El juez que investigó al empresario Cursach asegura que nunca aleccionó a testigos en contra del magnate

El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) ha reanudado las investigaciones en torno a qué sucedió tras la instrucción del caso Cursach. Durante tres años, el juez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán pusieron la lupa sobre el presunto entramado mafioso urdido por el rey de la noche mallorquina Bartolomé Cursach para mantenerse en la cúspide del ocio nocturno. Ahora, ambos juristas se sitúan bajo el foco de la justicia, que quiere esclarecer si aleccionaron a un testigo protegido con el objetivo de reforzar sus tesis en torno al magnate mallorquín y allanar futuras condenas.

Este miércoles, el juez Penalva ha desfilado ante el magistrado encargado de la causa, el presidente del TSJIB, Carlos Gómez, y, durante su comparecencia, ha defendido de nuevo la labor que llevó a cabo al frente del caso Cursach, negando haber presionado al testimonio con el objetivo de que éste declarase en sentido incriminatorio. También el testigo -ahora investigado- ha hecho acto de presencia en la máxima instancia judicial de las islas, transportado en un furgón policial procedente de la prisión de Palma, donde se encuentra encarcelado por otras pesquisas, si bien ha optado por acogerse a su derecho de no declarar. 

Las citaciones de hoy, a las que seguirán, el jueves y el viernes, las de los cuatro policías nacionales -también encausados- que colaboraron mano a mano con Penalva y Subirán, han tenido lugar después de que la Sala de lo Civil y Penal revocase la decisión que su propio presidente adoptó el pasado 1 de diciembre: la de poner fin a la instrucción del procedimiento judicial y tumbar los delitos más graves que pesaban sobre Penalva y Subirán, entre ellos las presuntas coacciones a las que, según las acusaciones particulares y la Fiscalía Anticorrupción, habrían sometido a distintos testigos protegidos del caso Cursach.

Uno de los testigos, el que ha comparecido este miércoles, es un trilero que se movía por la zona donde se ubican varias de las discotecas de Cursach y que, a cambio de supuestos beneficios procesales, habría sido utilizado, según las acusaciones, por Penalva y Subirán para apuntalar sus tesis en torno a una supuesta red policial dirigida a garantizar la protección de Cursach y que, a cambio, se saldaba con el pago de servicios de prostitución, alcohol y drogas a favor de los policías que integraban la trama. 

De cara a su citación, la Sala tomaba en consideración el contenido de un informe que la Policía Nacional elaboró sobre el trilero y justificaba en su auto que la intención de los magistrados pasaba por aclarar si la actuación del ahora investigado -quien entonces ostentaba la condición de testigo protegido 26- “simplemente buscaba engañar con mentiras a los investigadores para beneficiarse de algún modo [...] o si, en sentido distinto, pudo haber sido inducido o guiado para declarar sobre extremos desconocidos para él”.

Preguntado al respecto, Penalva, durante una declaración que se ha prolongado durante una hora y cuarto, ha negado haber guiado las declaraciones del testigo en aras a reforzar sus pesquisas y ha asegurado que en ningún momento se gratificó al trilero con la retirada de la orden de residir fuera de Mallorca, que le había sido impuesta en otra causa, como moneda de cambio por incriminar a varios policías locales en el presunto entramado mafioso. Es más, ha negado que el testigo fuese introducido en el caso Cursach con este propósito, aseverando, en contra de lo que postula la Policía Nacional en el marco de estas investigaciones, que el trilero entró de forma voluntaria en el procedimiento judicial con el objetivo de poner en conocimiento de los investigadores los hechos de los que afirmaba tener constancia.

El juez, quien se ha limitado a responder a la Fiscalía Anticorrupción y a su propio abogado, ha insistido en defender su instrucción y ha aprovechado la ocasión para manifestar que, por el contrario, era el Grupo Cursach el que se dedicaba a comprar testigos e inducirles a amenazar al entorno de los investigadores. Asimismo, ha arremetido contra la labor indagatoria llevada a cabo en esta causa por parte de la Policía Nacional, cuyas investigaciones plasmó el cuerpo en hasta un total de ocho informes.

Uno de ellos se centra en el papel ejercido por el trilero, al que los inspectores consideran que fue clave a la hora de corroborar las declaraciones que, hasta entonces, había efectuado el principal testigo del caso Cursach, Daniel Corral –extestigo 29– acerca de las supuestas fiestas con policías celebradas en Tito's, buque insignia del empresario mallorquín, y de cómo la droga presuntamente empleada en ellas era transportada desde un velero amarrado frente al establecimiento nocturno para después ser introducida en maletines dentro de la discoteca.

Las acusaciones en solitario de Corral llevaron al arresto del director de Tito’s, Jaime Lladó, del exjefe de camareros de la discoteca, Arturo Segade, y de otro extrabajador del local. La Policía Nacional subraya en su atestado que “lo que importaba era salvar a toda costa la versión del testigo protegido 29, genérica y en ocasiones esperpéntica y desmedida”. Para ello, proseguía el informe, Subirán “se puso fuera de sí” para localizar a un testigo que corroborase tales incriminaciones “y, de paso, al propio fiscal y a la instrucción, que iba a quedar nuevamente en entredicho ante unas detenciones avaladas únicamente por el testigo 29”. Fue en ese momento cuando el trilero entró en escena.

La máxima instancia judicial de Baleares ordenó reabrir la causa con el objetivo de esclarecer las circunstancias que rodearon a la declaración del trilero, después de que el presidente del TSJIB diese carpetazo a los delitos más severos que pesaban sobre Penalva y Subirán. El magistrado consideraba que ni coaccionaron a testigos protegidos, ni efectuaron detenciones ilegales, ni prolongaron de forma deliberada el ingreso en prisión de varios investigados. Por el contrario, el instructor dejó a las puertas del banquillo a juez, exfiscal y policías nacionales únicamente por revelación de secretos –por presuntamente filtrar a la prensa información secreta del caso Cursach– y omisión del deber de perseguir delitos.

Junto al juez Penalva y el testigo 26 también había sido citado este miércoles el ex fiscal Subirán, cuya comparecencia ha quedado finalmente sin efecto después de que un forense dictaminase que no se encuentra en condiciones de declarar por incapacidad médica. De acuerdo al informe médico, solicitado por el investigado, tales circunstancias anularían sus garantías de defensa en la causa.

Mientras tanto, este jueves está prevista la comparecencia como investigados de dos de los policías de Blanqueo que trabajaron codo con codo con Penalva y Subirán, mientras que el viernes están citados los otros dos integrantes del grupo policial.

De forma paralela, Cursach, bajo una petición de condena de ocho años y medio de prisión por presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, prevaricación administrativa, coacciones y cohecho activo, y, junto a él, otros 23 encausados, permanecen a las puertas del banquillo acusados de una larga lista de delitos derivados de las investigaciones llevadas a cabo en su día por Penalva y Subirán. Anticorrupción, a través de un escrito de acusación firmado por Subirán y su excompañero Juan Carrau, reclama para todos ellos condenas que suman más de 100 años de prisión.