El juez abre un nuevo frente al Ayuntamiento de Madrid y sigue el rastro de las mascarillas de Medina y Luceño

Dos años y tres meses después del pelotazo que llenó de comisiones las cuentas corrientes de Luis Medina y Alberto Luceño, el juez del caso mascarillas ha decidido abrir un nuevo frente sobre la presunta estafa cometida contra el Ayuntamiento de Madrid: la calidad y el uso del material sanitario que la administración madrileña compró con sobreprecios, en ocasiones defectuoso y sin hacer comprobaciones hasta que fue demasiado tarde. A propuesta de la acusación popular que ejerce el PSOE, el magistrado ha ordenado varias diligencias en este sentido después de cerrar la ronda de declaraciones relacionadas con el desembarco de los comisionistas en el Ayuntamiento de Madrid tirando de su contacto inicial con un primo del alcalde, José Luis Martínez-Almeida. Una fase de la investigación que ha demostrado que Medina y Luceño solo necesitaron su palabra para hacer el negocio de su vida a costa del dinero de todos los madrileños en el peor momento de la pandemia.

En respuesta a la petición de los socialistas, el juez puso en marcha una batería de diligencias el último día de mayo encaminadas a examinar lo que vino después de las comisiones: el uso del material que los empresarios trajeron hasta Madrid desde China vía Malasia. Tal y como explicó elDiario.es, el Ayuntamiento de Madrid se quedó con cuatro millones de euros en material defectuoso entre los guantes que Anticorrupción califica como “de ínfima calidad” y los test que, según la Fiscalía, no tenían “un nivel de sensibilidad aceptable”.

En esta batería de diligencias destaca la petición de un informe para analizar “el grado de idoneidad de dichas mascarillas en relación con la normativa vigente en el año 2020”. También la solicitud de información al Ayuntamiento de Madrid, aquí personado como acusación particular, sobre qué pasó con las mascarillas que trajeron Luceño y Medina. Pide que se especifique a qué se destinaron, cómo se distribuyeron y también si queda alguna. Y solicita información también sobre qué pasó con las mascarillas que donaron y que fueron a parar al Hospital Puerta de Hierro donde trabajaba entonces la esposa de uno de los comisionistas, tal y como este recomendó al Ayuntamiento.

También ha pedido el instructor que declare el responsable de un informe de la Policía Municipal sobre si las mascarillas KN95 cumplen o no con los estándares de calidad necesarios. El juez, por tanto, quiere saber, no solo si hubo sobreprecios, sino también si el Ayuntamiento compró mercancía defectuosa y qué uso se le dio. Por eso declarará en las próximas semanas Mario Tabasco, jefe del servicio de prevención de riesgos laborales en Madrid Salud. Comparecerá como testigo para dar explicaciones sobre un correo que envió el 13 de abril de 2020 a Antonio Prieto, gerente de Madrid Salud.

Finalmente, Prieto se dirigió a Elena Collado, responsable de ventas que trataba entonces a diario con Alberto Luceño vía WhatsApp, para reprochar que en las mascarillas llegadas desde China “se supone que son FFP2 pero no aparecen los certificados oficiales que lo garanticen”, dijo, según informa la agencia EFE. Es más, el certificado ya había levantado sospechas: “Nos alertó el Ministerio de Trabajo de que sus certificados no son válidos”.

El sumario recoge cómo Elena Collado también verbalizó su desconfianza sobre la calidad del material que traían los comisionistas muy por encima de su precio. Lo hizo cuando llegaron unos guantes de mala calidad y muy caros: “Por Dios, dime algo. Nos han estafado seguro”, le dijo a Luceño. También pidió explicaciones por los test e, incluso, por las mascarillas: “Necesitamos una confirmación de que son válidas para uso médico. De momento no las va a usar el SAMUR hasta que están analizadas. Si no son aptas, en su caso, llevarlas al hospital puede ser peligroso para el personal sanitario”, dijo Collado a Luceño el 14 de abril de 2020.

Pese a las pistas que iban surgiendo, el Ayuntamiento en ningún momento denunció la presunta estafa y no acudió a los tribunales hasta que la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia por este caso.

La instrucción de la causa llega ahora a un punto en el que el juez empieza a definir cómo será un hipotético juicio: con Medina y Luceño como firmes candidatos al banquillo y su entrada VIP en el Ayuntamiento de Madrid como parte del contexto pero sin una acusación concreta a cargos municipales, ni siquiera al familiar del alcalde que hizo de nexo entre los comisionistas y la responsable de compras del consistorio.

Lo que Alberto Núñez Feijóo definió como unos “pillos” tras hacerse con un botín de más de cinco millones de euros salidos de las arcas públicas, en la cara del Ayuntamiento de Madrid pero al mismo tiempo a sus espaldas, y utilizado para comprar un yate, una larga lista de coches deportivos, una casa en Pozuelo de Alarcón y una semana de hotel a todo lujo.

“Han renunciado a todo tipo de comisiones”

Esta nueva rama de la investigación se abre después de que el juez haya escuchado el último testimonio relacionado con el desembarco de los comisionistas en el Ayuntamiento. El pasado viernes, la coordinadora general de alcaldía y mano derecha del regidor, Matilde García Duarte, alejó los contornos de la negociación de la figura de José Luis Martínez-Almeida, insistió en que no existió trato de favor e, incluso, aportó correos en los que ya en marzo de 2020 los altos cargos del Ayuntamiento de Madrid celebraban que Medina y Luceño “han renunciado a todo tipo de comisiones”.

Los múltiples testimonios han dibujado el camino que siguieron los comisionistas para llegar hasta el núcleo de las decisiones del consistorio madrileño sin tener que dar muchas explicaciones. Luis Medina contactó con el primo del alcalde, Carlos Martínez-Almeida, a través de María Díaz de la Cebosa, directora de su antigua universidad. El primo del alcalde, a su vez, consultó con Matilde García, coordinadora de alcaldía, y ella le proporcionó el correo electrónico corporativo al que llegaban este tipo de ofertas de material.

Todo esto pasó, según todos los testigos, sin que el alcalde supiera nada de todo este asunto hasta que llamó a Luis Medina para darle las gracias por una donación de mascarillas que este había efectuado. Todos han negado también que existiera un trato de favor y, por el momento, ni el juez ni la Fiscalía han dado pasos en ese sentido al considerar al Ayuntamiento como parte perjudicada sin aliados de la estafa entre sus filas.

Lo que sí ha dibujado también la investigación, más allá del terreno penal, es cómo los dos comisionistas perpetraron la supuesta estafa millonaria usando como llave la agenda de contactos de Luis Medina y su palabra como salvoconducto. Su red de contactos le llevó al primo del alcalde y, de ahí, a los que gestionaban las compras en ese momento de emergencia. Su palabra fue la que le permitió poner en marcha el negocio sin que nadie sospechara nada porque, según se desprende de los correos electrónicos, sólo tuvo que decir a Elena Collado que habían renunciado a cualquier tipo de comisión para que nadie sospechara de unas compras que, según el Tribunal de Cuentas, salieron más caras que a muchos grandes ayuntamientos del país.

“No comprobé nada”, dijo Matilde García el viernes. Elena Collado tampoco relató al juez o a la Fiscalía que hiciera alguna comprobación para ver si la experiencia en el mercado textil asiático que esgrimían Medina y Luceño era cierta. Las alarmas sólo saltaron cuando en el Ayuntamiento de Madrid se dieron cuenta de que los guantes que habían comprado eran extraordinariamente caros, de mala calidad y más cortos que los que habían pedido. Luego comprobaron que muchos de los test que habían comprado no tenían la sensibilidad suficiente.

Tampoco en esos momentos nadie se preguntó formalmente si existía la posibilidad de que Medina y Luceño, en realidad, estuvieran haciendo fortuna en un río revuelto donde pocos comparaban precios y calidades. Pero en el mismo correo del 24 de marzo de 2020 en el que varios funcionarios y altos cargos del Ayuntamiento –entre ellos la concejala de Hacienda, Engracia Hidalgo– eran informados de que los comisionistas no cobraban comisión, Elena Collado también plasmaba en un gráfico que eran las mascarillas FFP2 más caras que habían comprado.

Está por ver si el juez decide seguir buceando en ese posible “trato de favor”, en sus propias palabras, que todos los testigos que hablaron con Medina y Luceño han descartado de plano. Después también de que la “amistad” que, según la Fiscalía, Luis Medina tenía con el primo del alcalde, haya quedado rebajada a un contacto esporádico y específico para este asunto. Por ahora el juez centra sus esfuerzos en determinar si el material que se quedó el Ayuntamiento no sólo traía un sobreprecio millonario sino también una calidad muy inferior a la pactada. Y si además de las comisiones, los millones pagados por el Gobierno de Almeida fueron por material inservible.