Un “disco duro” con “información sensible” que el chófer de la familia robó a Luis Bárcenas en el marco de la operación parapolicial de espionaje que indaga la Operación Kitchen es para los investigadores una de las principales incógnitas de la magnitud de las pruebas que el extesorero tenía en su poder sobre la caja B del Partido Popular. La Audiencia Nacional investiga desde 2018 las maniobras extrapoliciales que un grupo de agentes que trabajaban al margen del cuerpo y sin mandato judicial hicieron para tratar de evitar que Bárcenas pusiera contra las cuerdas con sus revelaciones al partido en el Gobierno.
El contenido de ese “disco duro”, que no ha sido encontrado en los registros a los implicados en la trama, tendría “muertos de miedo” a los responsables del partido, según unas de las anotaciones manuscritas que Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, hizo tras visitarle en prisión. Tras los encuentros con su marido en la cárcel, Iglesias anotaba la información que consideraba más comprometedora para el PP. Parte de esos documentos manuscritos, publicados por varios medios, fueron hallados en casa del comisario José Manuel Villarejo, hoy en prisión acusado de una ristra de delitos, y que jugó un papel crucial en la llamada brigada política.
El escrito de la Fiscalía Anticorrupción da algunas pistas de lo que puede contener ese disco duro que obsesionaba a los dirigentes del PP, a la policía política y que la familia Bárcenas se habría guardado como garantía. Esas pistas parten de una conversación que está en el origen de la investigación y que habrían mantenido Villarejo y el chófer infiltrado por la policía en la familia del extesorero para hacerse con información comprometedora.
Lo que sigue es el relato de Anticorrupción: “El interés por la obtención del supuesto botín de la Operación KITCHEN lo traslada el propio José Manuel Villarejo Pérez a la persona que fue captada para ello, Sergio Ríos Esgueva, tal y como consta en el audio de 2 de octubre de 2013 que dio lugar a la apertura de la presente Pieza Separada. En dicha conversación, ambos hablan sobre la problemática del Partido Popular con Bárcenas y la posesión que éste tendría de material comprometedor para los altos dirigentes de dicho partido político Mariano Rajoy Brey, María Dolores de Cospedal García y Javier Arenas Bocanegra”.
El escrito de Anticorrupción reproduce la parte de la conversación a la que se refieren.
Precisamente la información digital grabada en este “disco duro” —donde Anticorrupción da por hecho que se encuentran esas grabaciones con Mariano Rajoy y otros miembros de la cúpula del PP— y los documentos manuscritos por Iglesias constituyen para el juez José de la Mata, actual instructor del caso de la caja B, las evidencias más claras de que los implicados en la Operación Kitchen “cumplieron con los objetivos marcados”. En un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, De la Mata detalla que la estrategia se “desarrolló” por el Ministerio del Interior que entonces dirigía Jorge Fernández Díaz y que el objetivo era “apoderarse” de documentos en poder del extesorero del PP para “sustraerlos a la investigación judicial en curso” y que, para ello, se actuó “extramuros del procedimiento judicial”.
Anticorrupción ya ha pedido al juez instructor de la Operación Kitchen que impute tanto al entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, como a la secretaria general del PP aquella época, María Dolores de Cospedal. Tanto en el sumario de la caja B como en el de la Operación Kitchen abundan las pruebas de que todas esas maniobras para arruinar la investigación al PP se pagaron con dinero de los fondos reservados. El responsable de esos pagos, el secretario de Estado de Seguridad entre 2014 y 2016, Francisco Martínez, imputado en la causa, ha revelado en conversaciones y documentos incautados que él no pensaba asumir solo la responsabilidad de una operación que no organizó y que toda su desgracia nace de haber sido leal con “miserables como Jorge [Fernández Díaz], Cospedal y Rajoy”.
Ese dispositivo de espionaje se inició en julio de 2013, justo cuando el extesorero admitió ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz la autoría de los papeles que El País había publicado el 31 de enero de ese año y apuntó directamente a la cúpula del PP. Los pagos al chófer de Bárcenas se extendieron hasta septiembre de 2015, según consta en informes policiales. Un año después, en septiembre de 2016, Bárcenas retiró la acusación contra el partido en la causa de la destrucción de sus ordenadores, lo que despertó las sospechas de un posible pacto entre la formación política y su extesorero. Finalmente, el PP resultó absuelto en ese caso.
“Muertos de miedo”
“Sergio ha creado a través Jefe presidencia Cospedal disco duro. Muertos de miedo”, puede leerse literalmente en esas notas de Rosalía Iglesias, que forman parte de un informe del inspector jefe de la UDEF que investigó durante más de una década Gürtel y la caja B del PP y que está incluido en el sumario del caso Bárcenas. Según el informe policial, al que ha tenido acceso elDiario.es, la “naturaleza y relevancia” del contenido de ese disco duro “viene definida por la expresión utilizada [por Rosalía Iglesias] cuando señala que se encontraban ‘muertos de miedo'”.
“Sergio” es Sergio Ríos Esgueva, uno de los protagonistas del “operativo parapolicial” investigado en la Operación Kitchen. Fue el topo que la brigada política infiltró en el domicilio de los Bárcenas para robar documentos y facilitar información sobre los movimientos de la familia. A cambio recibió 53.266,22 euros de los fondos reservados y al finalizar la misión entró en el Cuerpo Nacional de Policía a los 42 años.
Los investigadores creen que fue él quien participó en el robo de esa “información digital” a Bárcenas y la incorporó a un disco duro externo. Pero no lo hizo solo. Tal y como mantiene la mujer de Bárcenas en su nota manuscrita, actuó junto al ahora comisario Andrés Gómez Gordo, también imputado en la Operación Kitchen, y que era el jefe de escolta de María Dolores de Cospedal y el hombre para todo de la entonces presidenta de Castilla-La Mancha. A Gómez Gordo le adjudican los investigadores un papel relevante en la trama. Fue quien captó a Ríos Esgueva —al que conocía por haber trabajado junto a él para el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados— y el encargado, junto al comisario Villarejo, de pagarle con fondos reservados.
“Información sensible”
Según el inspector jefe de la UDEF, ambos sustrajeron el material para evitar que esa “información sensible” fuera difundida a terceros y “pudiera incorporarse al procedimiento judicial” de la caja B “convirtiéndose en nuevos elementos indiciarios que coadyuvaran a sustentar o ampliar” la investigación. De esa forma, dice el informe policial, también se pretendía que esa información que estaba en poder del extesorero estuviera bajo “control” y pudieran conocerla “responsables” del PP. El contenido exacto de ese disco duro es hasta el momento una incógnita para los investigadores.
El informe de la UDEF confirma que Bárcenas manejaba documentación relativa a la existencia de “una contabilidad ajena al sistema económico” por parte del PP, cuyos registros recogían las operaciones realizadas entre abril de 1990 y diciembre de 2008. Esa documentación afectaba a “la propia formación política”, así como a miembros del partido y otras personas en calidad de receptores de fondos, pero también a responsables de empresas privadas que actuaban como donantes y cuyas empresas mantenían contratos en vigor con la Administración Pública.