El juez del caso mascarillas, Adolfo Carretero, ha acordado citar como testigo a María Díaz de la Cebosa, la directora de una universidad privada de Madrid que puso en contacto a Luis Medina y al primo del alcalde en el origen de los contratos de los que el aristócrata y Alberto Luceño obtuvieron seis millones de euros en comisiones, según la providencia del instructor al que ha tenido acceso elDiario.es.
La declaración de María Díaz de la Cebosa había sido solicitada por las acusaciones populares que ejercen Podemos y Más Madrid. También habían solicitado que fuera citado a declarar Carlos Martínez-Almeida, aunque en este caso discrepaban si en condición de investigado o como testigo. El juez da ahora tres días a las partes para que “informen” acerca de “la condición en que debe ser citado”.
Mientras decide sobre la citación de Carlos Martínez-Almeida el juez ha fijado para el día 9 de mayo la declaración de María Díaz de la Cebosa, la misma jornada en la que testificará Elena Collado, la responsable de compras de material sanitario del Ayuntamiento de Madrid.
Las declaraciones en sede judicial de Luis Medina y Alberto Luceño han marcado un punto de inflexión en el caso mascarillas. Los interrogatorios a los investigados han dado paso a una primera batería de peticiones de diligencias por parte de las acusaciones populares que ponen el foco en el posible papel del Ayuntamiento de Madrid para la materialización de la estafa.
En la misma providencia, el instructor también llama a declarar como testigos a dos personas más: los directores de las oficinas de los bancos donde los dos empresarios, Luis Medina y Alberto Luceño, cobraron sus comisiones procedentes de Malasia en 2020.
Anticorrupción no ve falsificación
Por otro lado, este mismo jueves ha trascendido un escrito en el que el fiscal del caso, Luis Rodríguez Sol, ha rechazado que el gerente de la funeraria municipal de Madrid - la que canalizó y pagó los contratos investigados - deba declarar como imputado. Más Madrid había solicitado su comparecencia al entender que la documentación que había llegado al juzgado y la que había en la Funeraria no son la misma. Apuntaban a una posible modificación o falsificación de los documentos.
El fiscal reconoce que existen estas diferencias entre ambos documentos pero coinciden en lo esencial: la fecha, las firmas y su contenido. “No se ha alterado, por tanto, ningún elemento o requisito esencial de los documentos”, dice Anticorrupción para rechazar la imputación.
El escrito del Ministerio Público, incluso, valora positivamente la colaboración del Ayuntamiento de Madrid en este caso a la hora de entregar información. “Han respondido puntualmente a todos los requerimientos formulados por la Fiscalía”, dice el fiscal Rodríguez Sol sobre el Ayuntamiento y la Funeraria.