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Hernández, primer expresidente de Honduras sentenciado en EE.UU. por narcotráfico

Tegucigalpa —
26 de junio de 2024 19:18 h

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Tegucigalpa, 26 jun (EFE).- Juan Orlando Hernández ha pasado este miércoles a la historia de Honduras como el primer expresidente de su país en ser sentenciado en EE.UU. por narcotráfico con una condena a 45 años de prisión, lo que quizá nunca se imaginó, porque como gobernante decía ser aliado de Washington en la lucha contra ese flagelo.

Natural de la aldea Río Grande, departamento de Lempira, oeste hondureño, donde nació el 28 de octubre de 1968, Hernández, quien era muy dado a improvisar sus discursos, tuvo una vertiginosa carrera política que inició en 1993, cuando fue electo coordinador departamental de su región por el conservador Partido Nacional.

Para algunos analistas, Hernández, de origen campesino, proveniente de una familia con solvencia económica, siempre fue un político “muy ambicioso” que comenzó a sobresalir en 1988, cuando como estudiante de leyes en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en Tegucigalpa, se convirtió en presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho.

En la UNAH ejerció durante unos pocos años como docente de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y entre 1998 y 2013 fue diputado ante el Parlamento de Honduras por el Partido Nacional.

En el Parlamento, Hernández, quien se definía como un hombre “disciplinado”, quizá por su formación secundaria en un Liceo Militar, en la norteña San Pedro Sula, fue secretario y luego titular de ese poder del Estado, del que saltó a la presidencia de Honduras en 2014.

“Soy Juan Orlando Hernández, vengo de las tierras del indómito cacique Lempira (indígena que luchó contra los conquistadores españoles), de la mano de Dios y por la voluntad mayoritaria del pueblo hondureño, ahora soy el nuevo presidente de Honduras”, exclamó Hernández al final de su discurso de toma de posesión, el 27 de enero de 2014.

En ese discurso, en tono enérgico, le advirtió a las pandillas armadas que desde hace varias décadas infunden el terror en barrios de ciudades importantes del país, que los perseguiría sin tregua, resaltando además que continuaría su lucha contra el narcotráfico.

“Yo, Juan Orlando Hernández, voy a hacer lo que tenga que hacer para devolver la paz y la tranquilidad al país, dentro de la ley y con el apoyo del pueblo hondureño”, “a los delincuentes se les acabó la fiesta” y “¿quién dijo miedo?”, fueron otras de las frases de Hernández en su discurso de investidura.

Hernández, quien no terminó de ser aceptado en los altos círculos sociales y económicos del país, tenía un obsesión con la gente del sector rural, y en sus giras al interior, cuando alguien se le acercaba para saludarlo, le preguntaba: “¿usted es de pueblo como yo?”. Si la respuesta era afirmativa, sonreía y le decía “nos vamos a llevar bien”.

El expresidente, quien disfrutaba de montar a caballo en su casa de campo en Gracias, Lempira, también se ufanaba de decir que en su mandato había hecho “más obra que los de la izquierda”, en alusión al Partido Liberal, también conservador, con el que el Partido Nacional alternó el poder en Honduras durante un siglo.

El segundo mandato de Hernández fue marcado por un descontento nacional y violencia debido a su polémica reelección, en noviembre de 2017, además con “fraude”, según las principales fuerzas de la oposición.

Casado con Ana García, hace 33 años, y padre de cuatro hijos, Hernández, aficionado al fútbol y “poco conocedor de música”, como lo comentó en una ocasión en una distendida reunión con periodistas, siempre rechazó las acusaciones, dentro de su país y en Estados Unidos, de que era narcotraficante.

Estados Unidos informó que investigaba a Hernández desde 2004 por sus vínculos con el narcotráfico.

El expresidente fue capturado en su residencia en Tegucigalpa el 15 de febrero de 2022, pocos días después de haber concluido su segundo mandato, y el 21 de abril de ese año fue llevado, esposado de manos y pies, a Nueva York, donde este miércoles fue sentenciado a 45 años de cárcel, contrario a la cadena perpetua que solicitaba la Fiscalía.