El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones ha aparcado los nombramientos en la cúpula judicial que tenía previsto someter a votación en su próximo pleno, previsto para este jueves. El presidente Carlos Lesmes no ha incluido en el orden del día de esa sesión la asignación de las ocho plazas que están listas para adjudicar. Entre ellas, tres en el Tribunal Supremo, que se consideran especialmente sensibles porque esos puestos se mantienen hasta la jubilación. El resto de mandatos tiene una duración de cinco años.
Aunque no ha habido una comunicación oficial, este movimiento se interpreta por los vocales consultados por elDiario.es como una respuesta ante la posibilidad de que cristalicen por fin en un acuerdo las negociaciones entre el Gobierno y el PP para la renovación del órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato está prorrogado desde diciembre de 2018. Fuentes de la institución confirman que en esta decisión también ha influido la división interna entre los vocales sobre la oportunidad de hacer nuevas designaciones. Los últimos nombramientos han salido adelante con mayorías muy amplias, algo que no iba a ocurrir en esta ocasión.
De hecho, después de que Lesmes tomara esa decisión, ocho vocales del CGPJ han presentado un escrito en el que se oponen a esa medida. Solicitan que el pleno —el del jueves o uno extraordinario— aborde los nombramientos de las ocho plazas que ya están listas para adjudicar tras culminar todo el proceso: tres en el Supremo, dos en la Sala de lo Civil y otro en la de lo Social; las presidencias de los TSJ de País Vasco y Canarias, la de la Sala Social del País Vasco y las de las audiencias provinciales de Almería y Salamanca.
Al ser más de cinco los firmantes, Lesmes está obligado a poner esa propuesta sobre la mesa en un pleno, el del jueves u otro extraordinario. Han registrado esta petición los conservadores Vicente Guilarte, María Ángeles Carmona, Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballestero y José María Macías, las progresistas María Victoria Cinto y Roser Bach y Enrique Lucas, elegido a propuesta del PNV. Estos vocales consideran que los nombramientos deberían seguir hasta que haya un “acuerdo serio” para la renovación del órgano.
La designación de jueces en la cúpula judicial es una de las tareas clave del CGPJ. Precisamente esta cuestión ha sido uno de los puntos de enfrentamiento con el Ejecutivo en los últimos meses, pues el órgano de gobierno de los jueces ha realizado hasta 68 nombramientos discrecionales con el mandato caducado y con una composición de mayoría conservadora heredada de la etapa en la que el PP gobernaba con mayoría absoluta. Los últimos, el pasado enero. Estaba prevista la adjudicación de nuevas plazas en el pleno del 25 de febrero, aunque el presidente, Carlos Lesmes, ha decidido finalmente que no se realicen.
Estos nombramientos, en principio, iban a ser los últimos antes de que se aprobara en marzo la reforma que pretende limitar sus competencias con el mandato prorrogado y que ha elevado la tensión entre ambos poderes del Estado. El CGPJ, con el respaldo de 16 de sus 21 miembros, acusó a PSOE y Unidas Podemos de quebrantar la “separación de poderes” por quitarle competencias de forma exprés y ambos partidos —a través de la Mesa del Congreso, donde tienen mayoría— contestaron pidiendo “respeto” a su capacidad de legislar.
Es la tercera vez que el CGPJ decide paralizar los nombramientos ante las informaciones sobre un posible acuerdo que permitiría renovarlo. La primera vez fue en enero de 2020, después la constitución de las Cámaras tras las elecciones generales; y la segunda el pasado verano, cuando según el Gobierno había un acuerdo “cerrado al 99%” con el PP que los conservadores rompieron con el argumento de que el pacto no podía avanzar “con el Gobierno arremetiendo contra la Jefatura del Estado”, en alusión a los comentarios de dirigentes de Unidas Podemos ante el anuncio del abandono de España del rey emérito Juan Carlos I.
En septiembre, en su discurso en el acto solemne de Apertura del Año Judicial, Lesmes dejó claro que los nombramientos en la cúpula judicial debían seguir desarrollándose “con normalidad”. “Lo contrario sería incumplir la propia norma fundamental”, aseguró en ese momento. Desde entonces, se han adjudicado 25 plazas. Entre ellas, tres en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la que examina en última instancia la mayoría de las causas penales que se juzgan en España y por la que pasan los casos de corrupción. Un acuerdo entre la mayoría conservadora y parte del bloque progresista colocó en esa Sala a Ángel Hurtado, el único juez de la Gürtel que pidió la absolución del PP; el progresista Javier Hernández y Leopoldo Puente, una figura de consenso entre ambos sectores.