Las finanzas de Juan Carlos I, otro elefante en la habitación del Congreso

El día en el que el Congreso se viste de largo para conmemorar el aniversario de la Constitución. La fecha en que los principales partidos enarbolan la bandera de la concordia y la convivencia que, con la aprobación de la Carta Magna, puso fin a 40 años de dictadura. Este 6 de diciembre comenzó con un nuevo jarro de agua fría sobre quienes defienden a capa y espada el sistema de 1978 y la ejemplaridad de la Jefatura del Estado durante cuatro décadas: la publicación en el diario El País de la decisión de Juan Carlos de Borbón de solicitar a Hacienda una regularización del dinero que gastó a través de tarjetas opacas al fisco español. Traducido al castellano: la admisión por parte del anterior monarca de que ocultó al dejar el poder y cuando ya había perdido la condición de inviolable dinero a Hacienda con el que pagó con cargo a tarjetas de crédito a nombre de terceros gastos suyos y de otros miembros de la familia real, entre los que no están Felipe VI ni la reina Letizia. Es la última gota en el chorreo de noticias sobre el rey emérito que incomoda a los principales líderes políticos de este país, por más que este domingo hayan tratado de obviarlo en una data tan señalada. Los asuntos económicos del rey Juan Carlos I fueron elefante en la habitación durante los fastos del Congreso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta vez decidió ponerse de perfil ante ese asunto. Sánchez, que hace apenas cinco meses calificó las noticias sobre las finanzas del rey de “perturbadoras” e “inquietantes”, no respondió en esta ocasión a los periodistas tras la breve declaración que hizo en el micrófono colocado en el patio del Congreso y tampoco tuvo que pronunciarse tras el acto puesto que en esta ocasión las medidas anti-COVID le permitieron volver a Moncloa sin pasar por el habitual corrillo como el que el año pasado le obligó a remangarse. La portavoz, Adriana Lastra, no pasó en esta ocasión por el atril y los socialistas consiguieron sortear el asunto. La máxima en la parte mayoritaria del Gobierno es que el rey emérito forma parte del pasado y que ahora toca proteger a Felipe VI. Hacienda evita, además, hacer comentarios bajo el pretexto de que la Ley General Tributaria “prohíbe expresamente hablar de contribuyentes concretos o de expedientes”.

En el asunto de Juan Carlos I sí se moja el PP. Para defenderlo. “Yo me quedo con el legado del rey don Juan Carlos para ser arquitecto de la Transición, para ser pieza imprescindible en la recuperación de las libertades, la democracia, también a la hora de elaborar esta Constitución y los asuntos que haya hecho de forma privada entran dentro de otro poder del Estado que será el que tendrá que dilucidar si hay alguna responsabilidad”, fue la respuesta del día de Pablo Casado. “Del rey Juan Carlos solo puedo recordar el papel tan importante que ha tenido en este país y todo lo que le debemos todos los españoles –había afirmado minutos antes Isabel Díaz Ayuso–. Este país le debe mucho al rey Juan Carlos y si hay un buen día para reivindicar su legado es hoy”.

Menos taxativo fue el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien se esforzó por reivindicar la Corona y defender al actual monarca sin más: “La institución monárquica ha dado estabilidad política a nuestra nación, ha estado a la altura de lo que necesita nuestro país y ha sido sinónimo de unidad, de respeto a la diversidad y pluralidad de las comunidades autónomas y nacionalidades”. En conversación informal con los periodistas, otro presidente popular sí admitió que noticias como la regularización fiscal del exjefe del Estado “deterioran aún más la imagen de la Casa Real”.

El que no ve ningún problema en la decisión del rey emérito a partir de la investigación de Anticorrupción y que está ya en manos de la Fiscalía del Tribunal Supremo es Vox. “No tenemos especial opinión”, comenzó el portavoz, Iván Espinosa de los Monteros. “Me imagino que tendrá derecho a acogerse a la normativa fiscal en los mismos términos y condiciones que el resto de españoles”. La justicia investiga el uso de tarjetas de crédito opacas por parte de Juan Carlos I y varios miembros de la familia real, entre ellos la reina Sofía, de las que ni siquiera figuraban como titulares, tal y como publicó elDiario.es.

Para Unidas Podemos la revelación de la regularización fiscal del rey emérito en esta fecha ha sido justicia poética. “¡Menudo día ha elegido para confesar que ha defraudado a la Hacienda española!”, ha ironizado el portavoz, Pablo Echenique, para quien la jugada del rey se produce exclusivamente “porque le han pillado”. “Me temo que esa opacidad sobre la Corona se sigue dando. No me parece que sean estándares para un país democrático”, expresó el portavoz del PNV, Aitor Esteban, en una comparecencia celebrada con motivo del aniversario de la Constitución, aunque los nacionalistas vascos no acuden nunca al evento en el Congreso.

Cordón sanitario a la investigación al rey

Unidas Podemos es uno de los partidos que junto a formaciones nacionalistas, como PNV, ERC, EH Bildu, Compromís o BNG, llevan años intentando sin éxito que el Parlamento fiscalice a la Corona. La última iniciativa, a instancias de Más País-Equo y Compromís y vetada por los letrados del Congreso, pretendía crear un registro de los bienes de la familia real. “Se pretende establecer una suerte de control respecto de la Jefatura del Estado que la Constitución no permite y que resultaría, además, contrario al principio de libre disposición de la cantidad que Su Majestad el Rey recibe de los Presupuestos del Estado”, argumentaban los servicios jurídicos.

A esa negativa se suman otras como el rechazo a la creación de una comisión de investigación sobre los negocios del rey que solicitaron esas formaciones políticas a raíz de la investigación judicial por la presunta entrega de 100 millones de euros de Arabia Saudí. Esa iniciativa se produjo casi dos años después de que la Mesa del Congreso rechazara, de nuevo a instancias de sus servicios jurídicos, otra comisión de investigación sobre la fortuna oculta en el extranjero que le reveló la examante del rey Corinna Larsen al excomisario Villarejo. El veto ha llegado incluso a más de un centenar de preguntas formuladas por los grupos parlamentarios a los distintos gobiernos en la última década.

Ese “horizonte republicano” por el que apuestan los aliados de Sánchez es precisamente uno de los argumentos esgrimidos por el PP en contra el Gobierno de coalición. El cruce de reproches fue constante durante la mañana de este domingo en la misma línea de toda la legislatura, a pesar de las odas a la concordia y el afán de consenso que está detrás de la Constitución. De hecho, en esta ocasión, el único que se atrevió a hablar de una reforma que se antoja imposible en este momento fue el canario Ángel Víctor Torres. También lo hizo el valenciano Ximo Puig, pero no en el Congreso.

El PP fijó un objetivo en su estrategia de desgaste al Gobierno: situarlo fuera del régimen constitucional, o al menos a una parte de la coalición. “Hay movimientos, incluso dentro del Gobierno, que estarían de acuerdo en derrocar esta Constitución”, espetó Ayuso tras reconocer que comparte la “literalidad” del manifiesto impulsado por militares retirados que acusan al Gobierno de suponer un “grave riesgo para la unidad de España y el orden constitucional”. “Los que se declaran enemigos de la Constitución están en la dirección del Estado tal y como ellos mismos han reivindicado tras la aprobación de los presupuestos”, ahondó posteriormente Casado, que se situó en la “moderación” y se mostró convencido de poder atraer a los socialdemócratas. El mantra contra la coalición lo repitieron algunos de los presidentes autonómicos conservadores, entre ellos Juanma Moreno Bonilla y Alberto Núñez Feijóo, y coincidió con el posicionamiento de la extrema derecha. “Los enemigos de la Constitución están en el Gobierno”, expresó el portavoz de Vox.

Frente al ataque de PP y Vox, Sánchez celebró la aprobación de las cuentas públicas para 2021 “tras dos años de bloqueo parlamentario” y aseguró que cumplen con el “alma social” de la Carta Magna. El Gobierno está determinado a mantener la alianza con las fuerzas de la investidura, aunque la parte socialista espera poder atraer a Ciudadanos a determinadas negociaciones tras dar por finiquitada la presupuestaria. Sánchez aprovechó, no obstante, para soltar una velada pulla al PP a costa del bloqueo del Poder Judicial al reivindicar el cumplimiento de los artículos de la Constitución, “del primero al último”. PSOE y Unidas Podemos sostienen que Casado está incumpliendo el mandato constitucional de renovar el órgano de gobierno de los jueces, que lleva en funciones más de dos años.

Sánchez y Casado, una relación imposible

Consciente de la polarización y crispación que emite el Congreso, la presidenta, Meritxell Batet, hizo un alegato en favor de los acuerdos. “La democracia y la Constitución exigen aceptar al otro y considerar sus argumentos”, expresó la socialista, que recordó “las consecuencias nefastas de considerar al adversario político un enemigo –justo la misma expresión que minutos antes habían usado PP y Vox–, de negarle legitimidad, de asumir un enfrentamiento constante e incondicional”. A pesar de ello, los líderes políticos aplaudieron las palabras que en vano pronunció Batet.

El jefe de la oposición se quejó de que Sánchez le ignorara durante el acto y aseguró que ni siquiera le saludó y recordó en una conversación con los periodistas que sigue esperando una llamada de Moncloa que se quedó sin respuesta a finales de octubre. “Cuando estás en el Gobierno tienes que ser receptivo con el jefe de la oposición”, expresaba uno de los barones del PP, que acusaba a Sánchez de cortar la línea con los conservadores: “Esto que está pasando no había ocurrido nunca”.

Sánchez sí departió durante un rato tras el acto con algunos presidentes autonómicos, como el andaluz o el gallego, con quienes abordó la situación de la pandemia en sus correspondientes territorios a las puertas de las fiestas de Navidad. Tras el acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud para unas recomendaciones básicas, los gobiernos regionales se preparan para ponerlas en marcha. Moreno Bonilla explicó que pretende aclarar que los “allegados” que podrán viajar a Andalucía serán básicamente familiares, aunque tiene aún que definir el grado de parentesco, y Feijóo insistió en la idoneidad de permitir que los festejos puedan reunir a dos unidades familiares independientemente del número de personas que las compongan y no contar a los niños.