El Poder Judicial aprueba dividido un informe crítico con aspectos clave de la reforma del aborto de Irene Montero
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones ha aprobado dividido su informe sobre el anteproyecto de ley de aborto. Es un dictamen crítico con algunos de los aspectos clave del texto diseñado por el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero: pone objeciones a la eliminación de dos de los requisitos para abortar que rigen actualmente y alerta de que la supresión del permiso paterno a las jóvenes de 16 y 17 años para interrumpir el embarazo “dificulta” el ejercicio de la patria potestad.
El informe ha sido aprobado por diez votos. Lo han respaldado siete vocales conservadores (Ángeles Carmona, Vicente Guilarte, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea) y tres progresistas (Rafael Mozo, Roser Bach y Enrique Lucas), informan a elDiario.es fuentes del órgano de gobierno de los jueces.
Los cinco vocales que han votado en contra han anunciado que formularán votos particulares. Se trata de los conservadores Nuria Díaz y Juan Manuel Fernández, que harán un escrito con un posicionamiento que, en términos generales, es contrario al aborto como un derecho de las mujeres. Y de las progresistas Mar Cabrejas, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda, que discrepan del tratamiento que da el informe al consentimiento de las menores de 16 y 17 años. El conservador José Antonio Ballestero y los progresistas Álvaro Cuesta y Clara Martínez de Careaga han votado en blanco.
La ponencia que ha respaldado el pleno fue elaborada por las vocales Roser Bach (progresista) y Ángeles Carmona (conservadora). Proponía mantener la obligación de esperar tres días para reafirmarse en la decisión de abortar y pedía también que se conserve la obligación de recibir información sobre ayudas a la maternidad antes de interrumpir un embarazo. Con la ley actual, las mujeres que quieren abortar reciben un sobre cerrado con información sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad y cuyo contenido se dirige en algunas comunidades incluso a asociaciones antiabortistas. Y también tienen que afrontar un plazo obligatorio de reflexión desde que reciben esta información. El Gobierno quiere eliminar ambos requisitos. La reforma fue aprobada el pasado 15 de diciembre en el Congreso y va camino del Senado, donde quedará aprobada definitivamente.
Sobre la supresión del periodo de reflexión de tres días, el informe dice que ese período es “necesario para una adecuada formación de la voluntad y para la adopción de una decisión consciente y meditada”. Respecto al sobre, el dictamen afirma que el derecho a recibir información es un requisito “asociado al consentimiento”. Y sostiene que esa información, para ser adecuada, completa y suficiente, no debe estar orientada exclusivamente a la práctica del aborto, sino también a la protección de la maternidad (sin introducir consideraciones éticas ni religiosas) aunque “no ha de articularse de modo que restrinja la efectividad del derecho”.
La reforma también devuelve el derecho a las jóvenes de 16 y 17 años a interrumpir su embarazo sin consentimiento paterno siete años después de que el PP de Mariano Rajoy lo eliminara. El informe dice que esta medida “no contraviene las observaciones y recomendaciones internacionales ni la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos” y reconoce que la legislación vigente otorga a las mayores de dieciséis años “un grado de madurez y autonomía suficiente para intervenir en la vida jurídica sin necesidad de la intervención de sus representantes legales”.
No obstante, el informe considera válido el sistema vigente, en el que es necesaria la concurrencia del consentimiento de la menor con el de sus padres o tutores, y señala que las eventuales situaciones de conflicto entre la voluntad de la menor y los progenitores podrían resolverse a través de un procedimiento previsto en la propia norma que permitiera conciliar los intereses de aquélla y conferir relevancia a su capacidad decisoria con los deberes de los representantes legales derivados de su función tutelar.
El informe también pone objeciones a otro de los aspectos clave del texto del Gobierno: las bajas por las reglas dolorosas, que finalmente lograron cerrar los socios de la coalición tras un intenso debate y hará de España un país pionero en ese derecho en la UE. Pues bien, el dictamen advierte de la “ausencia de justificación” en la regulación de estas bajas y afirma que la nueva normativa “puede provocar efectos totalmente contrarios a los pretendidos, haciendo surgir reacciones de marginación o estigmatización sobre las mujeres en general y sobre las que sufren los efectos de una menstruación incapacitante secundaria en particular”.
El proyecto de Igualdad también va un paso más allá con la objeción de conciencia de los médicos, que es uno de los elementos que esgrimen hospitales y comunidades enteras sin ofrecer datos al respecto para argumentar por qué no asume los abortos la pública. Para conocer el estado de la cuestión e intentar forzar a los centros a que cuenten con los profesionales suficientes, la norma obliga a cada comunidad a poner en marcha un registro de objetores, que deberán serlo tanto en la sanidad privada como en la pública.
El informe no cuestiona la regulación del derecho a la objeción de conciencia que se hace en el anteproyecto, aunque señala que la forma de acceso al registro de objetores “deberá concretarse en un instrumento normativo de rango infraorgánico” para que no limite el derecho a la protección de datos que prevé la Constitución.
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