frente a la pandemia me parece un disparate que, leído por cualquier jurista, se llevaría las manos a la cabeza.
¿Qué opina sobre las decisiones del Constitucional contra el confinamiento y el estado de alarma?
Es un verdadero disparate jurídico. Aplica el estado de excepción, previsto para alteraciones de orden público y permite la patada en la puerta, la censura previa… ¿Al Covid se le combate con la censura previa? Creo que se lo tendrían que haber planteado antes de tomar la decisión. Me parece un disparate que difícilmente va a ser comprendido por las generaciones presentes y futuras.
El Constitucional ha tomado decisiones sobre asuntos como el estado de alarma pero muy lejos de la unanimidad....
Hay un sector alineado con lo que se conoce como la derecha o extrema derecha, instaurado en el Tribunal Constitucional mayoritariamente. Frente a ello, y esto es alentador, hay votos disidentes. Yo echo de menos en las resoluciones del Constitucional un mayor acercamiento a la motivación y el razonamiento lógico que pueda comprender cualquier persona, aunque no sea jurista. Como decía el juez Holmes, una sentencia vale lo que valen sus razonamientos. Aquí ya es un mal endémico, un juez tiene que hacer un esfuerzo porque le obliga la Constitución. Yo creo que los votos disidentes están mucho mejor fundamentados y razonados que los votos mayoritarios.
En los últimos días, el Constitucional ha anulado la medida del Gobierno que dejaba el aval judicial de medidas sanitarias en manos de los tribunales superiores de Justicia. ¿Qué le parece?
He sido muy crítico con el Constitucional, pero en esta ocasión ha acertado. La decisión que tomó el Gobierno de atribuir a los tribunales superiores de Justicia si una medida sanitaria acordada por especialistas médicos y científicos era con arreglo al derecho, eso me parece un disparate. ¿Quién es un juez para examinar si esa decisión que han tomado los científicos es o no con arreglo a derecho? El parlamento decide, el Gobierno gobierna y los jueces actúan cuando se ha producido una lesión de derechos, pero no al revés. El TSJ de Aragón, muy sensatamente, cuestionó esta norma y yo comparto esa decisión del Constitucional, aunque hay votos disidentes del sector que estoy alabando. Pero creo que en este punto se equivocaron.
En su libro lanza críticas directas a la sala de lo penal del Supremo, a la que usted perteneció. Y pone el foco en el 'caso Atutxa'.
Yo distinguiría dos aspectos. El aspecto constitucional de la división de poderes y el activismo judicial. El aspecto constitucional me preocupa profundamente. Por ejemplo, la condena a Atutxa es incompatible con un Estado de derecho y el principio de división de poderes, es de libro. En el Supremo, tras un recurso del prestigioso sindicato de Manos Limpias, el magistrado ponente era partidario de mantener su absolución pero se quedó en minoría y el señor [Manuel] Marchena dio la vuelta a la 'doctrina Botín'. En Europa sería incomprensible que un juez penal pudiese condenar a un presidente de un parlamento por actos ajustado al reglamento.
A Meritxell Batet dicen que se la conminó a que si no echaba a Alberto Rodríguez le metían un querella por prevaricación. Esto ya es el colmo de la perversión del sistema de división de poderes, es intolerable. Como siga así, esto corre peligro de una degradación que no sabemos dónde nos va a llevar.
Sobre el caso del exdiputado Alberto Rodríguez, su condena y su retirada del escaño, dice en su libro que el juez Marchena “parece que quiere, una vez más, confrontarse sin motivo ni causa legal alguna con la institución que encarna la soberanía popular”. ¿Qué opina de la gestión de este caso?
Me parece un cúmulo de decisiones verdaderamente preocupantes para la estabilidad de la democracia. Este suceso tiene lugar años antes de que Alberto Rodríguez adquiriese la condición de parlamentario. Un suceso nimio estuvo archivado y, milagrosamente, cuando adquiere la condición de parlamentario, alguien del Tribunal de Justicia de Canarias o alguien que tiene mucha influencia en el Tribunal de Justicia de Canarias decidió “traer esto para acá que nosotros nos vamos a encargar de que se vea esta causa, y a través de esta causa conseguir que pierda su condición de parlamentario”. Todo esto lo digo textualmente, consciente de lo que digo.
En la sentencia hay dos votos disidentes. Al margen de toda consideración política, la sentencia es escandalosa porque no hay prueba. En cualquier otro juicio en España cualquier tribunal en una situación semejante habría dicho que no tiene prueba. Yo creo que la decisión que se va a tomar, que parece que apunta a la devolución del cargo, se basa en que indiciariamente es tan clamorosa la presunción de inocencia que no hay más remedio que restituirle, porque si vamos a ver el asunto en año y medio cuando haya caducado la legislatura pues ya no tiene sentido.
En su libro y en publicaciones anteriores es muy crítico con la causa del procés y las condenas impuestas a los líderes independentistas. ¿Cree que esta sentencia pasará el filtro de la Justicia europea?
Si alguien piensa que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo va a decir que no hubo sedición, que se olvide. No entra en la calificación jurídica de los hechos, lo que fiscaliza es si tuvieron un juicio justo y equitativo. Yo creo que no tuvieron al juez ordinario predeterminado por la ley y creo que por ahí puede quebrar la sentencia. Además, si el TEDH examina las grabaciones, observará la agresividad del presidente de la sala contra los testigos de la defensa. Eso está grabado. Uno lo ve y puede llegar a mi conclusión o a otra pero está grabado. También puede llamar su atención el excesivo protagonismo del presidente.
También tenemos un problema en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque ahí se va a ver antes lo del juez natural. Y como Luxemburgo diga que no, se carga el proceso.
El Consejo General del Poder Judicial lleva tres años y medio sin renovar. En su libro propone un cambio de modelo para evitar situaciones como esta.
Yo le diría al PP: “Oye, te has aprovechado del sistema durante años y ahora para desgastar al Gobierno vas a llegar incluso a la convocatoria de las próximas elecciones sin Consejo y creando una situación como es la de las vacantes en el Tribunal Supremo...”. Vamos, yo lo digo rotundamente, el PP está haciendo trampas y faltando a la Constitución. Vamos a solucionar el problema con lo que hay, y ahora vamos a sentarnos y vemos cómo corregimos esto. Creo que ese es el orden de prioridades.
Esto puede ser una solución acompañada de una ley que dijese que en primera y segunda votación tres quintos y que ya en tercera votación, mayoría absoluta o simple para elegir a los vocales. Que no olviden que el presidente del Gobierno, en segunda votación, puede salir con mayoría simple.
¿Deberían dimitir en bloque los vocales del actual Consejo para forzar la renovación?
Por supuesto. Para mí debería estar dimitido hace dos años.
¿Puede el Gobierno renovar a dos magistrados del Constitucional sin hacerlo, en bloque, con el CGPJ?
Yo estos días estoy buscando y rebuscando en la Ley del Tribunal Constitucional y en la Constitución qué obstáculo hay para que nombre el Gobierno los suyos y el Consejo los suyos separadamente. Leo y releo y no encuentro ningún artículo, preposición o conjunción que justifique que el Gobierno no puede nombrar los dos. ¿Quién le ha dicho a usted que tiene que ir en bloque? ¿Dónde está eso? Que me lo justifiquen, sobre todo el señor Trevijano y el señor Narváez que son los dos designados por el Gobierno.
Habla en su libro también de las carencias judiciales en la investigación de los crímenes del franquismo y la reparación a las víctimas.
Hay una cuestión que me preocupa mucho: las ejecuciones extrajudiciales, las cunetas, los muertos en fosas comunes. Me asombra que mis colegas no hayan aplicado la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que en cuanto reciban noticia de que en determinados sitios han aparecido restos cadavéricos con signos de violencia... yo me persono allí con el medico forense. Esto no se ha hecho y se ha incumplido la ley y se ha hecho un grave daño histórico porque las generaciones futuras tenían derecho a saber que desde la democracia hasta unos años posteriores hay constancia de causas judiciales por asesinatos extrajudiciales, pero eso no va a existir porque ponen por delante la amnistía y la prescripción.